El Plenario de la Asamblea Legislativa avanzó este martes con una gran cantidad de proyectos de ley que estaban listos para ser votados en primer y segundo debate. Tras una sesión que se prolongó por casi 12 horas, un total de nueve iniciativas recibieron votación.
El primer proyecto votado fue el expediente 21.641 (segundo debate: 47 votos a favor) con el cual se reforma la Ley de tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial para regular o intentar resolver el problema que existe de saturación de los planteles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con vehículos detenidos o abandonados, que abarrotan dichos planteles.
Con esta iniciativa, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) podrá disponer de los vehículos no reclamados bajo los siguientes requisitos:
- Que los propietarios u otros interesados no hayan gestionado dentro de un plazo de 3 meses contados a partir de la firmeza de las infracciones la devolución de un vehículo.
- Que el vehículo se encuentre en custodia del Consejo de Seguridad Vial.
- Vencido el plazo, el Consejo de Seguridad Vial asumirá la propiedad del vehículo y podrá disponer del bien libremente.
- La comunicación sobre la firmeza de las infracciones se publicará en la página web del Consejo de Seguridad Vial -en consulta abierta-.
- El Consejo de Seguridad Vial tramitará la entrega de placas y desinscripción del bien, ante el Registro Nacional de la Propiedad.
Para el trámite de desapoderamiento se establece el siguiente procedimiento:
- Se otorga un plazo de 10 días hábiles –posterior a los tres meses de plazo anteriores-, para que los acreedores prendarios o con justo título se apersonen, para lo que requieren:
- Comprobar la exigencia de alguna obligación vencida
- Presentarse ante el Consejo de Seguridad Vial para cancelar todas las obligaciones que pesen sobre el bien –conforme con la legislación de tránsito- y tomar posesión material del mismo.
- Transcurrido el plazo sin que nadie se haya apersonado, el Consejo de Seguridad Vial dispondrá del bien.
Para los vehículos con otro tipo de gravámenes o anotaciones de índole judicial el Cosevi podrá disponer del bien, hasta que no exista una decisión judicial que los levante. Expirado el plazo de los 10 días hábiles sin ninguna gestión por parte de propietarios o interesados con justo título, el Cosevi efectuará el trámite ante el Registro Nacional de la Propiedad de entrega de placas, desinscripción y cancelación de todas las anotaciones, gravámenes prendarios o judiciales que pesen sobre el bien.
De forma transitoria el proyecto establece un plazo de seis meses para que el MOPT-Conavi realicen las publicaciones necesarias en las páginas web del Cosevi, con el detalle de vehículos que se encuentren en sus depósitos o de terceros.
Asimismo, 43 diputados a favor y 3 en contra dieron el segundo debate del expediente 21.400 el cual establece que la variable nutricional deberá tomarse en cuenta para conformar la Canasta Básica Tributaria, cuyos bienes tienen un Impuesto al Valor Agregado (IVA) reducido del 1%.
La iniciativa define dicha canasta como "el conjunto de bienes de consumo efectivo primordial del treinta por ciento (30%) de la población de menores ingresos, de conformidad con los datos encuestados o censados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)" y que deberá estar conformada por alimentos de todos los grupos alimenticios, para proteger los ingresos y gastos de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso económico y garantizar una dieta balanceada. Además, se incluirán productos de limpieza, higiene personal y los artículos escolares.
Los ministerios de Economía y Hacienda serán quienes establezcan dicha canasta, sin embargo, deberán consultar obligatoriamente al Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, las organizaciones de consumidores inscritas en la Red de Organizaciones de Consumidores del MEIC y las universidades que cuenten en su oferta académica con la carrera de nutrición o tecnología de alimentos o ingeniería alimentaria.
Con la reforma la Canasta Básica Tributaria deberá ser revisada cada 5 años y una vez sea publicado el reglamento de la ley, el MEIC y Hacienda dispondrán de seis meses para definir la lista oficial de la canasta.
Votaron en contra las diputadas Paola Valladares y Yorleny León del PLN, así como la diputada Catalina Montero del PAC.
Por otro lado, con 47 diputados a favor y 1 en contra (Pedro Muñoz del PUSC) el Plenario le dio primer debate al expediente 20.256 que pretende permitir que las pequeñas y medianas empresas sean sujetas de crédito en las cooperativas de ahorro y préstamo, mediante una reforma a la Ley reguladora de la actividad de intermediación financiera de las organizaciones cooperativas.
El proyecto, además, realiza una serie de reformas legales para incrementar los niveles de competitividad de las cooperativas como por ejemplo permitirles captar ahorros a la vista y a plazo de micro, pequeñas y medianas empresas en las que los asociados de la respectiva cooperativa sean dueños de la totalidad de las acciones o cuotas que representan su capital social; así como ofertar títulos valores.
Asimismo, se elimina la disposición de que para contratar créditos internacionales deberá tener el visto bueno del Banco Central de Costa Rica
Luego, 40 diputados a favor y 1 en contra (Jorge Luis Fonseca, PLN) dieron primer debate al expediente 21.229 que reforma el Código de Minería a favor de los mineros artesanales de Abangares.
El proyecto establece que la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras, siempre que se dediquen a la explotación de la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, hasta tanto el Estado no cumpla con su obligación de formalización de concesiones exclusivamente a cooperativas y con el otorgamiento de asistencia e incentivos necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias y de alternativas productivas sustentables que den valor agregado a la producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero.
Además se establece que la actividad minera en pequeña escala, la artesanal y coligallero tendrá la condición de sector prioritario en el acceso al crédito para su desarrollo.
En el plazo de dos meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Minae por medio de la Dirección de Geología y Minas deberá realizar un estudio sobre el estado de todas las solicitudes pendientes de resolución, así como de los permisos y las concesiones otorgadas en el área de reserva minera establecida en el artículo 8 del Código de Minería. Inmediatamente procederá a la cancelación, previa aplicación del debido proceso, de las concesiones que no cumplan lo dispuesto en dicho artículo. Asimismo deberá archivar, sin más trámite, todas las solicitudes de permisos o concesiones que se encuentren en esa misma condición de incumplimiento.
El texto dispone que las personas funcionarias públicas responsables del incumplimiento de los plazos establecidos en la ley incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes de conformidad con lo establecido en el artículo 339 del Código Penal.
Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de la ley y por un plazo de 18 meses, queda habilitada la explotación y procesamiento del oro por parte de las cooperativas de vecinos del cantón de Abangares que tengan presentadas solicitudes de concesión para el área de reserva minera de este cantón. Por el mismo plazo, estas cooperativas y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (UNCADA) podrán comercializar el oro con personas físicas o jurídicas.
De seguido, 45 diputados aprobaron por unanimidad el expediente 20.715 que reforma la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos.
Según el texto aprobado, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá incluir en todo documento de identificación que emita, la negativa o el asentimiento expreso de una persona para donar sus órganos y tejidos. Para el caso de menores de edad, esa decisión será tomada por quien ejerza la responsabilidad parental.
El Registro Civil deberá mantener una base de datos actualizada que contenga la información anterior sobre cada persona. Su acceso será únicamente para los establecimientos de salud trasplantadores de órganos o tejidos.
De igual forma, el proyecto establece la obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de incluir en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) el señalamiento de si la persona asegurada es o no donante de órganos y tejidos, la cual deberá ser actualizada en cada ocasión que se atienda al paciente.
El pasaporte y cualquier otro documento de identidad emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería también deberá incluir el señalamiento de si la persona es o no donante de órganos y tejidos.
El TSE, la CCSS y Migración tendrán 60 meses para tomar las medidas necesarias para que conste el asentimiento o la negativa expresa de las personas para donar órganos o tejidos.
Los diputados también dispusieron reformar el artículo 23 de la actual Ley sobre Donación de Órganos y Tejidos para que en caso de que una persona no haya manifestado en vida de manera expresa que no desea ser donadora de tejidos, estos puedan ser extraídos para donación durante un plazo de cinco años.
"En caso de ausencia de información en las bases de datos, o de no portar documento de identificación correspondiente, la extracción de tejidos en persona fallecida podrá realizarse siempre y cuando dicha persona no haya dejado constancia expresa de su oposición, para lo cual el Ministerio de Salud facilitará el mecanismo legal para que las personas puedan manifestar por escrito su negativa a donar sus tejidos", dice la redacción.
Este procedimiento se deberá comunicar por escrito a la persona que realiza la tramitología para retirar el cuerpo de previo a su iniciación. Una vez finalizado, el centro de salud deberá entregar un informe a los parientes o personas que se apersonen, en el que se dé un detalle de los tejidos que fueron extraídos.
Para oponerse, los ciudadanos tendrán 90 días hábiles a partir de la publicación de la ley para manifestar su negativa a la extracción de sus tejidos dentro de ese plazo de cinco años, mediante escrito, físico o digital en las Oficinas Centrales o Regionales del Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Consejo de Seguridad Vial, o los medios electrónicos que estas indiquen mediante sus páginas web.
Ese escrito no estará sujeto a formalidades ni requerirá autenticación: únicamente deberá incluir la manifestación de negativa a la extracción de los tejidos, el número de cédula de identidad personal y la firma de la persona titular de derechos. Dicha negativa podrá ser revocada de la misma forma en cualquier momento por la propia persona.
También se reforma el artículo 33 de la ley para que la extracción de órganos o tejidos para ser donados pueda ser realizada en los laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, mediante un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social para tales efectos.
La reforma también aplica al artículo 6 de la ley para indicar que no deberá divulgarse, ante la opinión pública, ninguna información que permita la identificación de la persona donante por parte de la persona receptora de órganos o tejidos humanos; y el artículo 23 para señalar que la extracción de órganos de donantes fallecidos para fines terapéuticos podrá realizarse siempre y cuando la persona fallecida, de la que se pretende extraer órganos, haya manifestado su anuencia en vida.
Para el caso de extracción de órganos de personas fallecidas, que no cuenten con señalamiento en su expediente, documentos o pertenencias evidencia de haber expresado su anuencia a donar sus órganos, las autoridades facilitarán a la persona que realiza la tramitología para retirar el cuerpo, la información necesaria acerca de la naturaleza e importancia de la donación, a fin de que sean ellos quienes den su consentimiento informado escrito.
Con 43 votos a favor también se aprobó en primer debate el expediente 21.530, el cual reconoce a los jóvenes el derecho al deporte, por medio de la existencia de espacios deportivos integrales y efectivos, en donde se les garantice su uso cotidiano.
El proyecto establece como obligaciones del Estado, sobre este tema, garantizar la existencia de espacios deportivos seguros en donde se puedan poner en práctica al menos dos disciplinas deportivas diferentes; proporcionar el mantenimiento requerido a los espacios deportivos públicos existentes; garantizar la apertura de los espacios deportivos, sin limitar su acceso, en el horario requerido para la práctica del deporte e incentivar la participación y la permanencia en el deporte, por parte de los jóvenes, mediante la realización de campañas y actividades deportivas promovidas en las distintas escuelas y colegios.
Luego se aprobó en primer debate con 45 votos a favor y 1 en contra el expediente 22.109 que reforma la recién aprobada Ley de Usura, con el fin de disminuir la afectación que pueda causar la aplicación de la misma.
Entre los cambios aprobados se encuentra el que las asociaciones solidaristas ya no deberán consultar a la Sugef de previo a otorgar un crédito. También se eliminó la prohibición de otorgar créditos a personas cuyo salario fuera inferior a 199.760 colones una vez aplicada la cuota para el pago de la operación.
Así las cosas, nuevamente podrán hacerse deducciones al salario más allá del salario mínimo inembargable si hay un acuerdo entre patrono, trabajador y la financiera.
Tan solo en el sector público la Tesorería Nacional informó que dejaría de hacer deducciones automáticas por 5500 millones de colones a 27 mil personas, pues sus deducciones violaban el monto del salario mínimo inembargable. Además, la obligación de consultar a la Sugef antes de dar créditos llevó a que las consultas diarias a la base de datos superaran las 24 mil.
44 diputados dieron el primer debate al expediente 21.742 el cual flexibiliza los requisitos para organizar actividades deportivas en vías públicas terrestres.
De último quedó el proyecto de ley para rebajar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos que se cobrará en el marchamo 2021 a partir del 1 de noviembre.
La Asamblea mantuvo su acuerdo de solo aplicar descuentos a vehículos cuyo valor fiscal fuera inferior a 15 millones de colones. El expediente 22.085 fue aprobado por la unanimidad de los 44 diputados presentes.
Así las cosas, la redacción aprobada dispone un descuento del 50% sobre el impuesto para vehículos particulares de hasta 7 millones de colones y para vehículos de carga liviana de hasta 15 millones de colones. Mismo descuento tendrán vehículos de carga pesada, busetas, autobuses, turismo, maquinaria agrícola, y otros.
Los vehículos particulares con un valor fiscal de entre 7 a 10 millones de colones tendrán un descuento del 25% en el impuesto a pagar; mientras que los vehículos con valor fiscal de entre 10 a 15 millones de colones pagarán 15% menos.
El texto también incluye una exoneración total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) para las motocicletas cuyo valor fiscal sea de 1 millón de colones o menos.
El diputado Jonathan Prendas insistió con su moción que daba un descuento a una mayor cantidad de vehículos, sin embargo, la misma fue rechazada por amplia mayoría. Prendas dijo que "qué mas daba" que Hacienda tuviera que endeudarse con 10 mil millones de colones más para cubrir el hueco fiscal que quedará por la aprobación de este proyecto.
Con esta propuesta aprobada el hueco fiscal será de 50 mil millones de colones, una cifra "tolerable" para el Gobierno, quien a través del ministro de Comunicación, Agustín Castro, afirmó que respaldaban el texto aprobado en primer debate.
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