El 2 de octubre del 2019 la Sala Constitucional dio la razón a Delfino.cr y declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad promovida desde este medio que buscaba transparentar el accionar legislativo.
En la sentencia 2019-018932 que eliminó varios artículos del Reglamento Legislativo, el Tribunal Constitucional señaló que “los principios de publicidad y transparencia son la regla general y que ellos solo pueden exceptuarse de manera casuística”.
Actual Asamblea: Apatía, indiferencia y falta de voluntad política
Sin embargo, tras haber sido notificados de esa resolución a la fecha la actual Asamblea Legislativa ha continuado realizando votaciones para distintos nombramientos a la Corte Suprema de Justicia (propietarios y suplentes), Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes de manera secreta, violentando los principios constitucionales de publicidad y transparencia.
La legislatura actual ha dejado un mensaje muy claro a la población costarricense: no tuvo el menor interés en fomentar la transparencia a la hora de elegir puestos claves para la institucionalidad costarricense. Por el contrario, siguió con las prácticas tradicionales plegadas al secretismo y la opacidad.
Dato D+: Desde que se dio la sentencia 2019-018932 la Asamblea Legislativa ha nombrado con voto secreto en la Corte Suprema de Justicia a: Damaris Vargas Vásquez (Sala I), Gerardo Rubén Alfaro Vargas (Sala III), Álvaro Burgos Mata (Sala III), Sandra Eugenia Zúñiga Morales (Sala III), Anamari Garro Vargas (Sala Constitucional), así como a Bernal Aragón Barquero (subcontralor de la República) y Tatiana Mora Rodríguez (defensora adjunta de los Habitantes).
Futura Asamblea: ¿Compromiso con la transparencia?
Es por este motivo que desde Delfino.cr hemos invitado a todos los partidos políticos que aspiran a una curul en la Asamblea Legislativa 2022-2026 a que firmen el Compromiso por las votaciones públicas en los nombramientos de la Asamblea Legislativa, un documento en el cual los partidos y candidaturas presidenciales (o primeros lugares en partidos provinciales) se comprometan a que, de llegar al Congreso reformarán el Reglamento Legislativo para que toda votación de nombramientos que realice el Plenario Legislativo y la Comisión de Nombramientos deba ser pública. Además, aceptan asumir el compromiso de que esa reforma deberá ser aprobada antes de que la próxima Asamblea realice cualquier nombramiento.
El documento fue enviado a todos los partidos nacionales y provinciales que tienen candidaturas a la Asamblea Legislativa (también puede ser descargado en versión Word en este enlace) y tendrán tiempo para enviarlo firmado de vuelta (a la dirección [email protected]) hasta el 6 de diciembre, día en que se anunciará públicamente cuáles partidos firmaron el compromiso y cuáles no lo hicieron.
El compromiso se pensó originalmente a nivel de los partidos políticos, sin embargo, ante la solicitud de candidaturas a la Asamblea Legislativa de firmar el documento por su cuenta se habilitó el siguiente documento (en Word o PDF) para que puedan hacerlo también de forma individual.
Acción pendiente contra secretismo en elección a la Corte Suprema
Ante la Sala Constitucional se encuentra pendiente de resolución, desde el 24 de junio del 2019, otra acción entablada desde Delfino.cr contra el uso del voto secreto para la elección y reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Dicho caso se lleva bajo el expediente 19-011022-0007-CO y tiene coaduvancia positiva de la bancada legislativa del Partido Acción Ciudadana, la diputada María Inés Solís Quirós del PUSC y se le acumuló otra acción similar de José María Villalta Flórez-Estrada del Frente Amplio.
Sobre este caso, la Procuraduría General de la República (PGR), institución que funge como Abogado del Estado y asesor imparcial de la Sala Constitucional, dio la razón a Delfino.cr.
Julio Jurado Fernández concluyó que tanto el proceso de votación para elegir a los magistrados, así como el de su destitución por no-reelección, debe hacerse —tanto en comisión como Plenario— de forma pública.
En el documento de 21 páginas, Jurado afirmó que por la naturaleza de la Asamblea Legislativa el procedimiento que dicho cuerpo utilice para nombrar a los magistrados, debe reflejar su carácter representativo: "Así el procedimiento que se utilice para elegir a los magistrados debe ser transparente, amplio y simultáneamente flexible".
