El Poder Ejecutivo buscará aprovechar la última semana de sesiones extraordinarias para impulsar dos proyectos de ley, por lo que vació el resto de la agenda legislativa de Plenario, causando desconcierto en la oposición pese a que ya habían sido informados el 22 de julio de que eso iba a ocurrir.
Según informó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, el gobierno priorizará la amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales; y la Ley que declara el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas.
La amnistía se tramita en el expediente 21.522 y la prohibición de exploración y explotación de petróleo y gas se estudia bajo el expediente 20.641.
"Buscamos allanar el camino en la Asamblea Legislativa para la discusión y aprobación de estas iniciativas de ley que han concluido la primera parte de su trámite legislativo y que están prestas a avanzar en una votación en primer debate. Priorizamos estos proyectos por su impacto en la reactivación económica y los compromisos país en la descarbonización y la mitigación del cambio climático”, dijo la ministra de la Presidencia.
En la sesión de Plenario de este martes, sin embargo, no se conocieron ninguno de los dos proyectos: terminado el control político, se sometió a conocimiento de la mesa una moción para realizar un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado Rodolfo Peña del PUSC; y para conocer una moción sobre la situación en Cuba.
Presentada la moción, la jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, pidió un receso de 40 minutos y al regresar, empezó la votación y posterior debate.
La moción sobre Cuba pretendía que el Congreso costarricense expresara su solidaridad con el pueblo cubano; manifestara su repudio a la represión ejercida por el régimen socialista; exhortara al gobierno cubano a restablecer y garantizar la continuidad y el libre acceso a Internet y redes sociales; saludar la apertura del régimen a que su población reciba remesas, medicamentos y productos de primera necesidad del exterior; que hiciera un llamado a los sectores políticos y sociales de Cuba para que detengan cualquier forma de violencia: e instar a la Cancillería costarricense y a la comunidad internacional a interponer sus buenos oficios a favor de un desarrollo pleno del multilateralismo regional.
La moción recibió 44 votos a favor y 1 en contra, este último procedente del diputado José María Villalta del Frente Amplio, quien presentó una moción de revisión, para repetir la votación, alegando que la Asamblea había excluido un elemento importante de la situación en Cuba, relativo al embargo estadounidense contra la isla. Sin embargo, y tras una discusión con Carlos Ricardo Benavides, la revisión no prosperó.
El resto de la sesión se destinó a realizar un nuevo homenaje a la memoria del diputado Rodolfo Peña, fallecido la semana pasada por las secuelas de la COVID-19. Entre las intervenciones hubo quienes destacaron el don de gentes de Peña, y otros que lamentablemente usaron el espacio para llevar agua a sus molinos, como Pedro Muñoz, quien pidió aprobar el proyecto para cambiar la forma de reelegir a los magistrados; o Floria Segreda, que prácticamente culpó al Ejecutivo de la muerte de Peña por no haber vacunado a los diputados, olvidando por completo cómo se generó la cadena de contagios de COVID-19 en el Congreso que terminó con el legislador enfermo.
El minuto de silencio recibió 38 votos a favor y ninguna oposición. La persona que sucederá a Peña en la curul aún no ha sido anunciada oficialmente, pero debería ocurrir en los próximos días.
Breve
— La Comisión de la Mujer dictaminó afirmativamente y de manera unánime el proyecto de ley que establece mecanismos legales para prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas violentas que atentan contra los derechos políticos de las mujeres, tramitado en el expediente 20.308. El proyecto incluye la definición y las diversas manifestaciones de violencia física, psicológica, patrimonial, sexual y simbólica, así como otros tipos de represalias contra las mujeres que se irrumpen en la escena de lo público a ejercer liderazgos y cargos políticos. Además de conceptualizar este tipo de violencia, establece obligaciones de prevención y sanciones administrativas, éticas, electorales y políticas, tomando en cuenta los criterios recibidos en el proceso de consulta a instituciones y organizaciones, así como los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres que rigen esta materia.
