Rectores de universidades públicas comparecieron ante los diputados de la Comisión Especial de Educación.
Los Rectores de las cinco universidades públicas del país comparecieron en la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, en donde le solicitaron a los diputados el archivo del Expediente 23.380 que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) entregó a los legisladores un análisis de la iniciativa en el cual resaltaron inconstitucionalidades que violentan, según explicaron, los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política. Al respecto, el presidente del Conare, Emmanuel González, puntualizó que la propuesta del Poder Ejecutivo violenta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que por ley se destina a la educación.
Este proyecto atenta contra la independencia constitucional de la universidad pública frente a las demás poderes del Estado. La autonomía organizativa administrativa de gobierno y económico de las universidades públicas está garantizado en la constitución política dando potestades al Banco Central alejada de su naturaleza institucional. Además, no explica los recursos dejando un gran vacío en la garantía del financiamiento", dijo González.
Así mismo, las autoridades universitarias señalaron que según establece la Constitución Política el FEES “tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES)”.
El CONARE detalló que actualmente está vigente el PLANES 2021-2025 que define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva (docencia, investigación, extensión y acción social y gestión) y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, “tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria”.
La iniciativa de ley del Ejecutivo, anunciada en octubre de 2022, propone sustituir la Comisión de Enlace por el Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, el cual tendría la función de "promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal".
Ese órgano estaría integrado por solo un representante del Conare y los ministros de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Educación Pública (MEP), Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Hacienda.
Dato D+: La Comisión de Enlace actual está integrada por los rectores de las cinco universidades públicas (UCR, UNA, ITCR, UNED Y UTN), jerarcas del MEP, Mideplan, Hacienda, Micitt, Ministerio de la Presidencia y un representante estudiantil de alguna de las federaciones universitarias. En ese espacio negocian año a año el presupuesto destinado al FEES.
La propuesta implica desplazar un órgano de gobierno universitario hacia el Poder Ejecutivo, dejando vaciada su independencia y autonomía en materia de gobierno. La jurisprudencia constitucional ha establecido que los indicadores de Educación Superior Universitaria (IESUE) se encuentran fuera de la dirección y jerarquía del Poder Ejecutivo y la jurisprudencia de la Procuraduría igualmente identifican la autonomía universitaria como la de tercer grado, cuya característica fundamental es dicha independencia frente al Poder Ejecutivo", enfatizaron en el documento entregado a los congresistas.
Los rectores argumentaron que la correcta aplicación e inversión del FEES ya está regulada y “medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario”.
Del mismo modo, en un pronunciamiento anterior, indicaron que en la más reciente negociación del FEES se incorporó un anexo al Acuerdo de Financiamiento que determinó nuevos índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.
