Marta Esquivel tenía un permiso para ejercer como ministra de Trabajo, pero al cambiar de puesto tuvo que renunciar a su plaza en el Poder Judicial.

El Poder Judicial informó el día de hoy que la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, presentó su renuncia como funcionara de ese Poder del Estado, al haber asumido el día de ayer como nueva presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, tras la destitución de Álvaro Ramos Chaves de ese puesto.

En la sesión de Corte Plena del pasado 3 de mayo, la Corte Suprema de Justicia había aprobado un permiso sin goce de salario por un plazo de 1 año a Esquivel para dejar su plaza como jueza del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, para poder desempeñarse como ministra de Trabajo y Seguridad Social, pero, ese permiso no era extensivo a otros puesto del Ejecutivo, por lo que, al no existir la posibilidad de tramitar un nuevo permiso ante la Corte Suprema de Justicia antes de asumir el nuevo cargo, estaba obligada renunciar a su plaza en el Poder Judicial.

Dato D+:  El artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Corte puede conceder “en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial” permisos sin goce de salario por periodos de un año “a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales”.

A pesar de que Casa Presidencial anunció desde el sábado la destitución de Ramos como presidente ejecutivo de la Caja, esta se hizo oficial hasta el día de ayer ya que el presidente de la República no tiene la potestad de destituir al presidente ejecutivo de la Caja, al ser esto competencia exclusiva del Consejo de Gobierno, según se señala en el inciso c, del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que Esquivel fue juramentada hasta el día de ayer, en sesión extraordinaria virtual del Consejo de Gobierno, como nueva presidenta Ejecutiva de la Caja.

El aumento del 2020 descongelado por la CCSS

El pasado 8 de setiembre la Junta Directiva de la Caja, presidida por Ramos, anunció que aplicaría un ajuste salarial correspondiente al incremento por costo de vida para el 2020, ajuste que el Poder Ejecutivo había congelado en abril de ese año por motivo de la Emergencia Nacional por COVID-19.

Debido a que se trataba de un aumento congelado temporalmente, la decisión de la Caja fue retroactiva y de aplicación a todas las personas funcionarias con salarios por debajo de los 4 millones.

El aumento se otorgó el primer semestre del 2020, cuando todavía el país no estaba en el escenario más restrictivo de la regla fiscal —donde la relación deuda-PIB supera el 60%— que prohíbe realizar ajustes salariales (a la base o a incentivos) por costo de vida. La suspensión de ese ajuste salarial, que se dio en abril del 2020, está impugnada en estratos judiciales, y eventualmente tendría que ser reconocido en todo el sector público, por lo que es una partida incluida en el presupuesto de todas las instituciones, mientras se resuelve el tema.

Según informaron desde Casa Presidencia, Esquivel llega a la Junta Directiva de la Caja comprometida “a realizar un análisis jurídico y financiero sobre el impacto de la decisión tomada”.

Proyecto de ley para prohibir participación de jueces en el Poder Ejecutivo

El pasado 31 de mayo el diputado liberacionista, Geison Valverde Méndez, presentó un proyecto de ley (expediente 23.150) para cerrar la posibilidad de que personas que tienen plazas de jueces puedan asumir cargos de dirección, presidencias ejecutivas o como jerarcas en Ministerios del Poder Ejecutivo a través de permisos sin goce de salario.

En la exposición de motivos de este proyecto el diputado señaló que “que un juez de la República, aunque sea por un periodo de tiempo corto, asuma responsabilidades políticas, así como sus consecuencias, perjudicará no solo su autoridad posteriormente, sino que, también compromete el equilibrio en la administración de la justicia”.

Este proyecto se encuentra actualmente en trámite en la Comisión de Asuntos Jurídicos.