El Juzgado Penal de Desamparados ordenó seis meses de prisión preventiva contra el exsacerdote católico, Mauricio Víquez Lizano, luego de que se concretara su extradición a Costa Rica, procedente de México.
La confirmación a la prensa la realizó el Ministerio Público la tarde de este viernes, luego de que la Fiscalía Adjunta de Género indicara que se aprobó la solicitud al respecto que realizaron el día de ayer.
La medida cautelar fue acogida en una audiencia que inició a las 10:00 de la mañana de este viernes y finalizó a eso de las 4:30 de la tarde.
Según la Fiscalía, uno de los argumentos del ente acusador y que fue avalado por el Juzgado, es el hecho de que ninguna de las denuncias que se investiga se encuentra prescrita.
Incluso, la representación fiscal aportó evidencia de que las autoridades mexicanas dieron curso a la extradición de Víquez por la totalidad de los hechos con los que se le vincula y que se encuentran dentro de la causa 18-000854-0994-PE.
El imputado figura como sospechoso de cometer numerosos delitos sexuales contra menores de edad, entre los que destacan abuso sexual, violación calificada, corrupción agravada, violación agravada en grado de tentativa y difusión de pornografía, en perjuicio de cuatro víctimas, quienes habrían sido monaguillos de las iglesias de Patarrá de Desamparados y Santa Teresita de Ávila, cuando el exsacerdote estaba adscrito a estos centros religiosos.
Esta causa penal estuvo a punto de prescribir en setiembre del año 2019, por lo que se intentaba localizar al sacerdote para notificarlo. A sabiendas de esta situación, desde el 9 de enero de ese año, Víquez salió de Costa Rica rumbo a México luego de que la Iglesia Católica presuntamente le avisara sobre las causa penales que pesan en su contra.
No fue sino hasta que una llamada anónima a la justicia mexicana alertó sobre su paradero en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, que el proceso de notificación pudo concretarse con ayuda de autoridades mexicanas y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que había puesto a Víquez en alerta roja desde el 11 de abril de 2019.
La Fiscalía General costarricense agregó además que la extradición de Víquez se consiguió con la coordinación de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI), luego de que fuese capturado.
Así, el pasado 8 de abril la Cancillería mexicana puso al detenido a las órdenes de la Fiscalía General de ese país, luego de que se resolvieran una serie de recursos legales interpuestos por el exsacerdote para retrasar el traslado a Costa Rica.
