El Ministerio Público confirmó la tarde de este martes que solicitó 28 años de prisión, pena máxima en este caso, contra el exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, acusado de abusos sexuales contra personas menores de edad, cometidos mientras era cura de la Iglesia Católica costarricense.
Tras una consulta realizada por Delfino.cr al Ministerio Público, la instancia acusadora confirmó que:
La Fiscalía Adjunta de Género informó que solicitó 28 años de prisión, los cuales corresponden a 10 años por un delito de abuso sexual y 18 años por un delito de violación".
El Código Penal costarricense establece como pena máxima para el delito de violación calificada, un total de 18 años de prisión mientras que para abuso sexual de menores agravado se designa un máximo de 10 años, por lo tanto el ente acusador está pidiendo la pena máxima contra Víquez Lizano, acusado solo de estas dos causas pues el Tribunal Penal de Juicio de Desamparados dictaminó, en octubre del año anterior, que tres de las cuatro causas en su contra ya estaban prescritas.
Según el Ministerio Público, durante la tarde de este martes la defensa de Víquez debe emitir sus conclusiones y, "por ahora, se desconoce para cuándo se programará la lectura del por tanto".
Esta causa penal es larga data y estuvo a punto de prescribir en setiembre del año 2019, luego de que el exsacerdote saliese del país a fin de evitar ser notificado.
Así, y a sabiendas de que las autoridades lo estaban buscando, el 9 de enero de ese año Víquez salió de Costa Rica rumbo a México, luego de que la Iglesia Católica presuntamente le avisara sobre las causa penales que pesan en su contra.
No fue sino hasta que una llamada anónima a la justicia mexicana alertó sobre su paradero en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, que el proceso de notificación pudo concretarse con ayuda de autoridades mexicanas y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que había puesto a Víquez en alerta roja desde el 11 de abril de 2019.
Por ello y tras un proceso de casi dos años en el que tras su arresto, Víquez trató de impedir su extradición al país, el exsacerdote finalmente regresó a suelo nacional el pasado 6 de mayo.
Ahora, y según finalizó la Fiscalía, es el Tribunal Penal de Desamparados el que deberá programar la fecha en que se realizará el juicio oral y público.
Desde entonces Víquez descuenta prisión preventiva, a la espera de que iniciase su juicio que también tuvo retrasos a inicios de este año.
