Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Tras acalorado debate, diputados aprueban ley "condicionada" de pesca de arrastre

Tras acalorado debate, diputados aprueban ley "condicionada" de pesca de arrastre

Con 28 votos a favor, 18 en contra y 11 ausentes, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, una ley condicionada sobre la reactivación de la pesca de arrastre de camarón, una técnica que está prohibida desde hace siete años por resoluciones de la Sala Constitucional que determinaron que ese estilo de pesca es dañina para el ecosistema marino.

El proyecto, tramitado en el expediente 21.478, otorga al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) un año plazo para realizar los estudios necesarios que determinen si es posible reactivar esa técnica de forma sostenible con el ambiente; especialmente reduciendo la cantidad de Fauna de Acompañamiento (FACA) que es capturada por las redes de arrastre usadas.

Así las cosas, la ley no es per sé una reactivación inmediata (si fuera que el Presidente Carlos Alvarado la sanciona y no la veta). La propia Sala Constitucional, en su pronunciamiento sobre este proyecto, además de reconocer la falencia de estudios señaló que esta iniciativa es una ley condicionada. 

"El transitorio II le impone a la entidad rectora el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios técnicos y científicos, lo cual significa que, si no se tienen esos estudios técnicos y científicos en los que haya certeza de que la pesca de arrastre, con su respectiva técnica, no provoca un daño grave e irreversible al ambiente, tal actividad económica no se puede desarrollar. Dicho en otras palabras, solo se podrán otorgar las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón cuando los estudios técnicos y científicos concluyan que la técnica de pesca de arrastre a utilizar resulta amigable con el ambiente", dijo la Sala (la negrita es de la sentencia original).

La promulgación de la ley que se cuestiona per se no significa, de ninguna manera, una afectación al principio de objetivación de la tutela ambiental, por la elemental razón que el otorgamiento de las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón con red de arrastre queda condicionado, sin lugar a duda, a que efectivamente los estudios técnicos y científicos respeten este principio ambiental.

El tema entonces es el estudio de Incopesca. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que esa institución no tiene ni el dinero ni la expertís para realizar tal estudio. Además, organizaciones ambientales afirman que es imposible desarrollar, en ese plazo, un estudio científico bien hecho y concluyente, por lo que sostienen se trata de una burla para las centenares de familias que por años han presionado para que esa técnica de pesca sea permitida otra vez.

¿Qué queda ahora? El veto del Presidente, sin embargo, semanas atrás en Puntarenas flexibilizó su posición de campaña de rechazo total a la técnica. Inclusive, el propio presidente de Incopesca dijo que si la Asamblea aprobaba el proyecto, se convertiría en ley. Mientras tanto, la ministra de Ambiente, Andrea Meza, afirmó que este era un día triste para el ambiente.

Si el presidente veta el proyecto por motivos de oportunidad y conveniencia, el Plenario deberá: acoger el veto y modificar el texto, volviéndolo a aprobar en primer o segundo debate; o resellarlo, para lo cual requiere al menos 38 votos afirmativos, algo que evidentemente no tienen y es muy probable que nunca vayan a tener.

Un tema al cual hay que estar pendientes es a la denuncia hecha por la diputada Paola Vega en el Plenario. Ella expuso que la diputada Carmen Chan (Puntarenas, independiente ex-RN) divulgó en el chat de WhatsApp en el que están los 57 congresistas que serían los camaroneros los que pagarían por el estudio señalado en la ley como necesario para reactivar la pesca de arrastre. ¿Conflicto de intereses? ¿Tráfico de influencias? En fin. Vega no se guardó nada y afirmó que el Incopesca de su Gobierno está lleno de corrupción.

Sus intervenciones en el debate, además, causaron que varios diputados le recriminaran el tono y algunos adjetivos que usó contra el proyecto de ley y los argumentos que algunos usaron para defenderlo. Y aunque Vega mencionó los argumentos que Zoila Volio, Paola Valladares y Mario Castillo usaron para oponerse al proyecto cuando fue dictaminado en comisión.

Sin embargo, Valladares y Volio cambiaron su posición negativa tras el dictamen de la Sala Constitucional, y votaron afirmativamente en segundo debate...

Cabe mencionar que la discusión en segundo debate se interrumpió para un receso de jefaturas de fracción. Allí, la Asamblea fue puesta en conocimiento de que los casos confirmados de COVID-19 en el nuevo edificio pasaron de 14 a 44 por lo que la recomendación sanitaria era levantar de inmediato la sesión.

Así las cosas, varios diputados retiraron su uso de la palabra a cambio de que se hiciera un debate reglado el próximo martes, por lo que el proyecto se votó. Sin embargo, varios congresistas como Roberto Thompson y Pablo Heriberto Abarca pidieron que se mantuviera la sesión para poder tramitar el proyecto de rebaja del marchamo 2021, ya que el plenario está contra el reloj para aprobarlo.

Aunque se presentó una moción para pasar a conocer ese proyecto, no se reunieron los 38 votos afirmativos para aprobarlo y por ende, Eduardo Cruickshank levantó la sesión.

Minutos después, su oficina de prensa informó que el edificio sería clausurado hasta el lunes para una sanitización profunda, en la cual colaborará la Municipalidad de San José.

¿Por qué? Resulta y acontece que el nuevo edificio ¡no tiene empresa contratada que lo limpie! además, Delfino.cr tuvo conocimiento de que el lujoso mobiliario que le colocaron no puede ser limpiado con cualquier producto, así que hasta ahora, las instalaciones han sido "limpiadas" solo con agua...