Pese a ser aprobado en primer debate con 22 votos a favor y 16 en contra el martes 26 de octubre, José María Villalta Flórez-Estrada y diez diputados más enviaron este jueves a consulta de la Sala Constitucional el proyecto de ley 21.745, que contempla legalizar el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte.
A raíz de esta decisión, empieza un proceso de admisibilidad y estudio que deja el proyecto de ley fuera de votación, al menos por un mes. La Sala tiene este lapso de tiempo para analizar el expediente y dar un dictamen final.
Si usted gusta revisar la consulta constitucional completa, puede hacerlo en el siguiente enlace.
La nueva consulta constitucional indica que dicho proyecto contiene vicios constitucionales por el fondo y vicios esenciales de procedimiento, tales como obligar al ICODER a ejecutar políticas públicas que legalmente no le corresponden y que sí le corresponden al PANI sin consulta formal previa.
Aunado a Villalta, la consulta fue firmada por Patricia Villegas, Walter Muñoz, María Vita Monge, Shirley Díaz, Paola Vega, Catalina Montero, Enrique Sánchez, Nielsen Pérez, Carolina Hidalgo y Mileidy Alvarado.
El proyecto de ley 21.745 es el segundo (bajo la misma línea) que intenta ser aprobado durante el cuatrienio 2018-2022. Recordemos que, en noviembre del 2020, el proyecto de ley 21.663 de Erwen Masís fue aprobado en primer debate con 29 votos a favor y 9 en contra, pero también fue enviado a consulta de la Sala Constitucional por algunas inconsistencias.
La Sala Constitucional resolvió en mayo de este año que dicha iniciativa contenía un vicio de procedimiento y por lo tanto, debía retroceder al trámite previo al 19 de noviembre. Todavía puede ser votado en el plenario, pero requiere de la sentencia completa de la Sala Constitucional y un dictamen afirmativo de la Comisión Permanente Especial sobre Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley que fue enviado a consulta este jueves había recibido una moción de retrotracción la semana pasada. Esta moción causó que el proyecto denominado "Ley de autorización para la publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento" fuera devuelto al trámite de primer debate, lo que permitió que los diputados realizaran modificaciones de fondo antes de volver a votarlo en primer y segundo debate.
El texto que recibió 22 votos a favor este martes pretendía reformar el artículo 12 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley N.° 9047, para que se lea de la siguiente manera:
Se permite la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte, por parte de las empresas públicas o privadas productoras, comercializadoras o distribuidoras de estas bebidas con contenido alcohólico, a toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte a través de la figura del patrocinio deportivo."
Además, se agregaría lo siguiente:
Este patrocinio podrá ser utilizado por las marcas o los nombres de bebidas con contenido alcohólico, en publicidad relacionada con el deporte, así como en vallas publicitarias en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación, comité olímpico, liga deportiva o comité cantonal de deportes. Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en uniformes deportivos y actividades deportivas de ligas menores."
En primera instancia, el proyecto de ley pretendía imponer un impuesto del 8% a cada transacción entre la entidad deportiva y la empresa patrocinadora, pero esto ya no será así. El jueves 21 de octubre se aprobó una moción de fondo en la que se dispone que el impuesto será del 6%, el cual será repartido de la siguiente manera:
- 3% al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica.
- 1% a los Comités Cantonales de Deporte.
- 1% al Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica.
- 1% al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), quien deberá elaborar y ejecutar acciones destinadas a prevenir la violencia intrafamiliar. Estas acciones el Icoder deben estar coordinadas con el Instituto Nacional de la Mujer (lnamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
El encargado de recibir este 6% será el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (lcoder). Este ente gubernamental deberá administrarlo mediante una cuenta separada y trasladarlo en menos de quince días a los demás comités.
Aunado a la reducción del impuesto, los diputados incluyeron medidas más restrictivas en la repartición de estos fondos. En la nueva moción de fondo, se incluye que "los recursos correspondientes a este impuesto deberán ser incorporados y aprobados en el Presupuesto de la República". Esto permitirá que el Gobierno pueda monitorear en qué se utiliza el dinero, pese a que sea repartido a asociaciones privadas, como el Comité Olímpico Nacional y el Comité Paralímpico Nacional.
El nuevo texto indica que las instituciones beneficiarias destinarán, en forma exclusiva, los recursos para la adquisición, contratación de bienes y servicios destinados a la construcción de infraestructura y equipamiento de inmuebles deportivos, así como la contratación de bienes y servicios, el equipamiento y logística de los deportistas que participen en el ciclo olímpico. Estos recursos no se podrán utilizar para gastos administrativos de ninguna índole.
A modo de conclusión, una de las mociones aprobadas el jueves 21 de octubre también señala que Icoder deberá verificar que los recursos de esta ley sean utilizados de manera correcta.
Puede revisar el texto completo de este proyecto de ley en este enlace.
