El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes tres proyectos de ley relacionados con materia hacendaria.
El expediente 22.016 que contiene el crédito de $156 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para digitalizar y modernizar los sistemas del Ministerio de Hacienda, conocido como "Hacienda Digital para el Bicentenario", recibió la votación en segundo debate.
El proyecto recibió 40 votos a favor y 3 en contra (Shirley Díaz del PUSC, Wálter Muñoz y Patricia Villegas del PIN), quedando definitivamente aprobado y enviado al Poder Ejecutivo para que lo firme como Ley de la República.
El crédito tiene un plazo de 33.5 años, de los cuales seis son de periodo de gracia y 27.5 años son para amortizar la deuda. El plazo de los desembolsos será de seis años y tiene una tasa de interés equivalente a Libor 6 meses más un margen fijo (1,80%); los recursos serán administrados bajo el principio de la Caja Única del Estado.
Según el texto, 44.4 millones de dólares se usarán para mejorar la eficiencia del gasto público y las prácticas de sostenibilidad fiscal; 28.4 millones de dólares se usarán para mejorar la eficiencia operativa y la efectividad de la administración tributaria; $52.3 millones serán para mejorar los controles aduaneros y los servicios para facilitar el comercio; $23 millones irán al fortalecimiento del entorno tecnológico, institucional y operacional y finalmente, 8.4 millones de dólares se destinarán a la gestión de proyectos y creación de capacidades.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) señaló en su dictamen positivo que las condiciones financieras del préstamo son favorables en relación con las que podría negociar el Ministerio de Hacienda en el mercado financiero local o internacional; mientras que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) afirmó que el proyecto es rentable desde la perspectiva económica y social, ya que el valor actual neto económico es superior a cero ($4723) y la tasa interna de retorno económica, es decir, los rendimientos futuros esperados de dicha inversión (153,95%) son mayores a la tasa social de descuento, es decir, el costo-beneficio de implementarlo (8,31%).
Dato D+: El valor actual neto económico es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto se considera viable.
Por otro lado, con 42 votos a favor y 1 en contra (Erick Rodríguez Steller) se aprobó el tercer presupuesto extraordinario de este 2020, tramitado en el expediente 22.217.
Esta modificación presupuestaria incluye ingresos por 32.226 millones de colones provenientes del diferencial cambiario del precio de los combustibles y los ingresos del préstamo rápido con el Fondo Monetario Internacional.
Con estos recursos se pretende pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social 31.186 millones de colones como parte de la deuda que mantiene el Estado con la institución. Otros 1040 millones se destinarán al pago de subsidios temporales a quienes estén desempleados (Bono Proteger); se autorizan 7200 millones de colones para la previsión de la compra de las vacunas contra la COVID-19 y 7 mil millones para obra pública del CONAVI, para atención de rutas afectadas por emergencias y para rutas que pasan de lastre a asfaltado.
Por otro lado, los diputados aprobaron con una moción modificar la norma presupuestaria respecto a las plazas vacantes, de modo que toda plaza vacante incluida en este presupuesto no podrá utilizarse durante el 2020, salvo que sea autorizada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. El Poder Ejecutivo quedará autorizado a presentar una modificación presupuestaria para el rebajo de los montos de aquellas subpartidas respectivas de dichas plazas vacantes.
El rebajo no podrá ser utilizado en nuevo gasto corriente y el Poder Ejecutivo deberá incluir el listado completo de todas las plazas vacantes de todo el Presupuesto de la República por título, programa y subprograma presupuesta lo al que pertenece, el código de plaza y el monto del salario.
Finalmente, se aprobó en segundo debate con 45 votos a favor y ninguno en contra el cuarto presupuesto extraordinario de este año, tramitado en el expediente 22.250.
Con este presupuesto se eliminan 1968 plazas de diferentes instituciones, las cuales representan más de 4 mil millones de colones del presupuesto, que ahora se destinarán al pago de la deuda, especialmente a intereses de títulos valores internos de largo plazo.
Breves
— Con 42 votos a favor públicamente emitidos (a diferencia de cuando ratificaron directivos del Banco Central) se ratificó el nombramiento de los miembros propietarios y suplentes del Órgano Superior que conformarán la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom):
Los cargos propietarios serán asumidos por Guillermo Rojas Guzmán, Viviana Blanco Barboza e Isaura Guillén Mora; mientras que las suplencias estarán a cargo de Douglas Castro y Cinthya Arias Leitón.
En Comisiones...
— La Comisión de Derechos Humanos archivó el expediente 21.500 que reformaba el Código de Familia para que la exigencia alimentaria de los padres a sus hijos no fuera posible cuando se demostrara que los progenitores dejaron a sus hijos en abandono; y que sí fuera exigible a los hermanos para sus hermanos menores o a los que presenten una discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores en estado de huerfanidad o por abandono comprobado de ambos progenitores, a los que por una discapacidad no puedan valerse por sí mismos; y los nietos a los abuelos en condiciones de extrema necesidad.
— Además: Paola Vega presenta 42 mociones a proyecto que pretende reconocer derechos a "no nacidos"
Comisión de Asuntos Sociales
— La Comisión de Asuntos Sociales archivó el expediente 21.029 que pretendía hacer una reforma integral a la “Ley Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados”, para fortalecer fortalecer los derechos de los pacientes ante los centros de salud e incorporar a la legislación reformas que garanticen el acceso a los servicios de salud más acorde con los Derechos Humanos de las personas menores de edad, de las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables, haciendo posible que su opinión sea tomada en cuenta en los tratamientos médicos en función de su capacidad intelectual y emocional. También pretendía reformar el régimen de deberes de los usuarios de los servicios de salud y reforzar la legislación vigente relativa al consentimiento informado y al expediente de salud en cuanto a la autonomía de la voluntad en la toma de decisiones sobre la salud de los pacientes y a los derechos relativos al manejo y acceso a la información sobre la documentación clínica de los pacientes.
—También archivó el expediente 21.425 que pretendía regular los servicios de salud que son brindados por el equipo en cuidados paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social, para el tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades terminales crónicas, cáncer, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida, incluyendo el control del dolor, así como aquellos con condición de vida limitada.
—Esa misma comisión dictaminó afirmativamente el expediente 21.525 que reforma la Ley del Fodesaf reduciendo el pago que hacen los patronos por concepto de sueldo y sobresueldos, cuando su planilla se conforme por al menos un 10% de trabajadores mayores de 45 años. En ese caso, se reducirá el pago de un 5% a un 4% y si, el personal en ese rango de edad representa el 20% de la planilla, el pago será de un 3%.
— Finalmente, la misma comisión acogió un nuevo texto sustitutivo al proyecto 21.584 que pretende reactivar la minería metálica en Costa Rica, derogando la Ley 8904 que declaró a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto. Nuevamente, la presidenta de la Comisión, Xiomara Rodríguez Hernández le negó el uso de la palabra a los diputados José María Villalta y Paola Vega Rodríguez, quienes iban a hablar en contra de la iniciativa.
El nuevo texto plantea que solo en el cantón de San Carlos, se podrá otorgar concesiones para la explotación de minerales metálicos bajo la modalidad superficial (cantera abierta), en mediana o pequeña minería, si técnicamente queda demostrado por el interesado en donde se contemple los motivos geológicos-financieros, y avalado por la Dirección de Geología y Minas, que no se puede desarrollar la actividad minera metálica de manera subterránea.
Comisión de Gobierno y Administración
— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 20.924 que pretende que se autorice a los entes y órganos de derecho público (circunscrito especialmente a la Administración Pública centralizada) para que enajenen o liquiden los bienes muebles e inmuebles que cada institución consideren que son innecesarios o están subutilizados en función del fin público de cada ente. Cada institución de la Administración Central debe hacer anualmente un inventario de sus activos subutilizados y estos serán traspasados al Ministerio de Hacienda, quien mediante subasta pública los venderá. Los ingresos producto de dichas ventas serán destinados en su totalidad al pago del servicio de la deuda pública.
— Esa misma comisión dictaminó afirmativamente el expediente 21.012 denominado Ley para la libertad religiosa y de culto la cual tiene los siguientes efectos:
- Establecer el reconocimiento estatal de la diversidad de creencias religiosas, en igualdad de condiciones ante la ley y lejos de todo tipo de discriminación por el credo religioso.
- Delimitar la obligación estatal de garantizar la protección de las organizaciones religiosas y del creyente como tal.
- Puntualizar los límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto.
- Definir los conceptos de organización religiosa y de ministro religioso y señala sus alcances y limitaciones.
- Instaurar los derechos y deberes de la libertad religiosa individual y colectiva, estas últimas mediante las organizaciones religiosas, previamente definidas.
- Establecer la autonomía de las organizaciones religiosas inscritas, en cuanto a organización, régimen interno, patrimonial y régimen de su personal.
- Indicar que las organizaciones religiosas deberán inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional
- La Dirección General de Culto, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, velará por los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y creyentes
- Regular los locales y templos de culto de las organizaciones religiosas y los creyentes y las sanciones en caso de incumplimiento.
- Implantar la obligación del Estado de promover y proteger el funcionamiento de las iglesias y se crean parámetros estrictos para que el cierre de iglesias sea solo una posibilidad excepcional, en estricto apego al derecho del debido proceso y la seguridad y salubridad de las demás personas.
— También se dictaminó afirmativamente el expediente 21.055 que reforma la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica para que dicho colegio pase a llamarse Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. Además, establece que los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía serán elegidos por dos años con posibilidad de ser reelectos por una única vez; y que el Colegio tendrá un Tribunal de Honor integrado por un miembro que represente cada una de las profesiones que integren este Colegio y conocerá de las denuncias presentadas contra los integrantes, los que serán nombrados por la Junta Directiva en la última sesión del mes de enero del año en que asume la dirección y su plazo será de dos años, pudiendo ser reelectos por una única vez.
— Finalmente, la Comisión dictaminó afirmativamente el expediente 22.023, el cual otorga un plazo no mayor a tres meses para que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, instale los equipos y los sistemas de la tecnología de inspección no intrusiva en todos los puestos, puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres del país.
Comisión de Hacendarios
— La Comisión de Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 21.551 denominado Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del Impuesto a Personas Jurídicas, con el cual se asegura una eficiente y transparente asignación presupuestaria de dicho impuesto, por parte del Ministerio de Hacienda, con la finalidad para que se gire la totalidad de los recursos asignados para Ministerio de Seguridad, Organismo de Investigación Judicial y Ministerio de Justicia. La iniciativa establece que la Contraloría General de la República deberá incluir en la certificación efectividad fiscal de los ingresos del presupuesto de la República, la estimación de recaudación de dicho impuesto. Asimismo, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar la actualización de los montos contenidos en la certificación en las modificaciones presupuestarias del periodo respectivo o en los presupuestos extraordinarios que presente ante la Asamblea Legislativa.
Dato D+: Este proyecto nació debido a que el Ministerio de Hacienda asignó en los años 2018, 2019 y nuevamente para el 2020, una cifra idéntica para las transferencias por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas para efectos del Ministerio de Seguridad Pública, a pesar de que el mismo ha tenido una recaudación mayor cada año.
—Dicha comisión también dictaminó afirmativamente el expediente 22.156 que pretende atraer inversión extranjera por los próximos cinco años, reduciendo el monto de inversión a 150 mil dólares, con lo cual se busca dinamizar la economía, generando más empleo, aumentando la inversión en obra pública.
— La tercera iniciativa dictaminada por la comisión fue el expediente 22.089, con la cual las Asociaciones de Desarrollo Productivo podrán acogerse a la declaratoria de utilidad pública, siempre y cuando cumplan con el requisito de producir para sus comunidades.
