El Plenario de la Asamblea Legislativa rechazó de forma unánime, este miércoles, admitir para trámite por el fondo una propuesta de reforma constitucional impulsada por diputados del periodo anterior, para que el principio de equilibrio financiero estuviera por encima de las autonomías constitucionalmente garantizadas.
Se trata del expediente 22.266 "Reforma del Artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para que prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas", presentado por el liberacionista Wagner Jiménez Zúñiga del PLN con el apoyo de 14 diputaciones del PUSC, PLN, Restauración Nacional e independientes.
La reforma tenía en la práctica tres efectos: establecía que el principio de equilibrio financiero prevalecería sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas; se prohibía la creación de nuevas instituciones y programas sin la autorización previa de la Contraloría General de la República, que certificaría que el financiamiento no fuera con recargo al presupuesto nacional; y eliminaba una reforma constitucional aprobada en el cuatrienio anterior que reconoció la presupuestación plurianual para conducir la gestión pública de forma sostenible, transparente y responsable.
La oposición a la reforma empezó con los discursos del propio presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, quien indicó que si bien la reforma constitucional tenía muy buena voluntad, no la respaldaba porque era innecesaria y podría eliminar la planificación del uso adecuado de los recursos públicos.
La diputada Andrea Álvarez Marín, también del PLN, pidió votar en contra porque la reforma afectaría las autonomías universitarias, especialmente, mientras que su compañera cartaginesa, Rosaura Méndez Gamboa, aseguró que el proyecto tenía grandes debilidades y que por lo tanto, era el típico proyecto que hacía creer que era bueno, pero en realidad no lo era.
En igual sentido, el diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio llamó a votar en contra de la iniciativa por ir en contra de las autonomías constitucionales; mientras que la liberacionista Monserrat Ruiz Guevara se unió a las críticas en esa misma línea y señaló que las autonomías de la Caja del Seguro Social y las universidades son esenciales para el Estado Social de Derecho, y que en lugar de debilitarlas debían defenderse con responsabilidad y fortalecerlas.
El subjefe del PLN, Óscar Izquierdo Sandí, afirmó que se debía seguir trabajando en perfeccionar las instituciones del país, pero salvaguardando su autonomía; mientras que el jefe del FA, Jonathan Acuña, indicó que las implicaciones que tendría la aprobación de esta reforma serían gravísimas.
El proyecto de reforma constitucional surgió como respuesta de la Asamblea anterior a que la Procuraduría General de la República (PGR) le recomendara al Tribunal Constitucional del Estado declarar con lugar una acción de inconstitucionalidad promovida por las universidades públicas en contra del recorte de 10.000 millones de colones al FEES 2019, hecho en la Comisión de Hacendarios y refrendado en el Plenario cuando el proyecto de Presupuesto Nacional se aprobó en segundo y se hizo Ley de la República.
Las universidades acusaron que tal recorte era inconstitucional porque violaba el artículo 85 de la Constitución, referido a la obligación del Estado a financiar a las universidades estatales, y que la Asamblea no podía tocar mano de esa partida a menos de que no hubiese acuerdo entre el Ejecutivo y las casas de enseñanza superior, circunstancia que no se presentó en aquella ocasión.
De hecho este miércoles la Oficina de Prensa de la Sala Constitucional informó que esa acción fue declarada con lugar y que el Tribunal le advirtió a la Asamblea Legislativa que no vuelva a tocar la partida del financiamiento de la educación superior estatal, a menos que exista diferendo entre el Gobierno y las universidades respecto al monto a destinar, tal y como lo establece el artículo 85 de la Constitución.
