Luego que la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa archivara el proyecto de ley que pretende dar contenido al párrafo final del artículo 112 de la Constitución Política, que establece el deber de los diputados de ser probos, la diputada liberacionista Yorleny León volvió a presentar la iniciativa.
La iniciativa ahora se tramitará bajo el expediente 22.226 y tiene la firma de respaldo de Catalina Montero del PAC, José María Villalta del FA, la independiente Zoila Volio Pacheco, y los liberacionistas Silvia Hernández Sánchez, Carlos Ricardo Benavides y Wagner Jiménez Zúñiga.
El nuevo texto establece 16 faltas muy graves que llevarían a un diputado a perder su credencial, teniendo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que llamar al siguiente en la lista de candidatos para llenar la vacante; y quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos de 2 a 8 años.
1. Solicitar, aceptar o recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o indirectamente, regalos, dádivas, comisiones, premios, donaciones, favores, propinas, gratificaciones, colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras liberalidades semejantes, para su propio beneficio o de un tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422.
2. Cobrar o percibir, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de estas, dentro del país o fuera de él; incluyendo la aceptación de honorarios o regalías por dar discursos, participar en conferencias o cualesquiera otras actividades similares.
3. Utilizar los poderes, las prerrogativas o los recursos de su cargo para gestionar u obtener cualquier tipo de beneficio personal o para las empresas en las que integren órganos de dirección o representación o en las que tengan participación accionaria o sean beneficiarios finales, ya sea directamente o a través de interpósita persona, las personas o empresas con las que mantienen o han mantenido en el pasado vínculos laborales o contractuales, sus amigos o amigas, sus cónyuges, compañeros o compañeras o a sus parientes en línea ascendiente o colateral hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad inclusive o las empresas en las que estas personas integren órganos de dirección o representación o en las que tengan participación accionaria o sean beneficiarios finales, ya sea directa o indirectamente.
4. Solicitar, gestionar o promover, directamente o través de interpósita persona, cualquier tipo de favor indebido o irregular de la Administración Pública para sí mismos o para terceros, tales como trámites privilegiados o irregulares, excepciones a requisitos y procedimientos establecidos, exoneraciones o condonaciones de precios públicos, tarifas, tasas o tributos, así como cualquier otra medida que implique un trato diferenciado injustificado, distinto al que tiene derecho a recibir el resto de la ciudadanía en idénticas condiciones.
5. Ejercer presiones o influencias indebidas sobre otras personas funcionarias públicas, independientemente del resultado obtenido.
6. Votar afirmativamente leyes, acuerdos legislativos o actos administrativos que otorguen beneficios directos a ellos y ellas o a sus cónyuges, compañeros y compañeras o a las personas jurídicas en las que tengan participación o sean beneficiarios finales, a pesar de tener conocimiento de ello.
7. Participar directa o indirectamente en actividades económicas o transacciones financieras, aprovechándose de información confidencial de la cual tengan conocimiento en razón de su cargo, de forma tal que ello les confiera una situación de privilegio de cualquier carácter, para sí, o para terceros, directa o indirectamente.
8. Utilizar las prerrogativas de su cargo para realizar acciones de lobby, de incidencia política o cualesquiera otras gestiones ante funcionarios públicos para favorecer indebidamente los intereses de concesionarios, contratistas, proveedores, oferentes o deudores de la Administración Pública.
9. Incumplir las prohibiciones establecidas en el párrafo segundo del artículo 112 de la Constitución Política, ya sea directamente o través de interpósita persona física o jurídica.
10. Dirigir, administrar, patrocinar, asesorar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la Administración Pública o que fueren sus proveedores o contratistas.
11. Condicionar por cualquier medio el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de diputado o diputada al apoyo electoral de las personas beneficiarias.
12. Incurrir en falta de veracidad, ocultamiento o simulación en sus declaraciones de situación patrimonial o intereses patrimoniales.
13. Cualquier otra conducta que por su gravedad pueda configurarse como una violación al deber de probidad.
El proyecto también establece faltas leves, que se sancionarán con amonestación escrita; y faltas graves sancionadas con la pérdida de la dieta de un mes, hasta por tres meses.
Para investigar y sancionar las faltas se designa a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Plenario de la Asamblea Legislativa.
La PEP recibirá las denuncias y les dará el trámite preliminar. En caso de proceder la apertura de un proceso en contra del diputado, se trasladará el caso al Tribunal Supremo de Elecciones, quien designará un magistrado para analizar el caso y realizar el debido proceso.
Una vez concluido el procedimiento administrativo, el TSE trasladará el expediente a la Asamblea Legislativa con las recomendaciones que correspondan, para su debida resolución final dentro del plazo improrrogable de un mes calendario.
La Presidencia de la Asamblea Legislativa convocará de inmediato una sesión plenaria extraordinaria, prorrogable por una única vez, cuyo único punto de agenda será el someter a conocimiento y votación del Plenario lo informado, el cual decidirá si el diputado es destituido por la mitad más uno de los presentes.
Una de las problemáticas detectadas desde ya, es que se establece que las sesiones y votaciones sobre este tema serán privadas, a menos que el diputado investigado renuncie a ese derecho. En todos los casos, el diputado investigado deberá retirarse de las mismas, sin excepción.
Con la firmeza del acto final quedará expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa para que el sancionado apele. En primera instancia aplicará el proceso de trámite regulado por el Código Procesal Contencioso Administrativo. En caso de que se interponga recurso de casación, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia tendrá un plazo improrrogable de tres meses para dictar sentencia.
El proyecto deberá asignarse a una comisión legislativa para estudiarse, y esperamos que esta vez los diputados se tomen el trabajo de analizarlo a como se debe, para que no sea archivado de nuevo como ocurrió con el anterior.
Breves
— El Plenario de la Asamblea inició este jueves el trámite de las mociones de reiteración presentadas contra el proyecto de ley que pretende suspender el pago de las anualidades de los funcionarios públicos. Aunque había una agenda larga de proyectos para verse, ese se colocó de primero y no alcanzó el tiempo para entrar a la discusión por el fondo y la votación.
De igual forma, el proyecto de reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se encuentra suspendido porque el presidente de la Asamblea lo envió a publicar en La Gaceta, para impedir que sus detractores aleguen eventualmente vicios de procedimiento para traérselo abajo.
— El Director General, Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, Sergio Rodríguez Fernández y Eugenia Mata Aguirre, Jefa Unidad de Prevención, hicieron saber su oposición al expediente 21.714 que se analiza en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Según el Director, es “desvestir un santo para vestir otro y muestra desconocimiento de las labores del ICD y el desfinanciamiento que se daría”.
La iniciativa pretende dotar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de recursos económicos que le permitan cumplir en el campo de la prevención y atención de las enfermedades mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el ICD afirma que esos recursos ya se destinan en la actualidad a ONGs y que trasladarlos a la CCSS haría que dicha atención se limite a personas aseguradas, siendo que el 57% de los consumidores no tienen seguro social.









