La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, rechazó de forma definitiva las apelaciones presentadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD) contra la determinación del ente contralor de que el MEP estaba transfiriendo competencias esenciales a la FOD por su papel en el proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB), razón por la cual la Contraloría ordenó en octubre pasado detener la participación de la Fundación en el proyecto y ordenó al MEP asumir la dirección de la REB.
Dato D+: La Red Educativa del Bicentenario pretende “enlazar los centros educativos públicos del país para apoyar el desarrollo de contenidos curriculares y gestión administrativa, mediante recursos educativos digitales, plataformas educativas y data en general que permita la mejora continua de la educación, proceso que se logra gracias al acceso a Internet de banda ancha, rediseñando así, el actual modelo de conectividad a Internet uno a uno”.
Cuando impugnaron la decisión de la Contraloría desde la FOD aseguraron que esa orden contenía “imprecisiones y omisiones importantes”, y aseguraron que por más de 30 años la Fundación “se ha sometido a los controles de la CGR, la cual aprueba sus presupuestos y ha realizado múltiples auditorías a lo largo del tiempo. Esto mismo aplica para la REB al ser parte del PRONIE”.
Sin embargo, al resolver los recursos, la Contraloría señaló que en efecto la fundación está habilitada por la ley para participar en la ejecución del programa, pero que esa participación está del mismo modo limitada. La REB tiene como propósito no solo apoyar el desarrollo de contenidos curriculares sino que incorpora la implementación de servicios de conectividad para la gestión administrativa institucional del MEP, lo que trasciende los alcances del PRONIE (Programa Nacional de Informática Educativa).
La Contraloría considera que no es posible que cualquier proyecto que pretenda llevar adelante el MEP se califique como parte del PRONIE y se pretenda cubrir con la Ley N.° 8207 (Ley de Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa) para trasladarlo de manera directa a la Fundación.
Adicionalmente, en el rechazo de las apelaciones presentadas, la Contraloría señaló que reconoce que la REB es importante para el sistema educativo nacional, especialmente para afrontar las distintas realidades, brechas y necesidades tecnológicas que existen y que se han agudizado con la pandemia, pero que resulta ineludible la función del MEP que no puede transferir sus potestades constitucionales y legales a un sujeto privado.
Además, se señaló que la participación de sujetos privados en la articulación de soluciones para cubrir necesidades de interés público es posible, pero no puede aceptarse un vaciamiento de las competencias del aparato estatal en las condiciones ocurridas en este caso.
Por último, la Contraloría aclaró que el MEP no puede justificar la delegación del proyecto o una incapacidad alegada para ello dado que cuenta con los recursos económicos y el personal técnico necesarios, pudiendo acudir a los procedimientos de contratación administrativa para atender las necesidades de bienes o servicios que pudiera requerir. Finalmente, el MEP debe garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza para la conexión de 4.821 centros educativos.
Con el rechazo de las apelaciones el proyecto de la REB deberá ser dirigido directamente por el MEP, que ahora deberá "hacer los análisis correspondientes para determinar cómo llevarlo a cabo, sin perjuicio de que se pueda valorar la opción de la contratación administrativa para su desarrollo".
Dato D+: La decisión de la Contraloría no afecta la otra parte del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario que se encuentra bajo el mando de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
