La Asamblea Legislativa tomó este martes las primeras acciones tras el estallido de las polémicas por la prueba de factores asociados en FARO que el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó el pasado viernes a miles de estudiantes de primaria; así como las detenciones de seis alcaldes por corrupción en obra pública en sus gobiernos locales.
En Plenario, con 44 votos a favor y 0 en contra, se aprobó una moción del diputado José María Villalta del Frente Amplio para que la Comisión Investigadora del Caso Cochinilla amplíe su ámbito de investigación a los hechos que abarcan el caso Diamante.
Con esa moción, la comisión legislativa tendrá ahora plazo hasta el 30 de abril de 2022 y podrá presentar informes parciales, en caso de que termine el informe del caso Cochinilla, antes que el del caso Diamante.
Por otro lado, los diputados que integran la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción presentada por Yorleny León Marchena y Carlos Ricardo Benavides del PLN para investigar todo lo ocurrido con las pruebas FARO del Ministerio de Educación y los formularios de factores asociados que pidieron información sensible a menores de edad.
La lista de personas llamadas a la comisión en este caso está encabezada por Guiselle Cruz Maduro, hasta hace unos pocos días ministra de Educación Pública y Presidenta del Consejo Superior de Educación; Pablo Mena, exdirector de Gestión de Evaluación y Calidad MEP; Melania Brenes Monge, exviceministra académica; los miembros propietarios del Consejo Superior de Educación Leonardo Garnier Rímolo y Manuel Antonio Bolaños, ambos exministros de Educación; Eldon Caldwell Marín, representante de la Universidad de Costa Rica; Betania Seas Molina, representante de Educación Primaria; Carlos Eduardo Torres Soto, representante de Educación Secundaria y Gilda Montero Sánchez, representante de las organizaciones de educadores inscritas conforma a la ley.
También deberán comparecer los miembros suplentes del Consejo, Manuel Calderón Esquivel, representante de Educación Primaria y Daniel Vargas Rodríguez, representante de Educación Secundaria.
En esa misma comisión por votación 3 vs. 5 se rechazó una moción del oficialista Luis Ramón Carranza Cascante para convocar en audiencia a la contralora Marta Acosta, para que se refiriera a temas de fiscalización, especialmente en los municipios involucrados en el caso Diamante.
Carranza afirmó que debía investigarse lo ocurrido con la carretera de Florencia a Naranjo, donde se tiraron a la basura $300 millones de dólares en una carretera sin terminar; sin embargo, los diputados Carlos Ricardo Benavides y Luis Fernando Chacón afirmaron que el caso ya será investigado en la Comisión Investigadora del caso Cochinilla, por lo que abrir un nuevo frente sería duplicar funciones y gastos.
Sin embargo, la diputada independiente Carmen Chan Mora planteó que la investigación sea llevada a la Comisión de Infraestructura, idea que fue bien recibida por otros legisladores.
Asimismo, está pendiente de conocerse en Plenario una moción impulsada por Pablo Heriberto Abarca y otros diputados, para instar a los miembros propietarios y suplentes del Consejo Superior de Educación a renunciar a sus cargos; exhortar al presidente para que destituya a los miembros del Consejo que son nombrados por el Poder Ejecutivo; y finalmente solicitarle al Presidente que nombre a "un ministro de Educación Pública que no haya estado involucrado en el plan de las pruebas FARO", en abierta animadversión hacia el recién designado jerarca Steven González.
Breves
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó delegar a la Comisión Plena Segunda el expediente 22.767 "Ley para mantener la periodicidad del pago de los salarios de las personas trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social de manera bisemanal".
— Con 10 votos a favor y 29 en contra se rechazó abrir el Plenario a comisión general para discutir el proyecto de Presupuesto Nacional 2022 y habilitar el plazo de cinco días hábiles para presentar mociones nuevas o de reiteración a mociones rechazadas en comisión. Este fue el séptimo intento infructuoso.
— La Comisión de Jurídicos concluyó el trámite de mociones de fondo al expediente 22.369 "Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal", rechazando de nuevo gravar con renta el salario escolar que ganan los empleados públicos. Tras el desastre de la semana pasada, esta vez los registros de votación sí se desplegaron en las pantallas y en la transmisión por Internet. Votaron a favor del impuesto: Carolina Hidalgo del PAC, Jorge Luis Fonseca y Wagner Jiménez del PLN; votaron en contra Mileidy Alvarado del PRN, Walter Muñoz del PIN, Pedro Muñoz del PUSC, Franggi Nicolás del PLN y Paola Vega por los independientes.
Sin embargo, lo que sí contiene el proyecto es un aumento de cinco puntos porcentuales en los pagos por remesas al exterior; la homologación inmediata y permanente de las rentas del capital a la tarifa general del 15% y un incremento transitorio de 1,5 puntos porcentuales por dos períodos. También elimina en un 50% de la exoneración sobre los rendimientos del sistema de pensiones complementarias establecido en la Ley de Protección al Trabajador.
— La Contraloría General de la República externó criterio positivo al expediente 22.639 que contiene dos préstamos por $250 millones cada uno provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque advirtió que de ser aprobados y si el Congreso no avanza con la Ley de Empleo Público, el BID podría cambiar las condiciones de los créditos, la tasa y pedir una renegociación.
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 22.434 "Ley para sustituir temporalmente la aplicación de la sanción de cierre de negocios y facilitación del pago del IVA en sectores impactados severamente por la restricción sanitaria". Tras aprobar un texto sustitutivo, la propuesta ahora indica que se exime de la aplicación de la sanción de cierre de negocios, y en su lugar se autoriza su sustitución por la aplicación una sanción de cuatro salarios base, al obligado tributario que sea sujeto de un procedimiento sancionador de cierre de negocios.
