La iniciativa propone reformar el artículo 181 del Código Procesal Penal, (Ley Nº 7594 del 10 de abril de 1996), con la finalidad de eliminar la posibilidad de que la prueba utilizada mediante tortura, pueda ser utilizada a favor del imputado. Para estos efectos se propone suprimir la frase “a menos que favorezca al imputado” que antecede la norma que prohíbe la utilización en los procesos judiciales de “información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.”