Por su relevancia para la transparencia en el quehacer legislativo, esta entrega de Barra de Prensa está abierta a todos los lectores de Delfino.cr

Previo a las elecciones de febrero del 2022, Delfino.cr invitó a todos los candidatos presidenciales y partidos que aspiraban a tener una bancada legislativa a firmar un compromiso por las elecciones transparentes en el Plenario. De los seis partidos que resultaron electos, cuatro firmaron ese compromiso: Progreso Social Democrático, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Liberal Progresista, que juntos suman 31 votos.

El compromiso que esas cuatro bancadas suscribieron señala que una vez electas, todas las votaciones de nombramientos que realice el Plenario y la Comisión de Nombramientos se realizarán de forma pública; y que la reforma para la transparencia del voto sería una prioridad a partir del 1 de mayo de 2022, y que debía ser aprobada antes de que la Asamblea Legislativa realizara sus primeros nombramientos.

Aunque podría afirmarse que ese compromiso fue incumplido cuando semanas atrás votaron de forma secreta las ratificaciones de nombramiento hechas por el Consejo de Gobierno en la Junta Directiva de Aresep, la Asamblea aún no realiza nombramientos (en el estricto significado de la palabra), pese a que ya está próxima a tener que hacerlo: la persona que sustituirá a Catalina Crespo como defensora de los Habitantes de la República; la elección de un magistrado de la Sala Primera tras la renuncia de William Molinari Vílchez; un nombramiento en la Sala Constitucional tras la renuncia de Nancy Hernández López, y un nombramiento en la Sala Tercera tras el fallecimiento del magistrado Álvaro Burgos Mata.

Según un recuento hecho por Delfino.cr a su base de datos de expedientes presentados al Congreso, actualmente hay tres iniciativas dirigidas a transparentar de alguna u otra forma esas votaciones. Dos de ellas fueron presentadas este lunes, apenas la Asamblea volvió de su receso de medio año.

El primero fue el diputado del Partido Liberación Nacional, José Joaquín Hernández, quien pretende que todas las votaciones que ocurran en el Congreso (salvo la elección del Directorio el 1 de mayo) se hagan de forma pública.

Su proyecto se tramitará bajo el expediente 23.235 y reforma los artículos 27 (atribuciones de la Presidencia), 30 (atribuciones de la secretaría), 54 (instalación de comisiones plenas), 68 (instalación de comisiones permanentes), 75 (permite actualmente sesiones secretas de las comisiones), 99 (establece tres tipos de votaciones: ordinaria, nominal y secreta), 101 (establece la mayoría requerida para realizar una votación nominal), 223 (establece que para dar publicidad a los informes, se deben dar de forma escrita a los diputados), 227 (procedimiento de voto secreto para elecciones) y 228 (reglas ante falta de mayoría y empate ante elecciones).

También deroga los artículos 103 (votación secreta) y 104 (imposibilidad de hacer excepciones ante una votación secreta) del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

"No podemos seguir haciendo diferencias donde la Constitución no las hace. En otras palabras, el Principio de Transparencia se le debe a la sociedad costarricense que nos eligió a cada uno de los y las señoras diputadas, y es en ese sentido los y las ciudadanas deben estar informados de los actos de sus representantes, por lo que, el ejercicio legislativo debe ser el más traslúcido de todos", declaró el diputado Hernández.

La reforma al artículo 227 planteada por el diputado del PLN es que toda elección, ratificación o no reelección de las personas magistradas, propietarias o suplentes, de la Corte Suprema de Justicia; de la persona contralora y subcontralora general de la República; y de las personas defensora y defensora adjunta de los Habitantes de la República, se realicen mediante votación ordinaria (voto público y electrónico). También dispone la misma medida para los procesos de ratificaciones de nombramientos hechos por el Consejo de Gobierno.

La propuesta de Hernández también soluciona un problema actual alertado por este medio: el reglamento carece de reglas para las elecciones en cargos en los que se requiere mayoría calificada (como las magistraturas de la Corte Suprema), las ratificaciones de nombramiento, y las no-reelecciones de magistraturas del Poder Judicial, pues el artículo 227 actual refiere solo a elecciones donde para que haya declaratoria se requiere mayoría absoluta (mitad más uno de los presentes).

Su propuesta, además de ambiciosa, es casi integral. Para hacerla perfecta solo bastaría incluir la publicidad del voto en las elecciones del 1 de mayo; y que se adicione un artículo para derogar el acuerdo legislativo del año 2004 que se usa para votar secreto en los nombramientos de magistrados.

La segunda propuesta planteada este lunes vino del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges León, quien la enfocó en que las votaciones que realiza el Plenario para las elecciones y no re-elecciones a la Corte Suprema de Justicia deban realizarse con votación pública.

La propuesta, que se tramitará bajo el número de expediente legislativo 23.236, establece que para las votaciones de nombramientos y no-reelecciones a la Corte Suprema de Justicia cada congresista deberá realizar su voto en una papeleta en la que indique su nombre, el cuál deberá quedar consignado en el acta correspondiente.

La propuesta del diputado Bojorges no modifica el tipo de votación que realiza la Asamblea Legislativa para otros nombramientos como los de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y ratificaciones a diversas juntas directivas que le corresponde por ley, incluyendo, entre otros, a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la Junta Directiva del Banco Central.

El tercer proyecto, ya dictaminado, lo presentó la anterior fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual transparenta las elecciones en comisiones de la Asamblea, deroga el artículo 104 que impide excepciones a la votación secreta y el artículo 103 que las permite; transparenta la elección, ratificación o no-reelección de magistraturas de la Corte Suprema; pero no llena los vacíos jurídicos existentes relativos al proceso de ratificación de nombramientos hechos por el Poder Ejecutivo, ni tampoco deroga el acuerdo del 2004 que se usa para votar de forma secreta.

Para reformar el Reglamento del Congreso se requieren al menos 38 votos afirmativos. Diputados de Nueva República y Liberación Nacional, partidos que no firmaron el compromiso de Delfino.cr, han expresado su disposición a transparentar el voto que dan en los procesos de nombramientos, por lo que falta es llegar a un acuerdo político sobre cuál propuesta impulsar y llevar a votación.

Sirva esta edición de Barra de Prensa para recordar a quienes firmaron el compromiso con las votaciones públicas que su firma estipula que lo harán, antes de realizar cualquier nombramiento.

Breves

Con 38 votos a favor y 5 en contra, se aprobó que el expediente 22.901 "Ley de Acceso a la Justicia para Personas Consumidoras" fuera devuelto a la comisión dictaminadora a fin de que rinda un nuevo dictamen en el plazo de un mes.

Con 45 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 22.102 "Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia".