La Conferencia Episcopal costarricense, el arzobispo José Rafael Quirós Quirós y Temporalidades de la Arquideósesis de San José, fueron condenados, la mañana de este martes, por el encubrimiento de los abusos sexuales del exsacerdote católico, Mauricio Víquez Lizano.
La condena fue emitida por el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José y penan el daño moral sufrido por un hombre de apellido Muñoz, quien fue víctima del exsacerdote.
El monto fijado es de 65 millones de colones, a los que deben sumarse los intereses y las costas del juicio, que están valoradas en un monto de ₡10,6 millones.
Víquez Lizano fue condenado, el pasado 30 de marzo, a 20 años de cárcel por un delito de violación y otro de abuso sexual en perjuicio de una persona víctima que, al momento de los hechos, era menor de edad.
Esa condena fue dictaminada en el Tribunal Penal de Desamparados, instancia que procesa varias causas en contra del exsacerdote, que ocupó diversos cargos importantes en la Iglesia Católica, desde cura párroco hasta vocero de la curia en temas de familia donde se posicionó públicamente en contra de temáticas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En ese periodo, según señalan las acusaciones, Víquez cometió diversos actos de abuso sexual a menores de edad que eran, en su mayoría, monaguillos de sus iglesias a cargo.
Los actos de denuncia se dieron entre 1996 y 2003 y aunque los denunciantes presentaron la queja ante las autoridades del arzobispado, estos lo que hicieron fue pasar al excura de una iglesia a otra, donde habría seguido cometiendo los crímenes contra otros menores.
De ahí la causa por la que el arzobispo Quirós y el resto de la curia fueron condenado esta mañana.
La víctima del crimen de este juicio, el hombre de apellido Muñoz, es una de las personas afectadas cuyas causas en contra de Víquez están prescritas en la vía penal, junto con otro hombre de apellido Venegas y otro de apellido Rodríguez (aunque estos apelaron la prescripción en esa vía, aún a la espera de respuesta).
Estos casos, sin embargo, mantuvieron la causa civil contra la iglesia por la omisión de la curia.
En un comunicado de prensa emitido por la Arquidiócesis de San José minutos después de la sentencia, la Iglesia señaló que el caso ya estaba prescrito y que por eso apelarán la sentencia:
En la resolución, el Tribunal acogió la demanda y ordena el pago de una indemnización por el monto de 65 millones de colones. Para llegar a ese fallo, el Tribunal ha interpretado que no se ha producido la prescripción. Contra la sentencia presentaremos formal Recurso de Casación, ante la Sala Primera de la Corte Suprema, de manera que hasta que la Sala no resuelva el recurso, la sentencia no estará firme. Ante la Sala reiteraremos la existencia de la prescripción y pediremos a la Sala la correcta aplicación del derecho".
Las denuncias en contra de estos actos de pederastia en la Iglesia Católica costarricense empezaron a llegar en 2018 y fueron notificadas a la Iglesia, cuyas autoridades hicieron la advertencia a Víquez a finales de ese año, generando que, a sabiendas de que las autoridades lo estaban buscando, el excura saliera del país el 9 de enero del 2019 rumbo a México, donde estuvo escondido hasta su captura.
Fue una llamada anónima a la justicia mexicana la que alertó sobre su paradero en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, la que generó que el proceso de notificación pudiera concretarse con ayuda de autoridades mexicanas y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que había puesto a Víquez en alerta roja desde el 11 de abril de 2019.
Por ello y tras un proceso de casi dos años en el que tras su arresto, Víquez trató de impedir su extradición al país, el exsacerdote finalmente regresó a suelo nacional el pasado 6 de mayo donde fue detenido hasta su juicio, el cual finalizó el pasado mes de marzo.
