La Fundación Omar Dengo (FOD) se manifestó el día de hoy en relación a la orden recibida la semana pasada por parte de la Contraloría General de la República en la que se pidió suspender la participación de la Fundación como unidad ejecutora del Proyecto Red Educativa del Bicentenario (REB), al considerarse que en dicho proyecto el Ministerio de Educación Pública había trasladado indebidamente sus competencias a la FOD.

Desde la FOD aseguraron que respaldan el recurso de revocatoria presentado por el MEP contra la orden de la Contraloría, sobre la cuál añadieron que “contiene imprecisiones y omisiones importantes, y es producto de una auditoría que se encuentra aún en su etapa inicial de planificación”.

Desde la Fundación aseguraron sí contar con los instrumentos jurídicos habilitadores para asumir la responsabilidad asignada en el proyecto, argumentando que “el Programa Nacional de Informática Educativa PRONIE, que ejecutan la FOD y el MEP desde hace 34 años, cuenta con dos respaldos legales del más alto nivel como lo son la Ley No. 8207 - Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa y el mandato del Consejo Superior de Educación”.

Adicionalmente, se señaló que la REB “forma parte de las acciones tendientes a fortalecer el mejor aprovechamiento de las tecnologías para la educación, en apego al  objetivo que tiene el PRONIE MEP-FOD” y que, según entienden desde la Fundación, la supervisión de este proyecto no es una competencia esencial del MEP, y que, la Contraloría en su argumentación la calificó al mismo tiempo como una actividad conexa, viendo ellos una contradicción por parta de la CGR al considerar la Red del Bicentenario una actividad esencial y conexa simultáneamente.

Además, desde la Fundación desmintieron que el MEP tenga una “nula participación” en la supervisión del proceso de la REB, siendo que aseguran existen “numerosos archivos completos recogen la amplia y constante articulación del MEP con la FOD en todas las etapas y decisiones estratégicas del proyecto”, y añadieron que incluso existe un consejo interinstitucional que se encarga de la gobernanza del proyecto.

La directora ejecutiva de la Fundación, Leda Muñoz Garciá, aseguró que “confiamos en que este proceso se resuelva pronto y podamos retomar el proyecto de implementación de la Red Educativa, para beneficiar a más de 2 mil centros educativos y a cientos de miles de estudiantes que urgen de una red de banda ancha eficiente y veloz, con la cual podamos seguir contribuyendo al cierre de la brecha digital entre nuestros estudiantes, en especial de cara a los retos que tiene nuestro sistema que se complicaron con la llegada de la pandemia del COVID-19. El año 2022 es clave para brindar a nuestros y nuestras jóvenes, maestras y maestros, las herramientas requeridas para el futuro”.

Críticas a la Contraloría

Desde la Fundación incluyeron en su comunicado de prensa, aclaraciones a varios elementos que consideraron necesarias, ya que podrían dañar la imagen de la FOD, entre los cuales se destacan:

  • Que la Contraloría parece tener poca claridad sobre la naturaleza del proyecto, al manifestar una preocupación por el patrimonio público de la REB, siendo que este proyecto “es un servicio que se contrata y no se deriva un patrimonio público de esta, pues no se compra equipo”.
  • Que por más de 30 años la Fundación “se ha sometido a los controles de la CGR, la cual aprueba sus presupuestos y ha realizado múltiples auditorías a lo largo del tiempo.  Esto mismo aplica para la REB al ser parte del PRONIE”.
  • Que la Contraloría carece de un análisis comparativo de costos que le permita apreciar “cómo los costos logrados a través de los procesos de licitación ejecutados por la FOD son altamente eficientes y le generarían ahorros millonarios al Estado, en consideración al alcance real de la REB”.

Adicionalmente, la FOD argumenta que la Contraloría intervino en las dos licitaciones de la RED educativa (anulando ambos procesos por distintos motivos) por lo que consideran que esta participación de la CGR valida la capacidad jurídica de la Fundación como órgano competente para ejecutar el proyecto:

Bajo lo que jurídicamente se denomina la teoría del acto implícito y el principio de confianza legítima, en donde no podría ahora considerarse la ilegitimidad de todo lo actuado por la FOD puesto que sus actuaciones han tenido amparo, no sólo en lo dispuesto en la Ley No. 8207, en un acuerdo del Consejo Superior de Educación, en un Convenio Marco suscrito con el MEP y su Anexo No. 2, sino en múltiples pronunciamientos de esa misma Contraloría que han avalado la competencia de la Fundación para promover las contrataciones requeridas para la ejecución del proyecto de la Red Educativa”.