Los magistrados de la Sala Constitucional condenaron a la Universidad de Costa Rica (UCR) por su "falta de acción" ante una denuncia interpuesta por una estudiante (cuyo nombre se reserva para resguardar su privacidad), en la que acusaba al catedrático de la Facultad de Derecho de la entidad académica, Mainor Salas Solís, por acoso sexual en su contra.
Según señala el Por Tanto de la resolución número 2021019152 (de la que este medio tiene copia), perteneciente al expediente 21-014701-0007-CO y emitida el 26 de agosto de este año:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la falta de trámite de la denuncia por hostigamiento sexual, interpuesta por la parte recurrente desde el 19 de noviembre de 2019. Se ordena a Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que en el procedimiento administrativo por hostigamiento sexual, denunciado por la recurrente en contra de Mainor Salas Solís, se realicen las acciones y se giren las ordenes pertinentes a fin de que, en el plazo máximo de 15 días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la notificación del auto de traslado de cargos, así como también, que se realicen las posteriores actuaciones y diligencias en plazos que no resulten desproporcionados y violatorios a los derechos fundamentales de la parte amparada. Se condena a la Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo".
El caso se remonta a 2019, cuando un grupo de alumnas y exalumnas de Salas denunciaron al catedrático en una publicación del Semanario Universidad, acusándole de insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales emitidas desde su puesto de profesor en la Facultad de Derecho.
Las denunciantes llevaron su denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CICHS) de la UCR, órgano encargado de estas investigaciones, y también ante el Decanato de la Facultad y ante la Rectoría, que procedieron a remitirlas de nuevo a la CICHS.
Sin embargo, y según señaló el medio universitario Interferencia el pasado mes de agosto, un año y nueve meses después de que se interpusieron las denuncias, la Comisión no ha realizado ni una sola audiencia, pues el catedrático ni siquiera ha sido notificado sobre las causas en su contra, de acuerdo con información a la que tuvo acceso el medio y que fue confirmada por Boris Molina, el abogado de Salas.
Según detalla el medio:
Las autoridades de la universidad no han podido tener contacto directo con Salas para notificarle de manera personal, como dicta la ley. Las justificaciones se relacionan con que el docente ha hecho teletrabajo, que no se pudo acceder a su vivienda por estar en un residencial privado en el que 'nadie salió a abrir' y a reiteradas incapacidades por enfermedad".
Así también se desprende en el expediente que se tramitó en la Sala Constitucional y que fue presentado por una de las alumnas denunciantes mediante el citado recurso de amparo, en el que se condena a la universidad por la violación al derecho a una justicia pronta y cumplida.
Según los Considerandos de la sentencia:
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la amparada (...) En el presente asunto, de lo informado por las autoridades recurridas y la prueba aportada, se aprecia que, la denuncia interpuesta por la recurrente fue presentada desde el 19 de noviembre de 2019 y que, transcurridos más de año y medio no se ha logrado notificar los cargos al denunciado. Esta Sala no desconoce que se han suscitado circunstancias como la pandemia por COVID-19, que ocasionan una cierta demora en los procesos; no obstante, tratándose de este tipo de denuncias, el plazo sin que se haya realizado al menos la notificación del auto inicial no resulta de recibo, más aún, cuando se observan largos períodos de inacción. Esta omisión, sin duda, ha incidido en el derecho de la recurrente de lograr obtener una justicia pronta, máxime en este caso, donde se denuncian presuntos hostigamientos sexuales en contra de la persona amparada".
Esta es la segunda vez que la Universidad de Costa Rica es condenada por un recurso de amparo interpuesto por una estudiante por causas referidas a acoso y hostigamiento sexual dentro de la entidad académica.
La primera condena fue la referente al caso de María, la estudiante del posgrado de Ortopedia del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) de la universidad, que en abril pasado ganó su respectivo recurso de amparo por violaciones a sus derechos como estudiante (y que tras una lucha de más de 2 años, ahora por sin se va a poder graduar).
Dato D+: Repase los detalles sobre este caso en el Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) en el reportaje Denuncias en el programa de posgrados en Medicina tienen a la UCR con un pie en los Tribunales.
