En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, los representantes de los Supremos Poderes del país anunciaron una serie de medidas para combatir de forma coordinada la corrupción, incluyendo la presentación de cinco nuevos proyectos de ley y la conformación de una comité de alto nivel conformada por siete personas representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que tendrá a su cargo el seguimiento a las propuestas planteadas en el manifiesto contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción.

Por parte del Poder Ejecutivo, la designada es Geannina Dinarte Romero, ministra de la Presidencia; del Poder Judicial son Omar Brenes Campos, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento, y Pablo Cedeño Selva, fiscal de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada y del TSE es el letrado Andrei Cambronero Torres.  Además, la representación de la Asamblea Legislativa recae en Natasha Morales Badilla, jefa de despacho de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y Maricel Rodríguez Aguilar, asesora parlamentaria.

Cada uno de los integrantes del comité fueron nombrados por los presidentes de sus respectivos Poderes de la República.

Dato D+: El día de hoy también se anunció la declaratoria de interés público a la  Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC), presentada oficialmente en agosto pasado.

La conformación de este comité atiende una de las acciones estratégicas propuestas en la hoja de ruta recomendada por la fuerza de trabajo técnica interinstitucional, establecida en una declaración conjunta el 27 de mayo, que manifestó su interés en abordar cinco puntos estratégicos y ha generado iniciativas y acciones articuladas para lograr sanciones efectivas contra el lavado de dinero y narcotráfico por medio de propuestas de trabajo en combate al financiamiento al terrorismo, la corrupción y el cumplimiento de estándares internacionales.

Nuevos proyectos en corriente legislativa 

Como parte de las iniciativas para mejorar la lucha contra la corrupción, el Poder Ejecutivo presentó el día de hoy cinco proyectos de ley:

Expediente 22.838: Reforma a la Ley Sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones

  • Propósito: Modifica el artículo 28 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Exámen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones (Ley 7425), para que una vez que se haya resuelto el acto conclusivo del Ministerio Público durante la etapa intermedia, la restricción de no usar los resultados de las intervenciones orales o escritas no aplique para los procedimientos administrativos disciplinarios en que se instruya causa en contra de un funcionario público por faltas al deber de probidad, o derivadas de asuntos penales por delito contra los deberes de la función pública, crimen organizado o corrupción.

Expediente 22.837: Reforma a la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

  • Propósito: La iniciativa busca robustecer la plataforma tecnológica de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), la cual contiene información de la política “Conozca a su Cliente”, lo que se busca concentrar esa información que permita determinar la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, la fuente u origen de los fondos que justifican las transacciones a realizarse, para que coadyuve a las entidades financieras realizar, el perfilamiento de riesgo del cliente en materia de prevención de las amenazas. Adicionalmente, el proyecto de ley incorpora como sujetos obligados a quienes proveen servicios o plataformas relacionados con activos virtuales, quienes deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), y estarán sometidas a su supervisión, respecto de la materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además las entidades financieras y los sujetos obligados por la ley deberán aplicar una diligencia debida reforzada cuando se trate de clientes o beneficiarios finales que sean considerados personas expuestas políticamente, sean estos nacionales o extranjeros.

Expediente 22.836: Reforma al Código Procesal Penal, Ley N° 7594

  • Propósito: Esta propuesta de reforma al Código Procesal Penal introduce las siguientes ampliación de conceptos: Sobre los derechos de protección de la persona víctima o testigo dentro del proceso penal: agrega un artículo (71 bis) al Código Procesal Penal que otorgue prioridad dentro del proceso penal en aquellas causas en las que existe una o varias personas protegidas; Anticipo jurisdiccional de prueba: con la propuesta se pretende un fortalecimiento en la actividad ejercida por parte del Ministerio Público en la gestión de procesos, asegurando la recepción de prueba y la calidad en el resultado de las investigaciones que son llevadas a cabo. La reforma procesal aplicaría en aquellas investigaciones donde, con objetividad se ha realizado un análisis profuso, y se ha determinado que la declaración del testigo puede verse comprometida si no se asegura realizándose anticipadamente, y que por distintos motivos (peligro para su vida, debe abandonar el país, entre otros) no podría ser normalmente incorporada a juicio; y Allanamiento y registro de morada: establece plazos razonables para la resolución de la solicitud de allanamiento, tomando en consideración los tipos de procesos, sean, asuntos complejos, de delincuencia organizada.

Expediente 22.835: Reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada

  • Propósito: Se propone adicionar un último párrafo al artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada N°8754, indicando de forma expresa que, para la deliberación y la redacción de la sentencia, se aplicaran los plazos establecidos en el inciso d) del artículo 378 del Código Procesal Penal que indica que "cuando la duración del debate sea menor de treinta días, el plazo máximo de la deliberación se extenderá a cinco días y el tiempo para dictar la sentencia a diez. Cuando la duración del debate sea mayor, esos plazos serán de diez y veinte días respectivamente".

Expediente 22.834: Reforma a la Ley 8754 Ley Contra la Delincuencia Organizada para Fortalecer la Función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

  • Propósito: Fortalece el instituto de recuperación de activos que se tramita en la Jurisdicción Contenciosa Administrativo, a través el reforzamiento de las medidas anticipadas para asegurar los bienes y activos producto de las conductas relacionadas con delitos de narcotráfico.

Adicionalmente, se convocó para las actuales sesiones extraordinarias el expediente legislativo 22.529 sobre “Reforma, Adición y Derogatoria de varios artículos del Código Electoral, ley n.° 8765, de 19 de agosto de 2009, relativos al financiamiento de los partidos políticos”.

Financiamiento de los partidos en la campaña electoral

Otra de las medidas anunciadas en el marco de esta colaboración interinstitucional y también como parte de las acciones promovidas por el manifiesto, el TSE, en el menú principal de su página web, colocó una pestaña denominada “Financiamiento de partidos” en la que cualquier persona puede consultar, entre otros datos, los estados financieros de las agrupaciones, hacer una búsqueda –por identificación o nombre– acerca de quiénes han donado a un partido, cuáles son las principales fuentes de financiamiento de las agrupaciones y quiénes tienen en su poder certificados de cesión (bonos), detalló la magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta a. i. del TSE.

Adicionalmente, el TSE ha habilitado un formulario web para interponer denuncias relacionadas con la presunta infracción de reglas sobre el financiamiento de los partidos políticos en la campaña electoral presidencial 2021-2022. cuyas gestiones serán cuidadosamente analizadas por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.

Presupuesto adicional 2022

Como parte de los mecanismos para fortalecer la institucionalidad, se incorporaron ¢2.900 millones, mediante Ley N.° 10103 (Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022) publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de diciembre, con el objetivo de poder implementar la Ley N.° 9841 (Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica del 13 de setiembre de 2017).

Sobre esta asignación el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada manifestó que: “el país hizo un esfuerzo para asignar ¢2.900 millones al Poder Judicial para darle las herramientas oportunas y para que pueda hacer más todavía contra el crimen organizado. (…) Esto se realizó gracias al apoyo de las diputadas y los diputados en la aprobación del Presupuesto del 2022. Quiero hacer énfasis en esto porque el país está haciendo un gran esfuerzo y está priorizando esto; entre tantas necesidades que tiene el país, se hizo una priorización, a partir de este acuerdo, para que esto sea una realidad. Eso a mí me satisface; era una deuda que tenía el país y, dichosamente, se materializará a partir del próximo año”.