La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer que no ha logrado girar ₡10.794 millones a 139 proyectos sociales debido al límite de gasto que impone la regla fiscal. Entre las áreas afectadas y sus montos están: 

  • Fortalecimiento de Instituciones Públicas de Asistencia Médica con ₡3.285.894.920.
  • Discapacidad con ₡2.074.438.403.
  • Hogares de PAM con ₡1.468.647.040.
  • Centros Diurnos con ₡1.013.543.760.
  • VIH con ₡892.128.000.
  • Cáncer con ₡764.550.000.
  • Necesidad COVID con ₡719.482.226.
  • Menores con ₡290.052.000.
  • Farmacodependencía con ₡138.681.900.
  • Juntas Administrativas con ₡116.993.600.

Adicionalmente, hay 45 proyectos en análisis para ser aprobados o rechazados. En el caso de ser aprobados por la Junta Directiva de la institución, la JPS señaló que igualmente se verían afectados por el límite de gasto, porque no se podrían presupuestar.

La información la comunicó la Junta de Protección Social luego de que la Asociación Transvida, Asociación Esperanza Viva y Asociación Demográfica Costarricense, dieran a conocer que no se les ha girado financiamiento doméstico que deberían recibir de parte de la Junta durante el 2022.

En un principio, la iniciativa fue financiada en su totalidad por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Sin embargo, Costa Rica desde 2018 inició un modelo sostenible de prevención combinada del VIH-SIDA, según lo dispuesto en la Ley n°8718, que establece en su artículo 8, inciso i, que de la utilidad neta total de la institución se distribuirá:

“De un uno por ciento (1%) a un uno coma cinco por ciento (1,5%) entre organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social”. 

¿Por qué no pueden utilizar los recursos económicos?

La JPS explicó que el límite de gasto que impone la regla fiscal contenida en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635, para el presente periodo presupuestario 2022, implica la disminución de ¢49.269 millones de colones. La rebaja trae como consecuencia directa el rebajo en la transferencia de recursos a las organizaciones sociales, ya que esas transferencias de dinero son clasificadas como “gasto”.

Según explicó la gerenta de desarrollo social de la JPS, Grettel Arias, tras el análisis de la situación, dicha afectación va en dos líneas:

Señaló que el área comercial de la JPS realiza esfuerzos para recuperar y aumentar las utilidades que se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19, mediante acciones comerciales como las promociones y la introducción de nuevos juegos. Esas medidas se ven afectadas negativamente por el límite de gasto, debido a que generar una mayor producción implica un incremento del gasto.

También citó que al incrementar las utilidades, el límite de gasto no permite el giro de los recursos a las organizaciones. Es decir, la JPS generaría los recursos que por ley les corresponde a las organizaciones sociales, pero no lo puede presupuestar para concretar la transferencia.

"Si esta institución logra generar una mayor cantidad de utilidades, no podría realizar la transferencia correspondiente. La afectación más inmediata es directamente en el programa de financiamiento de proyectos a las organizaciones que van dirigidos a mejorar las condiciones de atención y por ende la calidad de vida de las personas que reciben los servicios en los diferentes programas de atención", indica el comunicado de la Junta.

Actualmente en la Asamblea Legislativa, el expediente 23.069 busca que las transferencias de la JPS a las organizaciones sociales queden exentas de la regla fiscal. El proyecto fue presentado por la exlegisladora del Catalina Montero, durante el periodo anterior y se encuentra pendiente a que se le asigne comisión.

El legislador del Frente Amplio, Antonio Ortega, comunicó a través de sus redes sociales que envió una consulta a la presidenta ejecutiva de la JPS, Esmeralda Britton, con el objetivo de esclarecer las razones de los atrasos y las medidas plateadas para solucionar el problema.

Ortega comentó a Delfino.cr que aún no ha recibido respuesta y que le preocupan las consecuencias negativas que traerán estas limitaciones a los programas sociales a corto y largo plazo en la parte social y sanitaria.

Es evidente que está relacionado con la regla fiscal, pero queremos la respuesta oficial de parte de la Junta de Protección Social. Creo que denota no solo una mala planificación, sino también una pésima regla fiscal que fue aprobada a golpe de tambor por la anterior Asamblea Legislativa y el anterior Gobierno y que está trayendo estas consecuencias. Estamos trabajando una propuesta legislativa para que estos programas de la Junta de Protección Social y la propia institución no se vean afectadas".