Las jefaturas de fracción discutirán el jueves sobre la propuesta de los diputados Franggi Nicolás Solano y Jonathan Prendas Rodríguez de conformar una comisión especial investigadora del caso Cochinilla.
Si bien Nicolás y Prendas pretendían que la moción fuera sometida a votación del Plenario este mismo lunes, los diputados prefirieron que el tema sea primero analizado por las cabezas de las bancadas políticas.
En la justificación de la moción, ambos proponentes afirmaron que "esta Asamblea Legislativa no puede ser ajena de lo acontecido y en el ejercicio del control y custodia de fondos públicos que le asiste a este primer poder de la República debe colaborar en el proceso de investigación, esto por tratarse de una suma cuantiosa de fondos públicos, por la envergadura de los hechos, por el alto rango jerárquico de los implicados y los exorbitantes fondos públicos utilizados de manera indebida, es que amerita una investigación en una comisión especial".
La propuesta es que el foro esté integrado por dos diputados de Liberación Nacional, uno del Partido Acción Ciudadana, uno de Restauración Nacional, uno de la Unidad Social Cristiana, uno de los partidos minoritarios y uno de los diputados independientes.
La Comisión llevaría por nombre "Comisión especial con el objeto de investigar la presunta red de corrupción de obra vial en la que figuran altos mandos de Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), empresarios, gerentes de compañías constructoras y funcionarios públicos; con el fin de que rinda un informe que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones, hallazgos y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y/o que permitan aportar al Ministerio Público elementos para sancionar las conductas de quienes resulten responsables".
Para conformarse, la votación de la moción debe reunir al menos 38 votos a favor en su votación de Plenario. El foro tendría hasta diciembre de este año (menos de seis meses calendario) para entregar su informe al pleno, aunque se podrían otorgar prórrogas.
En el Plenario el tema del caso Cochinilla fue abordado por los diputados Shirley Díaz y Jonathan Prendas, quienes lanzaron duras críticas contra el Gobierno. Ello llevó al diputado oficialista, Luis Ramón Carranza, a reprocharle a Prendas su voto a favor de archivar investigaciones en la Comisión de Ingreso y Gasto Público por el desperdicio de $300 millones en la construcción de la carretera a San Carlos.
Prendas le respondió al legislador que los 78.000 millones de colones de perjuicio estimado por el caso Cochinilla, si se ponían en una balanza, eran mayor que los $300 millones del caso de la carretera a San Carlos.
Por su parte, la diputada del PUSC, María Vita Monge, instó a que también sean revisadas las licitaciones de obra pública en las municipalidades, ya que allí también se concentran las adjudicaciones en Meco y H. Solís, empresas investigadas por este nuevo escándalo.
Fuera de Plenario, diputados de otras fracciones reaccionaron al escándalo de corrupción.
La diputada María José Corrales Chacón, jefa de fracción del PLN, señaló: “confío en que las autoridades de este país puedan esclarecer los hechos, sobre los que estaremos muy atentos, y que se pueda determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados que, de acuerdo con las informaciones, relacionan a funcionarios públicos y de empresas del sector privado. Ante casos de este tipo debemos tener cero tolerancia, es la credibilidad del país la que está en juego”.
Desde la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca Mora, aseguró que los cuestionamientos involucran a personas muy cercanas a Presidencia, y añadió que “en el partido de la ética esperaría, también, renuncias y consecuencias de acuerdo al discurso que se ha mantenido durante mucho tiempo”.
Por su parte, José María Villalta Flórez-Estrada (Frente Amplio), publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:
La corrupción público-privada en los contratos de obra pública debe destaparse hasta sus últimas consecuencias. Que no haya impunidad y se establezcan las responsabilidades jurídicas y políticas. Que esto sirva para identificar y cerrar todos los portillos utilizados y acabar ...con la falta de transparencia que favorece estos actos corruptos”.
El independiente, Harllan Hoepelman Páez, miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, aseguró que se trata de “el caso de corrupción más importante y tejido de nuestra historia, un completo descaro que no puede quedar impune, se trataría de toda una red de empleados públicos favoreciéndose a costa de todos los costarricenses”.
Asimismo, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez (PLN) declaró:
Confío en el proceso seguido por el Ministerio Público y el OIJ para llegar a la verdad, espero declaraciones oportunas y claras del presidente Carlos Alvarado. Costa Rica es más que un puñado de corruptos y debemos llegar a las últimas consecuencias en esta investigación”.
Desde la fracción oficialista enviaron un comunicado —firmado junto a el Comité Ejecutivo Nacional del PAC y las Juventudes PAC— en el cual indicaron que esperan que estas acciones “los hechos denunciados merecen una profunda investigación para determinar las responsabilidades de cualquier persona involucrada”. Adicionalmente, los órganos del PAC señalaron su expectativa de que estas acciones “permitan identificar los portillo legales o administrativos que históricamente han despertado sospechas de irregularidades en la construcción de obra pública”.
Breves
— Con 44 votos a favor y 0 en contra, se aprobó la dispensa de trámites del expediente 22.309 "Ley para Proteger a las Personas Ocupantes de Zonas Especiales".
— Este lunes inició la discusión por el fondo, en primer debate, de la Ley Marco de Empleo Público. Cada diputado tiene hasta 20 minutos para hablar por el expediente en esta etapa del proceso, la cual continuará este martes. Hasta ahora han hecho uso de la palabra los diputados Víctor Morales Mora, Nielsen Pérez Pérez, Yorleni León Marchena, Luis Fernando Chacón Monge, Wálter Muñoz Céspedes, Welmer Ramos González, Paola Vega Rodríguez y Shirley Díaz Mejías. Los últimos cuatro anunciaron su voto en contra de la iniciativa.








