La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega Rodríguez, presentó 42 mociones que frenarán el dictamen en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia del expediente 21.239 que pretende reconocer derechos a "no nacidos".
Las mociones empezaron a ser discutidas y votadas este martes en el seno de la Comisión, y las primeras 12 fueron rechazadas por mayoría.
Vega afirmó que sus mociones pretenden plasmar los términos científicos correctos en la redacción; respetar lo dispuesto por la sentencia del caso Artavia Murillo vs. Costa Rica emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y defender los derechos de las mujeres, que están por encima de lo que pueda ser un feto, cigoto o embrión.
La iniciativa fue presentada en enero de 2019 por 29 congresistas y pretende reconocerle a los "no nacidos" 12 derechos:
- A la vida.
- A la familia.
- A la igualdad
- Al reconocimiento de su personalidad jurídica.
- A la integridad física y por ello deben ser prohibidos todos los procedimientos o técnicas que afecten o detengan su normal desarrollo y crecimiento.
- A la gestación en el seno materno.
- Al nacimiento en condiciones adecuadas para su desarrollo e integridad física y debe garantizársele, tanto a él como a su madre, la atención sanitaria prenatal y posnatal apropiadas idóneas, en procura de proteger la vida de ambos.
- A que se le reconozca y se respete su dignidad debe reconocer y garantizar su derecho a no ser manipulado genéticamente, ni clonado, ni destinado a otro fin sino aquel que le es propio: esto es el de desarrollarse para vivir en plenitud
- A no ser discriminado por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, étnico o social, impedimentos físicos, discapacidad o enfermedad, por no haber nacido, o por cualquier otra condición incluyendo las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares. Tampoco podrán ser discriminados por el idioma, religión, opinión política o de otra índole, de sus padres.
- A no ser seleccionado en razón de su patrimonio genético, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole.
- A una protección especial, más que cualquier otra persona, por parte de la familia, del Estado y la sociedad.
- A que en todas las decisiones y medidas que tomen o en que intervengan instituciones públicas o privadas, así como órganos legislativos, judiciales o administrativos, debe considerarse el interés superior del niño por nacer”.
Ante el rechazo de sus mociones, Vega afirmó que se están lesionando los derechos de las personas gestantes.
Ningún proyecto de ley puede contravenir lo que ya emana de los mandatos internacionales, de convenios, de pactos, de tratados. Si se avanza con este proyecto, tal y como está, con sus impresiones científicas y jurídicas, este proyecto se presta para una demanda ante la Corte IDH contra Costa Rica, y va a ser el Estado el que va a terminar pagando por la insistencia de no querer oír el criterio experto. La mayoría de los criterios [sobre este proyecto] son negativos: PANI, Colegio de Abogados y Abogadas, etc.
La diputada agregó que con leer un libro de Biología para sétimo año de colegio quedan en evidencia las imprecisiones científicas del proyecto, pues ni siquiera entiende que existen diferencias entre las etapas de gestación del ser humano.
La iniciativa pretende que se entienda como "niño o niña por nacer" a "todo ser humano desde el momento de la fecundación o concepción, hasta el momento de su nacimiento".
Las mociones de Vega, entre otras cosas, pretenden señalar que los derechos de ese "no nacido" estarán condicionados a que no pongan en peligro la vida o salud de la madre, y que el organismo prenatal tenga 12 semanas o más de gestación.
La congresista también busca eliminar de los derechos que se reconocerían el de la integridad física que prohíbe "todos los procedimientos o técnicas que afecten o detengan su normal desarrollo y crecimiento" y el derecho a la gestación en el seno materno.
No puedo creer que en esta comisión esté avanzando este proyecto. Me preocupa porque exponen al país a un litigio internacional.