Estudiante de posgrado de Dermatología denuncia que lleva 25 meses esperando respuesta institucional de la Universidad.


El caso de "Ana", una estudiante de Dermatología del programa de posgrados de medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) que fue separada de su cargo tras denunciar a varios profesores por acoso laboral, inició audiencias en el Tribunal Contencioso Administrativo este mes de noviembre.

Así lo confirmó la doctora a Delfino.cr, medio desde el que hemos dado seguimiento al caso de la médica y al de su colega, estudiante de Ortopedia, desde mayo pasado.

Dato D+: Lea más detalles en la nota Denuncias en el programa de posgrados en Medicina tienen a la UCR con un pie en los Tribunales.

Como ustedes recordarán, Ana (nombre ficticio con el que nos referimos a la doctora) es una estudiante residente que, desde 2018, tiene denunciados a seis docentes del posgrado de Dermatología, acusándoles de acoso académico y laboral en el ejercicio de su residencia médica.

En medio de este proceso de denuncias y de varias situaciones de índole personal, la médica perdió uno de los semestres del posgrado y, sin permitírsele realizar el semestre de prueba al que tienen derecho los estudiantes que afrontan una situación de este tipo, se le separó del sistema de estudios.

Sin embargo, y como Ana denuncia que su situación se debe al acoso del que fue víctima, inició una serie de apelaciones en los órganos de la Universidad (en el Programa de Especialidades Médicas, PPEM, y en el Sistema de Estudios de Posgrado, SEP) que finalizaron en múltiples denuncias contra los funcionarios involucrados en cada órgano y con el caso en manos de la Rectoría universitaria.

Dato D+: Lea más detalles en la nota “Se nota que la orden es desechar las denuncias”.

Ahora bien, a la fecha el caso sigue vivo en dos frentes: el primero es en la Comisión Instructora Institucional de la UCR (que es la que regula la situación de los estudiantes que, durante su periodo de residencia, son a su vez empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social) y, ahora, en el Contencioso Administrativo.

Del primer proceso ampliaremos más adelante pero, en la segunda instancia, el caso empezó a discutirse el presente mes de noviembre, luego de que la doctora presentara una denuncia contra la UCR en la que solicitó que se le devuelva a su posgrado, a fin de que pueda continuar estudiándolo ya que, señala, se tocó su plaza como alumna a pesar de que las denuncias por acoso no habían agotado la vía administrativa pues, como indicamos, siguen vivas a lo interno de la universidad.

Según señaló Ana en una conversación sostenida con Delfino.cr:

Lo más importante que se está viendo en el Contencioso es que mis denuncias por acoso no fueron resueltas en más de dos años y que el proceso de separación del posgrado fue ilegal pues, sin haber llevado hasta la última instancia mi denuncia por acoso, tocaron mi condición de estudiante. Prefirieron sacarme a mí que llegar a las últimas consecuencias sobre mi denuncia por acoso, a fin de protegerse entre ellos".

A inicios de noviembre el Tribunal convocó a las partes a una audiencia pero, como los expedientes que envío la Oficina Jurídica de la universidad estaban incompletos y mal certificados (según consta en el acta de la jueza tramitadora), ese primer encuentro se tuvo que suspender y se convocó a un nuevo encuentro, pactado para la próxima semana.

En esta segunda ocasión se evaluará la medida cautelar solicitada por la estudiante en contra la Universidad que busca que se le reincorpore al posgrado mientras el órgano y la Comisión Instructora Institucional resuelven la denuncia.

El tema es, sin embargo, que dentro de la UCR el caso no se está moviendo.

25 meses esperando respuesta

La Universidad tuvo totalmente detenido el proceso interno durante más de 2 años, evitando que se llevasen acabo las audiencias donde yo voy a poder referirme a la prueba, donde se van a presentar mis testigos. Detuvieron esas audiencias adrede porque no hay una sola justificación, pues hay documentación que indica claramente que la audiencia contra mi profesor denunciado está lista para ser ejecutada".

Como mencionábamos anteriormente, además del proceso a lo externo de la universidad, el caso sigue vivo en la Comisión Instructora Institucional de la UCR y en la Rectoría.

A este último órgano se envió el expediente luego de que la Contraloría Universitaria indicase que es Rectoría el órgano más competente para dar respuesta ante las omisiones del SEP y del PPEM, según consta en el oficio R-6541-2021 del ente rector, del que este medio tiene copia.

Ahora bien ¿se acuerdan de que antes les mencionamos que la condición laboral de los estudiantes del posgrado de Medicina implica una doble jefatura? Pues bien, apelando a esta segunda instancia, y en vista de que en la primera el expediente no se movía, desde mayo de 2019, tras ser recusada por la estudiante, la decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado optó por elevar el caso a la Junta de Relaciones Laborales de la Caja y a la Comisión Instructora Institucional de la UCR.

Es en esta instancia donde las audiencias, más de dos años después, no han avanzado pues a la única convocada hasta ahora, realizada el pasado 15 de abril, el profesor denunciado no se presentó y luego se cambió la condición de nombramiento.

No fue si no hasta este jueves 18 de noviembre cuando el Órgano de Procedimiento de Instrucción, ente encargado de la Comisión, anunció la convocatoria a la próxima audiencia en este órgano, una que se realizará el próximo 9 de diciembre, siete meses después del fallo en la primera, algo que la estudiante reprocha:

Yo a los que tengo denunciados son a los docentes universitarios y reconocer eso para la UCR es incomodísimo porque saben que si yo logro demostrar en vía administrativa que el acoso que denuncio es cierto, probaríamos ese acoso laboral que tanto se denuncia en la Universidad".

Esta convocatoria tardó siete meses en llegar a pesar de que, como consta en el oficio RES-OPI-064-2021 del Órgano de Procedimiento de Instrucción, emitido el 27 de setiembre pasado y del cual este medio tiene copia, "la causa contra los citados profesores ya se encuentra lista para ser convocada a audiencia oral y privada". Dicha audiencia se realizará el próximo 9 de diciembre.

Yo llevo 25 meses desde que denuncié y no se ha llevado ni una sola audiencia a lo interno de la universidad: yo he tenido que recusar a un decano, denunciar a otro, denunciar al PPEM, soportar que mis denunciados se cambien la condición de nombramiento a ad honorem, lo que retrasó todo el proceso, y ahora que todo está listo para que se lleven acabo las audiencias, yo quiero que me digan por qué no me han permitido demostrar que el acoso que yo denuncio es cierto. ¿A quién se le ocurre que uno en condición de víctima o denunciante tiene que estar pidiendo que hagan las audiencias? Yo tengo todo mi derecho de demostrar, a lo interno de la universidad, el acoso del que fui víctima porque todos esos docentes siguen ahí con posibilidad de hacer daño a otros estudiantes porque en este momento la universidad ni siquiera los ha tocado".

La médica, incluso, comparó el caso con el del catedrático de la Facultad de Derecho de esta misma universidad, Minor Salas Solís, en cuyo proceso hasta la Sala Constitucional tuvo que intervenir puesto que la UCR no notificaba al docente sobre las denuncias en su contra:

Si ya se cambiaron hasta la condición de nombramiento para que no los juzguen y si faltan a las audiencias ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que se escondan como Minor Salas en Derecho? Total, a ellos ¿qué les importa? si la Universidad, con fondos públicos, es la que paga".