El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate un proyecto de ley que otorgará a la Universidad Técnica Nacional (UTN), una frecuencia de televisión y radio con el propósito de que difunda educación técnica gratuita.
Se trata del expediente 21.176, presentado por el diputado José María Villalta del Frente Amplio, y que recibió 39 votos a favor y 2 en contra, estos últimos provenientes de Dragos Dolanescu Valenciano y Erick Rodríguez Steller.
Según el texto aprobado, se otorgará a la UTN en concesión especial por un período de 99 años renovables por períodos iguales, una frecuencia de radio en la banda de FM para el servicio de radiodifusión sonora y una frecuencia de televisión en las bandas de UHF para el servicio de radiodifusión televisiva, así como las frecuencias repetidoras y frecuencias de enlace de microondas, y sus equivalentes en las nuevas tecnologías digitales o de otro tipo, "con el objetivo de facilitar la difusión del conocimiento, la cultura y la educación técnica a todos los niveles, en cumplimiento de los fines establecidos en la Ley N.º 8638, de 14 de mayo de 2008"
El Estado no podrá cobrar ninguna contraprestación, canon o tarifa a la UTN por el uso de esas frecuencias; que de no haber disponibilidad al momento de aprobarse la ley, dejará a la UTN en prioridad para la entrega de las que eventualmente se liberen, así como de la asignación de canales de programación para la radiodifusión digital.
La iniciativa también ordena al Poder Ejecutivo recuperar, por medio del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, las frecuencias a nivel radial o televisivo y sus equivalentes en tecnologías digitales que se encuentren sin uso o que estén siendo explotadas sin cumplir con los requisitos reglamentarios o legales, para que puedan ser otorgadas a la UTN.
Finalmente, se dispone que la Universidad Técnica Nacional coordine con el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Cultura y Juventud, las universidades públicas y las demás instituciones públicas y privadas, la producción de programas de radio y televisión que apoyen el plan de estudios en los diferentes ciclos educativos y las actividades culturales a nivel nacional.
Breves
— Con 39 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.311 "Desafectación del uso público de un bien inmueble, autorización para que se cambie la naturaleza del bien inmueble y se autorice a la Municipalidad de Cañas para que segregue y done el inmueble de su propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.161 "Ley para el fomento de la economía creativa y cultural". Esta iniciativa establece la obligación del Estado de emitir una política decenal en Economía Creativa y Cultural, y crea un Consejo rector encargado de impulsar políticas públicas y coordinar acciones dirigidas al fortalecimiento y expansión de los emprendimientos culturales. Dicho Consejo promoverá la generación de incentivos, la protección de la propiedad intelectual y la promoción del comercio exterior creativo. De igual manera, se generarán facilidades de crédito para los emprendimientos creativos y culturales mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 21.055 "Reforma de la Ley N° 4420, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, de 22 de setiembre de 1969, y sus reformas".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.058 "Reforma de los artículos 37, 40 y 41 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935". El proyecto pretende flexibilizar la integración de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), para que la integración sea de las personas jerarcas señaladas en la actualidad, pero agregando la posibilidad de que quienes ocupen el cargo de Gerente General de la Junta de Protección Social y del Instituto Mixto de Ayuda Social o la persona que ocupe el cargo de Gerente Médico de la Caja Costarricense del Seguro puedan sustituir a las personas que ocupen el cargo de Presidencia Ejecutiva de estas instituciones autónomas cuando sea necesario en la Junta. Igualmente, con respecto a las universidades estatales y otras organizaciones no gubernamentales que ocupan un campo en la Junta, la reforma confiere la posibilidad de designar personas suplentes.
— La Comisión de Honores dictaminó afirmativamente el expediente 22.436 "Declaración de benemeritazgo de la Patria a Margarita Segreda Víquez" y el expediente 22.348 "Benemérito de la Patria del sacerdote Eladio Sancho Cambronero". El expediente 21.251 "Benemérito de la Patria Fernando Lara Bustamente" fue rechazado dado que ya tiene esa distinción.
— La Comisión de Asuntos Municipalidades rechazó el expediente 20.904 "Autorización a la Municipalidad de Desamparados para que segregue un terreno de un bien inmueble de su propiedad, se modifica su uso y naturaleza y se autoriza su donación al Instituto Nacional de Aprendizaje"; el expediente 21.767 "Autorización a la Municipalidad de Bagaces para que condone deudas por recargos, multas e intereses de impuestos municipales", y el expediente 22.183 "Autorización a la Municipalidad de Montes de Oca para la aplicación de herramientas ante la emergencia declarada del COVID-19".
— La diputada Shirley Díaz renunció al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y se declaró diputada independiente, llevándose consigo la representación de la Unidad en las comisiones de Control de Ingreso y Gasto Público; Juventud, Niñez y Adolescencia; y de la Mujer; además de uno de los puestos en la Comisión de Hacendarios. El PUSC queda ahora como una fracción de ocho diputados y el bloque de diputados independientes asciende a 11 con lo que pasa a ser la "segunda fuerza" del Congreso, solo superado por Liberación Nacional que tiene 17 legisladores.
— El Ministerio de Hacienda hizo entrega a la Asamblea Legislativa, este miércoles, del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022, el cual asciende a los 11.50 billones de colones, un aumento del 1.94% respecto al presupuesto inicial del 2021, pero del 0,9% (¢105.505 millones) respecto al actual. El 52,8% del presupuesto se financiará con ingresos y el 47.2% con endeudamiento; una mejoría respecto a este año donde el 54.9% del presupuesto se financia con deuda y el 45.1% con ingresos; e inclusive mejor a la inicialmente prevista para el 2020 que era 52.0% de financiamiento con ingresos, y 48,0% con endeudamiento. El servicio de la deuda (amortización e intereses) consumirá para el 2022 el 43,2% del total del presupuesto. De este porcentaje, más de ¢2,2 billones (19,3% del total del presupuesto) se destinarán para pagar intereses, sin embargo, Hacienda destacó que para el próximo año el rubro de intereses crecerá menos (3.6%, 76.604 millones) que este 2021 (+6.0%, 169.017 millones).
