El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció esta semana su decisión de romper un acuerdo en el que se le prestaba a la asociación Transvida, organización que trabaja en pro de los derechos de las personas trans, un edificio desocupado desde hace años por la institución y que se le daría a la ONG para realizar sus labores de impacto social.

La edificación, ubicada en el centro de San José, fue cedida a la organización por el gobierno anterior, luego de que esta estuviese desocupada por más de dos años debido a que el INS la dejó sin uso como clínica de rehabilitación para pacientes del Hospital del Trauma.

Por ello, y según confirmó la presidenta de la asociación, Keyra Martínez Meneses, a Deflino.cr este jueves, el espacio fue el escogido para su entrega, luego de un proceso de solicitud de apoyo gubernamental por parte de la ONG al Ejecutivo que inició en 2014.

Nosotras comenzamos a expresar la necesidad de un local propio desde la primera administración del PAC con Luis Guillermo Solís. Así, peloteando entre instituciones y principalmente en el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) logramos, prácticamente 8 años después, que el expresidente del instituto, Luis Bermúdez, nos abriera el espacio para una negociación más seria a partir de la cual empezó la búsqueda entre las propiedades en desuso del Estado. Así se dio este acercamiento con el INS que, en principio, nos ofreció capacitaciones para algunas compañeras con el fin de que en un futuro pudieran tal vez ser contratadas pero que luego se transformó en una colaboración para que nos permitieran tener un local. Nosotras lo que hicimos fue el conecte entre el INS y el IMAS para realizar esta búsqueda y que fuera digamos un comodato, como ellos lo llaman, entre las dos instituciones y la asociación. Por eso al final de la administración pasada nosotras firmamos formalmente el comodato, donde ya nos cedían el uso la propiedad para ser utilizada por 25 años, con la condición de que nos encargaremos del mantenimiento y por supuesto de los pagos de los servicios y todo de la propiedad".

Martínez agregó que la asociación aún no se ha trasladado al edificio pues en el local se estaban realizando labores de mantenimiento, por ello "nosotras estábamos tranquilas esperando a que nos avisaran que ya la propiedad estaba lista para pasarnos y lo que nos avisaron es, precisamente, el oficio enviado por el INS donde rescindía del comodato".

Según señaló el diario La Nación el día de ayer, la nueva administración del Instituto tomó la decisión de forma unilateral, argumentando un “cambio de logística” en sus políticas internas y necesidades institucionales, "las cuales impiden dar en préstamo el inmueble".

A su vez, y según agregó El Observador, el pasado 3 de julio el gerente general del INS, Luis Monge Salas, informó de la decisión a la presidenta ejecutiva del IMAS y exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleni León Marchena.

Transfobia y "ataque directo"

Al respecto, Martínez calificó la decisión de transfóbica y de un "ataque directo" contra la labor de la Asociación, pues se cuestionan que "si la propiedad tiene casi dos años de estar en desuso ¿por qué nos la quitan así?"

Nosotras vemos esto como transfobia, como un ataque directo a la población trans, a las funciones que hacemos. Quieren desvalorizar lo que hacemos en nosotras como población y como asociación que son cosas que en realidad debería estar haciendo el mismo Gobierno, el mismo Estado".

Nosotras lo que pedimos y solicitamos urgentemente es un apoyo para poder tener un espacio donde estar tranquilas y donde ejecutar los proyectos de educación formal, de educación técnica, de formación, de habilidades de capacidades, habilidades blandas, de psicología y prevención del VIH, entre otras, que llevamos todos estos años trabajando", agregó Martínez.

La noticia se une, además, al hecho de que Transvida es una de las organizaciones de sociedad civil que ha alzado la voz porque el financiamiento económico doméstico que deberían recibir de la Junta de Protección Social de San José (JPS), no llega desde enero.

Según señaló la Junta a inicios del pasado mes de junio, en total no se han logrado girar ₡10.794 millones a más 139 proyectos sociales (Transvida incluida) debido a que la regla fiscal contenida en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635, para el presente periodo presupuestario 2022, implica la disminución de ¢49.269 millones de colones en su presupuesto que traen como consecuencia directa el rebajo en la transferencia de recursos a las organizaciones sociales, ya que esas transferencias de dinero son clasificadas como “gasto”.

Así la situación, si bien es multicausal, ha dejado a la organización comprometida para cumplir su función social con las personas trans a las que atiende.

Según Martínez:

Nosotras no tenemos un financiamiento de la Junta desde enero de este año y al parecer a cómo van las cosas no lo vamos a tener en lo que resta del año. Todo esto nos perjudica a un nivel alarmante: obviamente los proyectos siguen, los proyectos se sostienen y demás, pero esto encajona a la asociación. Son muchas las afectaciones, desde dejar de dejar dar a alguna atención a la población cómo cerrar algún servicio, cerrar algún programa o frenar algún proyecto que necesite la presencialidad como lo es el proyecto con el MEP para educar a mujeres trans que, al no tener un espacio físico, cerraría inmediatamente. Estamos hablando de que casi 40 mujeres trans se quedarían sin un espacio de educación formal".

Transvida tiene espacio en su local actual, el cual alquilan, hasta finales de este mes y aunque Martínez señaló que seguirán en vía administrativa para tratar de revertir la decisión del INS, sí señalaron que "la afectación es alarmante para nosotras en este momento".