La Universidad de Costa Rica (UCR) asumirá por este año el costo de mantener operando el Consultorio Jurídico ubicado en la Defensoría de los Habitantes que presta asesoría legal gratuita a poblaciones vulnerables y de escasos recursos económicos, luego que la defensora, Catalina Crespo Sancho, anunciara su decisión de rescindir el convenio que sostiene con la universidad.

La noticia fue confirmada de forma independiente por la UCR y la Defensoría a través de comunicados de prensa.

"Tras una reunión sostenida este martes, la UCR decidió costear este monto [₡15.059.156] para permitir a las personas afectadas tener un seguimiento adecuado de sus casos, muchos de ellos vinculados a vulneraciones de sus derechos humanos, como la trata de personas o delitos sexuales", informó la Universidad, citando al rector Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Para este 2021 el Poder Ejecutivo presupuestó y la Asamblea Legislativa aprobó una partida de ₡15.059.156 para los costos de operación del consultorio, sin embargo, Crespo señaló que la institución estaba en la necesidad de rescindir el convenio por los recortes presupuestarios que fueron hechos para este 2021.

En una entrevista en el programa Matices de Radio Monumental este martes, Crespo señaló que la Defensoría no tenía plata para pagar electricidad y agua potable después de julio. Rescindir el convenio, sin embargo, no le garantizaba la disponibilidad de esos recursos pues las normas presupuestarias vigentes disponen que un traslado recursos del tipo que ella pretende debe tener aprobación de la Asamblea Legislativa, a través de un presupuesto extraordinario.

"Como universidad, nos preocupó mucho que personas con casos delicados en derechos humanos y en condiciones de alta vulnerabilidad quedaran a la deriva, sin la protección adecuada. Por eso decidimos asumir el pago del salario de la abogada coordinadora, porque de ninguna manera podíamos permitir que una restricción económica afectara a estas poblaciones", recalcó el rector.

Según datos que otorgó la docente encargada del consultorio jurídico de la UCR, Mónica Sancho Rueda, actualmente esa oficina lleva 200 procesos judiciales abiertos y se atienden hasta 600 casos de consultas mensuales que se resuelven sin la necesidad de acudir a un proceso judicial.

Crespo defendió el cierre alegando que un convenio firmado con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica permitiría dar ese servicio sin costo para su institución, sin embargo, Álvaro Sánchez González, presidente de dicho colegio, reconoció a Delfino.cr que el servicio que darían se limitaría a ocho horas una vez al mes, por lo que la atención podría llegar a entre 8 y 16 casos de asesoría mensuales. Mientras tanto, el servicio de la UCR atiende consultas cuatro días a la semana, para más de 48 horas mensuales.

El convenio UCR-Defensoría fue renovado el 25 de enero de 2019 por cuatro años. Según la universidad, una vez vencido el plazo actual se iniciarán los trámites para una nueva prórroga.

Por su parte, la Defensoría dijo que este viernes se firmará el convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas, para ampliar la asesoría especialmente a habitantes que residen fuera de la Gran Área Metropolitana.