El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate y tras largas semanas de discusión, el proyecto de ley que fija a los trabajadores independientes un plazo de prescripción de cuatro años a sus deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa, tramitada en el expediente 21.434 y denominado "Ley del Trabajador Independiente" fue presentada por el diputado Pedro Muñoz Fonseca del Partido Unidad Social Cristiana durante el periodo constitucional anterior, sin embargo, experimentó cambios radicales en su redacción hasta la versión que fue finalmente votada este lunes por unanimidad (48 presentes).
Según dispone el texto, se entenderá que es un trabajador independiente aquella persona física que de manera autónoma ejecuta trabajo sin subordinación en el contexto de una actividad económica y que puede organizarse a través de una unidad económica, con el fin de ordenar los recursos e insumos que le permitan prestar servicios generadores de ingresos de carácter no salarial, asumiendo los riesgos de dicha actividad.
Además, se establece que el trabajador independiente ejerce el control de las actividades y por cuenta propia toma las decisiones más importantes de una unidad económica; y que puede trabajar solo o en colaboración con otros trabajadores independientes y proporcionar o no trabajo a terceros.
En lo relativo al plazo de prescripción, el texto dispone que la acción de la Caja Costarricense de Seguro Social para determinar la obligación contributiva de los trabajadores independientes, imponer sanciones y/o para cobrar la obligación principal y sus sanciones, prescribirá en un plazo de cuatro años. Igual término regirá para exigir el pago de dichas cuotas.
Para el caso de los trabajadores independientes que no se inscriban ante la Caja o incumplan sus deberes formales de declaración debidamente regulados, o los que estén registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, el plazo de prescripción será de 10 años.
La prescripción deberá ser declarada en sede administrativa a petición del trabajador independiente, sin perjuicio de que pueda ser alegada también en sede judicial.
Asimismo, se establece que las obligaciones que no se paguen por declararse la prescripción de los periodos que correspondan, no generarán derechos al contribuyente para efectos de las cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como medidas transitorias, el Congreso ordenó a la Caja reglamentar esta ley en un plazo de hasta seis meses, contados desde la fecha de aprobación de la ley; una medida atípica pues lo normal es que la ley rija desde que es publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
El texto, además, presenta una posible antinomia pues aunque ese transitorio indica que el conteo de los seis meses para reglamentar debe iniciarse cuando se apruebe el proyecto en segundo debate, el final del texto dispone que la iniciativa como un todo regirá a partir de su publicación en La Gaceta.
La redacción agrega que la falta de reglamentación de la ley no impedirá su "aplicación inmediata".
Dato D+: Órdenes de este tipo a la Caja por parte del Congreso ya han sido declaradas inconstitucionales en el pasado, sin embargo, de igual forma fueron incluidas en la redacción.
El segundo y último transitorio establece que una vez que entre en vigor la presente ley, se aplicará el plazo de prescripción de cuatro años para los trabajadores independientes inscritos, en lo que respecta a sus contribuciones nacidas antes de la entrada en vigor de la ley, independientemente de que existan o no procedimientos determinativos, sancionatorios o de cobro.
La expresión "independientemente de si se iniciaron o no procedimientos determinativos o de cobro" significa que de haberse realizado procedimientos determinativos o de cobro, o se inicien con posterioridad a la vigencia de esta ley sobre periodos anteriores a esta, solo se podrán determinar contribuciones o cobrarlas sí, al momento de notificar el primer acto de inspección o de cobro, no hubiese transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Cualquier otro acto posterior que se haya dado sobre periodos respecto de los que ya para el primer acto había transcurrido el plazo de prescripción carecerá de efecto interruptor bajo el principio de que no se puede interrumpir la obligación ya prescrita.
Para los trabajadores independientes no inscritos se aplicará el plazo de prescripción de 4 años durante 24 meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, tanto para deudas nacidas antes de la entrada en vigor de la ley como las nacidas durante ese plazo de 24 meses. Transcurridos estos 24 meses sin que los trabajadores independientes no inscritos acudan a registrarse ante la CCSS, aplicará el plazo de prescripción de 10 años.
Tras haberse aprobado en primer debate el proyecto podría ser enviado a consulta ante la Sala Constitucional, sin embargo, para ello se necesitarán al menos 10 firmas de congresistas.
Comparecencia de Eloy Mora
El productor Eloy Mora compareció ante la Comisión Especial Investigadora de estructuras paralelas en el financiamiento de campañas electorales durante los comicios de 2022.
Según reveló, además de la ya conocida llamada telefónica que le realizó la jefa de campaña del PLN, Alicia Fournier tras filtrarse el polémico spot, también recibió una llamada telefónica del entonces candidato José María Figueres, quien estaba acompañado de su mano derecha, Jorge Oller.
Mora calificó ambas llamadas telefónicas como "pasivo-agresivas" y afirmó haber tenido la sensación de que tenían el propósito de coaccionarle a guardar silencio.
Sus declaraciones sobre el origen del video también fueron contradictorias. Aunque en un inicio dijo que el vídeo era para Liberación Nacional, ante preguntas de diputados de ese partido señaló que no podía afirmarlo pues la única persona con la que conversó sobre el video fue el asesor de campañas y estratega político, Giovanni Bulgarelli Rojas.
Mora dijo además que del trabajo por el video, pactado en 15 mil dólares, le han pagado menos de 10 mil dólares mediante un depósito bancario a nombre de Profeso S.A..
Esa sociedad opera bajo el nombre comercial de Fachler y Asociados-Abogados, cuya firma es presidida por Moisés Fachler Grunspan, un abogado, banquero y reconocido empresario liberacionista que en 2010 fue electo por la Asamblea Legislativa como magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte y que renunció al cargo al sentirse "aludido" por las denuncias de filtración de un borrador de sentencia en el caso Crucitas.
