En tan solo 15 días la actual Asamblea Legislativa realizó los tres debates pendientes para incorporar en la Constitución Política la posibilidad de que cualquier diputada o diputado pudiera perder sus credenciales por faltas al deber de probidad. A pesar de que en esas tres votaciones, en mayo del 2018, el resultado fue unánime (54 a favor y 3 ausentes, 56 a favor y 1 ausente y 51 a favor y 6 ausentes), han pasado ya 46 meses sin que esas mismas personas se pudieran poner de acuerdo para priorizar la aprobación de la ley necesaria para instrumentalizar dicha reforma.
Dato D+: Una vez que un proyecto de reforma constitucional ha sido dictaminado deber recibir dos debates en una legislatura —periodo que va del 1 de mayo de un año al 30 de abril del año siguiente—, ser mencionado en el discurso que debe dar quien ocupe la Presidencia de la República al inicio de cada legislatura y luego recibir tres debates (que se deben dar en esa misma legislatura).
Esa reforma al artículo 112 de la Constitución Política para la pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad —incorporada formalmente en la Constitución el 20 de agosto del 2018 con su publicación en La Gaceta— estableció que el procedimiento para que una persona pueda perder las credenciales que le acreditan como diputado o diputada de la República, requiere de una ley que reglamente dicho proceso y que debe ser aprobada con mayoría calificada (38 votos). Al día de hoy las iniciativas presentadas desde esa fecha para esa reglamentación no han logrado avanzar: los tres expedientes legislativos para cumplir con este requisito, no han logrado llegar a primer debate en el Plenario Legislativo:
- El expediente 21.082, presentado por Yorleni León Marchena en noviembre del 2018 fue archivado en setiembre del 2020.
- El expediente 21.515, presentado por José María Vilallta Flórez-Estrada y 5 firmas adicionales, fue dictaminado desde el 18 de noviembre del 2020 pero no ha llegado a primer debate.
- El expediente 22.226, presentado por León Marchena y 6 firmas adicionales en setiembre del 2020, y que todavía está pendiente de ser dictaminado.
Desde Delfino.cr consultamos a la diputada León Marchena sobre este tema, quien nos señaló:
Hoy la reforma constitucional aprobada al inicio de esta legislación no es más que letra muerta, al carecer del músculo operativo que la formalice y eso solo se logra si se aprueba alguno de los proyectos que están en corriente legislativa para regular la pérdida de credenciales de las y los diputados. Esta regulación pasa por dejar los procedimientos seguir y el régimen de responsabilidad que se aplicará a las o los legisladores por violación al deber de probidad, entendiendo este deber como la obligación de orientar su gestión a la satisfacción del interés público”.
Sobre las consecuencias que podría tener que la actual Asamblea se vaya sin reglamentar la reforma constitucional que aprobó, León añadió:
Esa desatención de las demandas ciudadanas es justamente la que vulnera la credibilidad en nuestro sistema democrático, al ver los ciudadanos la incapacidad de este de adecuarse a los tiempos y a las formas”.
El proyecto que modificó el artículo 112 constitucional (expediente 19.117) fue presentado desde el 1 de mayo del 2014, sin embargo, la anterior Asamblea Legislativa prefirió aprobarla hasta mayo del 2017, garantizándose así que la reforma no pudiera ser aprobada y aplicada a sí mismos al dejar los debates de segunda legislatura pendientes para el actual Congreso.
La actual Asamblea Legislativa pareciera llevar un camino similar que su predecesora, dándole largas al tema para evitar que lo que aprueben les pueda aplicar durante su gestión. Durante este cuatrienio ya se han dado dos ocasiones en las cuales, de haber estado en vigencia el reglamento, dos congresistas se hubieran expuesto a perder sus credenciales: Jonathan Prendas Rodríguez (con su viaje a Barcelona en 2019) e Ivonne Acuña Cabrera (por su participación en beneficio propio desde el Directorio Legislativo) ya que en ambos casos la Procuraduría de Ética Pública (PEP) señaló que debían ser investigados, y eventualmente sancionados, por faltas al deber de probidad. Ante la ausencia de la ley, estos informes de la PEP solo llegaron al Plenario para ser archivados, recordando así la famosa frase de Otto Guevara cuando describió esos informes como “un saludo a la bandera”.
La actual Asamblea cuenta todavía con 5 semanas efectivas de sesiones (lo que vienen siendo 20 sesiones ordinarias) para terminar de tramitar alguno de los expedientes presentados y reglamentar el procedimiento para pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad, asegurando así que, durante el próximo cuatrienio, ninguna persona se salve de una eventual sanción por faltas al deber de probidad.