El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó el día de hoy al Directorio de la Asamblea Legislativa que las credenciales legislativas solo pueden ser removidas por las causales establecidas taxativamente en la Constitución Política, las cuales no incluyen el oponerse a recibir una vacuna que sea obligatoria para las personas funcionarias públicas.

La resolución del TSE se da tras la consulta que planteó el Directorio Legislativo ante el anuncio por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología anunció de que la vacunación sería obligatoria para todas las personas funcionarias públicas pero según el TSE, no existe forma de implementar esa medida en el caso de las personas que están en puestos de elección popular, como las y los diputados de la República.

Dato D+: Las razones que pueden motivar la pérdida de credenciales legislativas están establecidas en el artículo 112 de la Constitución e incluyen faltas al deber de probidad. Sin embargo, la Asamblea Legislativa tiene pendiente la aprobación de una ley que defina los procedimientos para regular ese artículo constitucional.

El Directorio Legislativo también había consultado al Departamento Jurídico de la Asamblea sobre si se puede implementar la vacunación obligatoria a las personas funcionarías del Congreso y en ese caso, el Tribunal señaló que sí es posible exigir la vacunación a todas las personas funcionarias de las cuales la Asamblea fuera el patrono y que en el caso del personal que trabajará en servicios tercerizados a empresas privadas, ahí será prerrogativa del patrono privado si exige o no el requisito de vacunación.

A pesar de que el Poder Ejecutivo anunció la obligatoriedad de la vacuna en el sector público y la prerrogativa a los patronos privados de exigir la vacunación a partir del próximo 11 de octubre, las autoridades todavía no han publicado el decreto necesario para su implementación.

El diputado Melvin Nuñez Piña (PRN), quien ya padeció de COVID-19 e incluso tuvo que ser hospitalizado por la enfermedad, es el único miembro del Primer Poder de la República que se niega a vacunarse e, incluso el pasado lunes, recriminó al Directorio Legislativo la consulta realizada para tratar de forzarlo a inocularse.