El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó, la tarde de este miércoles, que hay tres empresas interesadas en operar la revisión técnica vehicular en el país, ahora que Riteve finalizó operaciones en Costa Rica.
El anuncio lo realizó el jerarca de la institución, Luis Amador Jiménez, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno:
Hay muestras de interés de dos empresas que pidieron venir para hacer una visita a las instalaciones, se están coordinando, y una tercera empresa pidió hacerlo la próxima semana. Dos de ellas pidieron extender el plazo porque no era suficiente para presentar la oferta".
La revisión técnica se encuentra en este momento en un proceso de concurso para dar en uso en precario del servicio, mientras el ministerio realiza el proceso para una licitación internacional completa.
Riteve SyC S.A. finalizó operaciones en Costa Rica el pasado viernes 15 de julio y desde entonces está abierto este procedimiento para que el país no se quede sin servicio de revisión.
Esta mañana, sin embargo, la diputada liberacionista Carolina Delgado Ramírez, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, al considerar que el MOPT y el despacho del ministro están “jurídicamente imposibilitados de llevar adelante el proceso para recibir, tramitar y otorgar el permiso de uso en precario para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular, como lo pretende el Gobierno”.
Según señaló la diputada, tras consultarle a la Procuraduría General de la República, le corresponde al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) establecer el procedimiento de contratación y decidir sobre la adjudicación del servicio, por lo que el concurso abierto sería improcedente e ilegal.
En un comunicado de prensa, la diputada Delgado aseguró que:
Estamos frente a un acto que a todas luces resulta ilegal e improcedente. En caso de que se avance y se otorgue el permiso de uso en precario para los próximos dos años, como lo pretende el Gobierno, podría generarse una responsabilidad para la Administración e incluso posibles demandas en contra del Estado por parte de aquellas empresas que hayan concursado y que no hayan sido adjudicadas, por no cumplir al pie de la letra lo que la legislación estipula al respecto".
Por ello, la legisladora solicitó a la Contraloría que se detenga el acto administrativo y se valore si corresponde una denuncia penal ante la posible comisión del delito de prevaricato por los actos realizados por el MOPT.
Al ser consultado hoy sobre esta denuncia, el ministro Amador señaló que sus asesores legales le dijeron que "la ruta es viable" y dejó en manos de la Contraloría la respuesta a este proceso:
Todos los asesores legales que consultamos dijeron que esta era la ruta viable. La Contraloría le contestará a los diputados".
