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Asamblea rechaza liquidación del Presupuesto Nacional 2021

El Plenario de la Asamblea Legislativa se dedicó este lunes al "aburrido ritual", en palabras de la expresidenta legislativa Silvia Hernández, de votar la liquidación del Presupuesto Nacional, correspondiente al 2021.

El trámite tiene como base el dictamen que sobre la liquidación del presupuesto presenta el Ministerio de Hacienda a la Contraloría General de la República, y la remisión que esta hace al Parlamento para que allí sea votado.

Desde el año 2009 la Contraloría ha rechazado la liquidación de gastos del Gobierno Central por contener múltiples problemas, pero el más recurrente, el pago de gasto corriente con endeudamiento. El rechazo volvió a repetirse este lunes cuando los 51 congresistas presentes aprobaron un informe negativo unánime de la Comisión de Hacendarios, que recomendaba rechazar la liquidación del 2021, por violentar principios y normativas vigentes sobre ese tema.

El informe votado por el Congreso da cuenta de que "los informes generados por la Contraloría, producto de las liquidaciones realizadas por el Gobierno Central, demuestran que a pesar del seguimiento que ha brindado la Asamblea Legislativa y los mecanismos que se han dispuesto por robustecer la transparencia de los datos, estos continúan siendo frágiles, demuestran dificultades para estimar ingresos, egresos y déficit, con lo cual se puede afirmar que estas condiciones producen incertidumbre y pérdida de confianza en la información del proceso de liquidación presupuestaria".

En ese sentido, la Asamblea señaló que se siguen presentando los mismos problemas de años previos en términos de registro adecuado de presupuesto, gastos, ingresos y financiamiento en diferentes títulos, con especial preocupación en el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Nacional de Vialidad.

Por ejemplo, la subpartida Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos por la suma de ¢66.232 millones al 31 de diciembre de 2021, esta se encontraba subvaluada en un 7,9%, ya que no incorporó ¢5.260 millones por concepto de los aportes patronales del mes de noviembre de 2021 del MEP.

Dicho monto no fue registrado por el MEP a pesar de disponer de la factura emitida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) y de la solicitud realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional para la confección de la planilla a efecto de realizar dicho pago. Aunado a lo anterior, la Asamblea indicó que la Administración no reveló durante el proceso presupuestario, la existencia de los gastos no incluidos en la liquidación por dicho concepto, lo que incide en la integridad de los saldos presentados en la liquidación del presupuesto del MEP para el 2021.

En el caso del Ministerio de Justicia y Paz, en la partida de transferencias corrientes, el saldo ascendió a ¢14.566 millones; sin embargo, se determinó que dicha liquidación no incorpora 45 resoluciones administrativas por un monto de ¢249 millones, relacionadas con pagos de pensiones, preaviso, cesantía y otros derechos que ostentan los funcionarios y funcionarias una vez concluida la relación laboral. Dichas resoluciones fueron presentadas al cierre del ejercicio económico 2021 y canceladas en su totalidad en el primer trimestre del año 2022. Además, se identificó que la Administración no reveló la citada situación como parte del proceso de ejecución presupuestaria.

El informe de liquidación también arrojó una omisión de registro por ₡309 millones por contribuciones estatales del seguro de salud y de pensiones por parte los Órganos Desconcentrados, a pesar de que la Dirección General de Presupuesto Nacional indicó a las Unidades Financieras de los Órganos Desconcentrados, que a partir del 1 de enero de 2021, las transferencias a la CCSS por concepto de la cuota estatal, serán realizadas por cada órgano desconcentrado directamente.

La situación descrita incide en la integridad del saldo presentado para esta partida en la liquidación del presupuesto del Ministerio de Salud para el 2021; además afecta la calidad de la información financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones, requisitos básicos para la transparencia de la gestión presupuestaria.

Por otro lado, el informe indica que en relación con el Ingreso por financiamiento, cuyo saldo ascendió a ¢4.59 billones, se identificaron recursos de créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa durante el 2021 por la suma de ¢402.859 millones, de los cuales se recibieron desembolsos por ¢180.096 millones (3,91% del saldo de la partida). Esos recursos no se incluyeron en presupuestos extraordinarios del año 2021, sino parcialmente por ¢367.413 millones, en el Presupuesto 2022; quedando pendiente de incorporar ¢35.446 millones.

Lo anterior, incumple con el principio presupuestario de universalidad e integridad, al no mostrar en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2021, la totalidad de los recursos contratados con dichos créditos externos y aprobados en su oportunidad mediante ley de la República; afectando con ello el control presupuestario -y, por lo tanto, político- de los recursos provenientes de tales créditos, así como la calidad de la información financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de las personas usuarias, requisitos básicos para la transparencia de la gestión. Si bien este error se considera material, no afecta la totalidad del saldo de los ingresos por financiamiento.

El informe también da cuenta de que cuando se analiza la liquidación presupuestaria del MEP, para el 31 de diciembre de 2021 existían 96.702 reclamos administrativos de personal que aducía el pago incorrecto de sus salarios. Al respecto, 84.598 (87,5%) de esos reclamos pendientes de resolver por el MEP, corresponden al componente salarial de carrera profesional y fueron interpuestos por 42.513 funcionarios.

Dicha situación afectó los saldos devengados de la partida de remuneraciones en cuanto a pagos retroactivos de los componentes salariales, así como cargas sociales dejadas de pagar; intereses y costas procesales en casos en que debido a la no resolución oportuna el personal eleva los reclamos ante instancias judiciales.

Y mientras unos reclaman que les pagan mal, otros reportaron que les pagaron de más. Al 31 de diciembre de 2021 se registraban ₡2.018 millones en salarios a funcionarios del MEP pagados de más, un saldo con tendencia decreciente.

La Asamblea también refrendó que el presupuesto 2021 incumplió el principio de equilibrio presupuestario, pues el déficit financiero y corriente que presenta la liquidación del 2021, alcanza un 5,03% y un 3,6% del PIB respectivamente, mientras que el nivel de endeudamiento alcanzó el 68,3% del PIB para el Gobierno de la República, casi el triple del observado en 2008 (24%).

Asimismo, el informe señala que apenas el 55.7% de las instituciones auditadas por la Contraloría cumplió con la regla fiscal en 2021; el 20.1% incumplió con la normativa y el 24.0% no aportó información requerida para determinar si sobrepasaron o no el límite de crecimiento de gasto corriente permitido.

De los 21 incumplimientos registrados, la Contraloría General resaltó cinco casos que presentan el mayor exceso nominal sobre el límite del 4.13% que estableció el Ministerio de Hacienda, los cuales corresponden al Instituto Mixto de Ayuda Social (¢6.163 millones), al Consejo Nacional de la Producción (¢4.168 millones), al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (¢1.570 millones), Banprocesa Sociedad de Responsabilidad Limitada (¢918 millones) y al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (¢637 millones).

Por todo lo anterior, el informe legislativo pidió al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica elaborar un estudio técnico sobre el impacto real de la incorporación de los órganos desconcentrados al presupuesto nacional, en el que se aborde, al menos, su naturaleza jurídica, mecanismos de control y supervisión por parte del jerarca ministerial, así como la existencia o no de duplicidad de funciones. Este informe deberá ser remitido a la Comisión de Asuntos Hacendarios en el plazo de seis meses contabilizado a partir de la fecha de aprobación de este informe.

Al Ministerio de Hacienda se le ordenó conciliar con la Contraloría General de la República el saldo existente al 31 de diciembre de 2021 respecto al superávit de los órganos desconcentrados; y determinar si tales recursos fueron incorporados en su totalidad al presupuesto nacional 2022, o en su defecto, la existencia de algún monto pendiente de incorporar. Todo lo anterior deberá ser comunicado por ambas instituciones a la Comisión de Asuntos Hacendarios, en el plazo de un mes contabilizado a partir de la fecha de aprobación de este informe.

A la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda se le ordenó remitir semestralmente a la Comisión de Hacendarios, copia del Informe de Seguimiento sobre Créditos Externos en Periodo de Ejecución del Gobierno Central y el resto del Sector Público; presentar en un plazo máximo de tres meses un estudio ampliado sobre los créditos internos y externos que incluya la información de plazos y vencimientos de los próximos 30 años, así como el monto acordado de intereses en primera instancia e intereses que actualmente cancela la Administración por dichos créditos.

A la Contraloría General de la República se le ordenó informar a la Comisión de Hacendarios sobre el resultado final de los procedimientos en curso, para determinar el incumplimiento injustificado de la regla fiscal en 2021; e informar a la Comisión sobre el cumplimiento o no, de las disposiciones emitidas en el informe de auditoría especial acerca de los mecanismos de control implementados en el proceso de otorgamiento de cláusulas de escape a la regla fiscal en el contexto de la pandemia de COVID-19.