El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el acuerdo entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le dará al país $1778 millones de dólares destinados al pago del servicio de la deuda y al abono de la histórica deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proyecto, tramitado bajo el expediente 22.433, fue presentado por el Ejecutivo el 10 de marzo de este año y ahora tendrá segundo debate después del receso de una semana que iniciará este viernes en el Congreso. En primer debate recibió 38 votos a favor y 6 en contra; para la aprobación final se requieren al menos 38 votos a favor.
Votaron en contra José María Villalta del Frente Amplio, el independiente Dragos Dolanescu, Wálter Céspedes y Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN); Shirley Díaz y Aracelly Salas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
De los recursos que recibirá el país, 1600 millones de dólares deberán utilizarse exclusivamente en el pago del servicio de la deuda, sustituyendo la fuente de financiamiento del gasto autorizado en el Presupuesto de la República y disminuyendo la respectiva emisión de títulos valores de deuda interna del presupuesto vigente.
Los 177 millones de dólares restantes deberán ser transferidos por el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), proporcionalmente a los desembolsos del financiamiento autorizado, como aporte a las deudas identificadas y conciliadas con esa institución para amortizar a la deuda del Estado con la CCSS.
El desvío o la utilización de los recursos de este crédito para fines distintos de los expresamente autorizados será sancionado según lo indicado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y, además, constituirá el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 363 del Código Penal.
Según dispuso el Congreso, los recursos autorizados por este financiamiento se incorporarán al Presupuesto de la República, mediante la aprobación de presupuestos extraordinarios autorizados por la Asamblea Legislativa.
En cada presupuesto extraordinario que incorpore los recursos autorizados del FMI, el Ministerio de Hacienda deberá reducir, de manera equivalente a los recursos incorporados, la autorización para emitir títulos valores de la deuda interna.
Además, los ahorros generados por la aplicación de esta ley no podrán ser utilizados en nuevos gastos y deberán ser eliminados del Presupuesto de la República.
El crédito equivale en dólares a 1237 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). La DEG es una demanda potencial sobre las monedas libremente utilizables de los miembros del Fondo Monetario Internacional.
La tasa de interés será anual, conformada por la tasa de interés de los DEG más 2 puntos porcentuales. La tasa estimada actualmente es 2,050% al año.
El crédito tendrá un plazo de hasta 10 años, tendrá un periodo de gracia de cuatro años y el periodo para pagarlo será de 6 años, mediante tractos semestrales. El FMI hará los desembolsos en un plazo de tres años; tiene una comisión de hasta 0.30% anual del monto programado a desembolsar en el período, que se reembolsará si se gira el monto durante el período; y un cargo por servicio de 0,50% sobre el monto desembolsado.
Ley #10.000
Con la aprobación en segundo debate del expediente 22.557 "Ampliación de los alcances de la Ley 9577 de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales", el Congreso llegó este jueves a la Ley #10.000 en el país.
Esta iniciativa propone una ampliación del plazo de 36 meses establecido en la Ley N° 9577 de Protección A Los Ocupantes de Zonas Clasificadas Como Especiales, por un periodo igual de 36 meses, en razón de que el plazo mencionado en dicha normativa ya venció, sin que exista en este momento normativa concreta y específica que resuelva la situación de los ocupantes de zonas marítima terrestre, patrimonio natural del Estado y zonas fronterizas en general.
Se establece en la propuesta, que le corresponderá conceder la moratoria sobre el patrimonio natural del Estado declarado como tal, al Ministerio de Ambiente y Energía y en caso de las zonas marítimo terrestre a las municipalidades respectivas. Se excluye del plazo anterior la ejecución de medidas cautelares judiciales o administrativas, dictadas por las autoridades correspondientes.
El segundo debate obtuvo 44 votos a favor y 0 en contra. Fue firmado como Decreto Legislativo por la presidenta Silvia Hernández Sánchez este mismo día, y le correspondió el número de Ley 10.000.
Breves
— Con 39 votos a favor y 4 en contra, se concedió un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.445 "Ley de protección del pez sierra, reforma del artículo 39 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N° 8436, de 1 de marzo de 2005".
— Con 45 votos a favor y 0 en contra, se aprobó cancelar la sesión ordinaria de Plenario del miércoles 28 de julio y en lugar sesionar extraordinariamente para conocer el expediente 21.372 "Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 20.858 "Reforma del artículo 181 de la Ley N° 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, y sus reformas".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 21.677 "Autorización para la desafectación y donación de un bien inmueble de la Municipalidad de Alajuela al Centro Agrícola Cantonal de Alajuela".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 21.389 "Autorización al Museo Nacional de Costa Rica para que done inmueble al Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer".
— La Comisión Especial Investigadora del Caso Cochinilla recibió en audiencia al director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Alejandro Navas Carro, quien afirmó que han encontrado recurrentes fallas en proyectos de obra pública en los últimos 20 años, siendo los más reiterados los bacheos mal ejecutados o colocación de asfalto bajo la lluvia, registro de información incompleta que afecta los pagos que se hacen o no se cuenta con el inspector respectivo, además de incumplimiento en las especificaciones de los materiales, problemas con los materiales; falta de estudios preliminares, diseños deficientes, malas prácticas constructivas, mala calidad de los materiales, necesidad de mejora en las plantas asfálticas, entre otros.
Agregó que históricamente las empresas constructoras incurren en la mala práctica de ser las constructoras y encargadas de los servicios de conservación, catalogándolo de conflicto de intereses pues el que construye termina reparando lo que hizo mal, pero sin hacerse cargo de los costos. También afirmó que en las obras de la Rotonda de las Garantías Sociales se presentan incumplimientos en la calidad de la mezcla asfáltica, además de agrietamientos en el pavimento; y que el Estado pagó por un asfalto más caro que el que fue colocado por las empresas constructoras.








