El Juzgado Penal de Desamparados ordenó esta semana que se abra juicio contra el exsacerdote católico, Mauricio Víquez Lizano, acusado de haber cometido 61 delitos sexuales en perjuicio de cuatro víctimas que para el momento de los hechos eran menores de edad.

La orden se emitió este jueves y responde a la solicitud que la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público hizo ante el Juzgado, para que se lleve a Víquez ante los tribunales.

Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Fiscalía enviado esta mañana:

El Juzgado admitió la totalidad de la prueba presentada por la representación fiscal, tras la investigación realizada dentro del expediente 18-000854-0994-PE, por lo que el imputado, quien es exsacerdote, enfrentará el debate acusado por 61 presuntos delitos, entre los que se encuentran abusos sexuales, violaciones, abusos deshonestos y difusión de pornografía".

En total, a Víquez se le acusa de 29 delitos de abusos deshonestos; 22 de abuso sexual en perjuicio de persona menor de edad; uno de tentativa de violación; 3 de violación; cinco de difusión de pornografía y uno de corrupción agravada, según anunció la Fiscalía.

Esta causa penal es larga data y estuvo a punto de prescribir en setiembre del año 2019, luego de que el exsacerdote saliese del país a fin de evitar ser notificado.

Así, y a sabiendas de que las autoridades lo estaban buscando, el 9 de enero de ese año Víquez salió de Costa Rica rumbo a México, luego de que la Iglesia Católica presuntamente le avisara sobre las causa penales que pesan en su contra.

No fue sino hasta que una llamada anónima a la justicia mexicana alertó sobre su paradero en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, que el proceso de notificación pudo concretarse con ayuda de autoridades mexicanas y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que había puesto a Víquez en alerta roja desde el 11 de abril de 2019.

Por ello y tras un proceso de casi dos años en el que tras su arresto, Víquez trató de impedir su extradición al país, el exsacerdote finalmente regresó a suelo nacional el pasado 6 de mayo.

Ahora, y según finalizó la Fiscalía, es el Tribunal Penal de Desamparados el que deberá programar la fecha en que se realizará el juicio oral y público.

Víquez actualmente descuenta seis meses de prisión preventiva, a la espera de que inicie su juicio.