La Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público costarricense, confirmó la tarde de este jueves que solicitará medidas cautelares contra el exsacerdote católico, Mauricio Víquez Lizano, luego de que se concretara la extradición de este a Costa Rica, procedente de México.

Según informó el Ministerio Público en una comunicación enviada a la prensa, cerca de las 2:30 de la tarde de hoy se la concluyó la toma de la declaración indagatoria de Víquez y ahora se está a la espera de que el Juzgado Penal de Desamparados programe la audiencia en la que la fiscalía solicitará que se ordenen estas medidas.

Tras su arribo al país, a eso del mediodía de hoy, el exsacerdote fue trasladado a celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) donde se le tomaron los datos previos y señas de identificación y desde donde se le puso a las órdenes de la Fiscalía.

Víquez enfrenta la causa penal 18-000854-0994-PE, en la que se le investiga como sospechoso de cometer numerosos delitos sexuales contra menores de edad, entre los que destacan abuso sexual, violación calificada, corrupción agravada, violación agravada en grado de tentativa y difusión de pornografía, en perjuicio de cuatro víctimas, quienes habrían sido monaguillos de las iglesias de Patarrá de Desamparados y Santa Teresita de Ávila, cuando el exsacerdote estaba adscrito a estos centros religiosos.

En este sentido, es necesario señalar que hoy, y tras la llegada de Víquez al país, el abogado del exsacerdote Rafael Rodríguez, señaló a AmeliaRueda.com que la defensa pedirá al Juzgado que no se le imponga prisión preventiva, asegurando que el excura "tiene arraigo y nunca ha sido reo rebelde”.

Sin embargo, cabe recordar que Víquez tuvo que ser extraditado de México luego de haberse fugado de Costa Rica hacia el país norteamericano, en un intento de evitar ser notificado de los delitos en su contra antes de que estos prescribieran.

Esta causa penal estuvo a punto de prescribir en setiembre del año 2019, por lo que se intentaba localizar al sacerdote para notificarlo. A sabiendas de esta situación, desde el 9 de enero de ese año, Víquez salió de Costa Rica rumbo a México luego de que la Iglesia Católica presuntamente le avisara sobre las causa penales que pesan en su contra.

No fue sino hasta que una llamada anónima a la justicia mexicana alertó sobre su paradero en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, que el proceso de notificación pudo concretarse con ayuda de autoridades mexicanas y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que había puesto a Víquez en alerta roja desde el el 11 de abril de 2019.

El Ministerio Público costarricense agregó además, que la extradición de Víquez se consiguió con la coordinación de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI), luego de que fuese capturado.

Así, el pasado 8 de abril la Cancillería mexicana puso al detenido a las órdenes de la Fiscalía General de ese país, luego de que se resolvieran una serie de recursos legales interpuestos por el exsacerdote para retrasar el traslado a Costa Rica.

La entrega del imputado a las autoridades costarricenses se realizó en el plazo de 60 días naturales que establece el tratado bilateral de extradición, el cual corre a partir de que el sospechoso fue puesto a la orden de los órganos competentes para ejecutar su entrega", finalizó el Ministerio Público.