Marta Acosta propuso a la Asamblea Legislativa buscar una reforma a la regla fiscal que sea integral, simple y que garantice su sostenibilidad.

La contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el criterio de la institución acerca del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que busca modificar la aplicación de la regla fiscal (expediente 23.330), señalando que la propuesta “profundiza las deficiencias presentes actualmente en la regla fiscal. Genera más riesgos, complejidad y menos transparencia”, y aseguró que fue formulada con “una visión es de corto plazo”

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo permitiría al Gobierno Central aumentar el gasto público al incluir dentro de las nuevas excepciones a la aplicación de la regla fiscal el pago de los intereses de la deuda del país —que para el 2023 tendrá un crecimiento del 11.6%—. Como el pago de intereses crece a un ritmo superior al tope establecido para el presupuesto total (2.56% para el 2023) el Gobierno recurre a recortes en otros rubros para que el presupuesto total cumpla con el límite de la regla fiscal.

Además, el proyecto excluye de la regla fiscal a entes públicos no estatales, como colegios profesionales, e instituciones comerciales sin competencia, como es el caso de la Fabrica Nacional de Licores (Fanal). Para estos casos la propuesta establece que la exclusión de esos recursos no incluye los montos recibidos por transferencias del Gobierno Central.

Dato D+: Durante la atención de consultas de la Comisión la contralora aseguró que Fanal debería permanecer dentro de la regla fiscal “porque está representando un riesgo fiscal para el Gobierno”.

Adicionalmente, el proyecto pretende excluir de la regla fiscal los montos destinados por préstamos internacionales a cualquier entes y órganos del Sector Público, los pagos al “Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, al “Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, así como los montos ordenados en ejecución de sentencias judiciales en firme.

Sobre el contenido del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, la contralora aseguró que la propuesta es riesgosa al disminuir la cobertura institucional, al excluir a empresas públicas e instituciones autónomas que participen en actividades comerciales, empresariales o abiertas al régimen de competencia, salvo en lo relativo a los gastos financiados con transferencias del Gobierno, y no contemplar criterios de cumplimiento financiero que deban tener las instituciones para su exclusión.

Adicionalmente, el criterio de la Contraloría es que el proyecto debilita el efecto esperado sobre el control de la deuda al excluir del cálculo de la regla fiscal los intereses, el gasto de capital y los recursos del crédito externo, que son rubros que inciden significativamente en el déficit y en la evolución de la deuda.

Por último, criticó que la propuesta del Ejecutivo complejiza la verificación del cumplimiento de la regla, al excluir rubros del gasto lo que “podría prestarse para manipulación de las clasificaciones del gasto con el fin de cumplir la regla”.

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El informe presentado concluyó que “aprobar este proyecto que no fue diseñado con visión integral de mediano y largo plazo, retrasaría en el corto plazo nuestra salida del escenario más gravoso de la regla fiscal, y no permitiría generar a futuro, de manera sostenible, más espacio para gasto corriente y gasto de capital”.

Dato D+: De los cuatro escenarios actuales de aplicación de la regla fiscal, únicamente, en el más extremo (cuando la relación deuda/Producto Interno Bruto supera el 60%) la regla fiscal limita el crecimiento del gasto de capital.

Desde la Contraloría reconocieron que la actual regla fiscal “es insostenible por la incoherencia de los ajustes realizados”, ya que desde su entrada en vigencia “han existido 7 versiones del Reglamento al Título IV, se han aprobado 14 leyes de exclusión del ámbito del mecanismo, y permanecen en trámite 22 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, lo cual genera inseguridad jurídica en la aplicación de la regla, complejidad y falta de transparencia; sin claridad sobre el diseño que se pretende con una visión integral”.

En el informe presentado se señaló que, si bien es necesaria una revisión integral de la regla fiscal, debe ser una reforma que rescate las “buenas prácticas y pilares esenciales para proponer un diseño de regla fiscal más integral y que incremente su credibilidad”.

La contralora recomendó a la Comisión que “se concrete un acuerdo sobre una regla fiscal integral, simple y que garantice la sostenibilidad”, y recordó que la regla fiscal “debe entenderse como un mecanismo que contribuye a alcanzar gradualmente la sostenibilidad y mejorar así el bienestar social y económico del país. No es un fin en sí misma y debe ir acompañada de otras medidas estructurales necesarias para atender las prioridades del país”.