Propone un nuevo impuesto que sustituiría el impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, y establece que quedarán gravados con un 0.5% de su valor total, todos los inmuebles que tengan un valor superior a los ¢150 millones actualmente (325 salarios base) y sean de uso habitacional, ocasional o de recreo, estén o no ocupados. El valor del inmueble se definirá tomando el monto más alto de valor que aparezca en el Registro Público de la Propiedad, en las Municipalidades o en el registrado en la Dirección General de Tributación.