Ajuste que se aplicará en diciembre fue el que provocó el despido de Álvaro Ramos Chaves de la Presidencia Ejecutiva de la Caja.

El  gerente general de la Caja Costarricense del Seguro Social, Roberto Cervantes Barrantes, confirmó hoy en un video circulado a la prensa, que durante el mes de diciembre la CCSS ejecutará el ajuste salarial que se encontraba congelado desde abril del 2020, y que la junta directiva había acordado reconocer desde el pasado 8 de setiembre.

Según detalló Cervantes, el aumento a la base salarial se empezará a aplicar a partir de este 2 de diciembre, mientras que el monto retroactivo acumulado del ajuste se estará depositando el 23 de diciembre.

El anuncio de Cervantes se da luego de que el día de ayer en la sesión de Junta Directiva, una mayoría rechazará una moción para aplazar el pago de este ajuste.

El acuerdo tomado en setiembre de este año, fue el motivo por el cual el Consejo de Gobierno destituyó al entonces presidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos Chaves, y en su lugar nombró a Marta Esquivel Rodríguez, quien desde su llegada a la Presidencia Ejecutiva trató, infructuosamente, de evitar la ejecución del pago, a pesar de que este  ya era un acuerdo en firme al momento de su entrada a la institución.

La presidenta ejecutiva de la Caja argumentó inicialmente que, si bien la Caja Costarricense del Seguro Social está exenta de la aplicación de la regla fiscal, esto no aplicaba a lo referente al tema salarial, y en aquel momento incluso señaló:

Mantenemos el aumento acordado pero vamos a relegar el efectivo pago hasta que se cumpla con la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) que es de obligatorio cumplimiento”.

En ese momento Esquivel señaló que la Caja sí estaba sujeta a aplicar lo señalado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia salarial y de empleo público, que se encuentra en el Título III de esa ley, sin embargo, el congelamiento por costo de vida a los salarios está incluido dentro de las medidas extraordinarias del Título IV de la Ley 9635 (regla fiscal) el cual no es de aplicación a la Caja, según le recordó el Ministerio de Hacienda a Esquivel, en un oficio enviado el 26 de setiembre.

Esquivel, también cuestionó públicamente a cuatro miembros de la Junta Directiva que tomaron el acuerdo, por un posible conflicto de intereses al tener familiares cercanos que se verían beneficiados con el ajuste salarial, y  el Gobierno incluso anunció que se abriría una investigación contra los cuatro miembros de la Junta Directiva, sin embargo, esa investigación no significa un congelamiento del acuerdo aprobado, e incluso una eventual sanción no podría derogar automáticamente el acuerdo.

Posteriormente, Esquivel consultó el criterio de la Contraloría General de la República sobre la aplicación del ajuste salarial congelado en estos momentos en que la regla fiscal tiene congelados los ajustes de costo de vida en el sector público. Desde la Contraloría le respondieron a Esquivel que la consulta no era procedente, ya que “corresponde a una decisión ya adoptada, concreta, sobre la cual no corresponde activar la vía consultiva ante esta Contraloría General, reservada al estudio general de temas propios de la hacienda pública y no a casos específicos”.

El ajuste acordado

El ajuste salarial por costo de vida se había aprobado desde inicios del 2020, pero su aplicación quedó suspendida por motivo de la pandemia por COVID-19.

A partir del acuerdo se aumentará ¢7.500 al salario base mensual —por los 35 meses desde enero del 2020 a la fecha— de todos los puestos de la institución y un ajuste adicional según los rangos establecidos en el Decreto N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN del 17 de diciembre de 2019, de la siguiente manera:

El ajuste no aplica a aquellas personas cuyas remuneraciones totales ordinarias sean iguales o superiores a cuatro millones de colones. Esto acorde a lo dispuesto en el transitorio XXXV de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; así como el artículo 6° del Decreto N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN.