La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, se apersonó a la reunión de jefaturas de fracción de este jueves para buscar salidas procesales al estancamiento en el que se encuentran los proyectos de ley que integran la agenda que el Poder Ejecutivo negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y aunque Dinarte afirmó que no llegaba en ánimos de repartir culpas o señalar responsables, se tomó la molestia de evidenciar por qué los proyectos de esa agenda no han avanzado.
En la Comisión de Jurídicos -relató- hay tres iniciativas: impuesto a premios de lotería; reducción de beneficios fiscales y la modificación al impuesto a las casas de lujo.
Al primero de esos proyectos, en sesiones extraordinarias, se le programaron 22 sesiones: seis fueron canceladas, en dos no hubo quórum y en tres se pospuso su conocimiento. En sesiones ordinarias se le han programado cinco sesiones, de las cuales una fue cancelada y otra se quedó sin quorum.
El proyecto de reducción de beneficios fiscales se ha programado en 25 sesiones, de esas nueve fueron canceladas, en dos no hubo quórum y en otras dos se pospuso su conocimiento. Y al proyecto de casas de lujo, se le han programado 20 sesiones: cinco canceladas, dos sin quórum y en tres se pospuso el tema; mientras que en sesiones ordinarias se han programado cinco sesiones, pero una fue cancelada y en otra no hubo quórum.
En la Comisión de Asuntos Hacendarios está el proyecto de Renta Global Dual: en extraordinarias se cancelaron siete sesiones y en otras 13 se levantó la sesión sin llegar a ese punto de la agenda: hay ocho audiencias pendientes.
En la Comisión de Asuntos Económicos, al proyecto de ley de reforma a la Ley de Aduanas se programaron 13 sesiones en el periodo extraordinario, de las cuales seis fueron canceladas y en otra no hubo quórum. En ordinarias, se ha programado en 10 ocasiones, y una fue cancelada.
También está allí el proyecto de aporte solidario de las empresas del Estado: programado para conocerse en 12 ocasiones, seis sesiones fueron canceladas y en otra no hubo quórum: no se ha hecho ninguna de las audiencias aprobadas.
Debido a que la agenda está repartida en diferentes comisiones donde no avanza, Dinarte propuso nuevamente la creación de una comisión especial para tramitar estas iniciativas, sin embargo, las puertas se le cerraron casi de inmediato: Pablo Heriberto Abarca del PUSC dijo que su fracción no apoya la agenda y que tampoco dará sus votos para que esta avance de forma célere; mientras que María José Corrales del PLN dijo que las diputadas del PAC son las que impiden sesionar en la Comisión de Jurídicos por sus ausencias.
Asimismo, Corrales pidió que antes de hablar de una comisión especial, el Ejecutivo envíe los textos sustitutivos de todos los proyectos que integran la agenda del FMI.
Usted lo que ha venido es a tirarnos la responsabilidad únicamente a nosotros de que no se ha avanzado una agenda que ustedes plantearon. Lo que voy a manifestar es que se revise la ausencia de diputados en comisiones, especialmente en Jurídicos, quiénes son las diputadas que no asisten para que no haya quorum; antes de disparar o señalar tenemos dedos que nos apuntan a nosotros, el oficialismo es el que le debe a la Comisión de Jurídicos que se permita avanzar, son ellas las que lastimosamente no llegan a hacer quorum o piden permisos constantemente a esa comisión.
La presidenta legislativa, Silvia Hernández Sánchez, le recordó a la ministra de la Presidencia que ella fue una de las que habló de crear una comisión especial, pero que a estas alturas sería tiempo perdido y que no habría 38 votos para aprobarlo. Esto llevó a la jefa del PAC, Laura Guido Pérez, a recordar que la creación de comisiones no requiere 38 votos, por lo que Hernández le dijo que sí los necesitaría la moción para conocer en agenda la creación de ese foro especial; Guido replicó que al ser una moción de orden, la presidenta podía ponerla a votación en el momento que considerara oportuno.
La ministra de la Presidencia también planteó que dos proyectos que no incluyen nuevos impuestos, ni materias restringidas por la Constitución, puedan delegarse a las Comisiones con Potestad Legislativa Plena (miniplenarios de 19 diputados cada uno), pero el frenteamplista José María Villalta expresó que esa propuesta era poco realista, porque ninguna fracción renunciaría a su derecho de participar en la discusión y trámite de esos proyectos, y que las iniciativas que se delegan a esas comisiones son solo las que ya están dictaminadas y tienen amplísimo consenso para ser aprobadas.
La oposición reclamó insistentemente que el Ejecutivo desaprovechara los 8 meses de sesiones extraordinarias, un "bono" que ningún otro Gobierno tendrá; y la falta de acompañamiento y presidencia del Ministerio de Hacienda en el Congreso para dar guía técnica sobre las iniciativas.
La presidenta Hernández también le hizo ver a la ministra de la Presidencia que no es correcto decir que la agenda con el FMI no avanza, pues el Reglamento de la Asamblea Legislativa dispone de plazos fatales para que las comisiones puedan dictaminar las iniciativas sometidas a su conocimiento, y anunció que en septiembre vencerá el plazo del primer proyecto, y así seguirán las demás iniciativas, por lo que ineludiblemente el Parlamento tomará decisiones sobre esas iniciativas.
Al final, el único acuerdo al que llegaron ambas partes fue que el Ejecutivo enviará los textos sustitutivos pendientes, aunque sin fechas claras para ello.
Breves
— Con 39 votos a favor y la sola oposición de Pedro Muñoz del PUSC, el Plenario aprobó en primer debate el expediente 22.603 "Quinto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 y sexta modificación legislativa de la de Presupuesto". Esta iniciativa incorpora 26 mil millones para concluir las 7 obras de infraestructura educativa abandonadas del Fideicomiso MEP-Banco Nacional; 30 mil millones a la CCSS, casi 7400 mil millones al Programa Empléate para aumentar su cobertura y cerca de otros 7400 mil millones de colones al Régimen No Contributivo de Pensiones de la CCSS.
También se encuentran 5 mil millones a la Red de Cuido; 2 mil millones adicionales para becas post-secundaria y 1366 millones al programa de Protección y Promoción Social del IMAS; autoriza destinar 3 mil millones al Instituto Costarricense de Turismo para aumentar la visitación turística, 1000 millones de colones para el movimiento comunalista; 1500 millones de colones al Incofer para su continuidad de servicios y 910 millones de colones para el MAG, SENASA y el Instituto Nacional de Investigación Tecnológica Agropecuaria.
— La Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor dio dictamen afirmativo al expediente 21.775 "Creación del Programa de Inclusión Social de la Persona Adulta Mayor con Discapacidad", iniciativa con la cual se busca proteger a una gran cantidad de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, que no tienen ninguna alternativa para desarrollar habilidades cuando son adultas, menos una oportunidad educativa, socioeducativa o de inserción social y mucho menos laboral.
