Gobierno presentará proyecto de ley “Adición al Artículo 59 del Código Penal”.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, junto con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, anunciaron, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 7 de diciembre, la presentación del proyecto de ley “Adición al Artículo 59 del Código Penal” (expediente 23.501).
La iniciativa busca que cualquier persona que cometa actos de corrupción en contra de la función pública, deberá ser castigada con la pena de cárcel y deberá retribuir a la sociedad el daño causado con su actuar ilícito.
Con esto, pretenden suspender el beneficio de Ejecución Condicional de la Pena creada en 1970, la cual permite que una persona culpable de un delito, entre ellos el de corrupción, no cumpliera su condena dentro de una prisión, sino que el juez tomara la decisión de imponer una medida alterna a la cárcel. Esto siempre y cuando el delito por el cual la persona se le demostró su culpabilidad no excediera la pena de los tres años.
Esta ley de 1970 se ejecutó con el propósito de disminuir el aumento en los hacinamientos carcelarios y que las personas condenadas sufrieran los efectos nocivos de ingresar a una prisión en estas condiciones, recordaron las autoridades de gobierno.
Este proyecto de ley propone simplemente prohibir que se dé la ejecución condicional de la pena a funcionarios públicos sentenciados por delitos relacionados con corrupción", dijo Chaves Robles.
Mientras que el ministro Campos Valverde, añadió:
Quienes ocupamos altos cargos públicos tenemos que tener altos grados de probidad y si somos encontrados culpables, que se cumpla la pena que se establezca dentro del Poder Judicial. No es aceptable que estas personas se vean beneficiadas por una ejecución condicional, si de antemano sabían su juramento y lealtad para con el país".
La propuesta surge después de que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenara al dos veces diputado y cinco veces candidato presidencial, Otto Guevara Guth, a dos años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos; pero le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena.
Aunque no lo mencionó expresamente, Chaves señaló:
El Tribunal de Juicio tiene la potestad de decir que le dan tres años, pero se van para la casa, lo acabamos de ver en las noticias recientemente en un caso. Eso es indignante para el pueblo de Costa RIca: esta persona se robó la plata del pueblo, funcionarios públicos, y le dicen que se van para la casa. No, este gobierno tiene una lucha fuerte contra la corrupción, la corrupción es una lacra, un cáncer, que debe ser atacado con toda la rigurosidad del caso.
