Por casi tres horas, la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, detalló a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa los pormenores del proyecto de presupuesto extraordinario presentado por el Ejecutivo para este 2020.
Acosta dejó zanjado de una vez por todas que el recorte neto que se hace al presupuesto es de 195.517 millones de colones, un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB); y no de 327.974 millones como informó la Casa Presidencial en un comunicado de prensa.
La diferencia surge porque Zapote simplemente sumó los recortes realizados a las diferentes partidas del presupuesto, pero no contrarrestó el número con el incremento en los gastos que se están autorizando o incrementando. Al hacer esa operación con la totalidad del proyecto, se obtiene la reducción neta por 195 mil millones señalada por la oposición y ahora refrendada por la Contraloría.
Durante su audiencia, Acosta envió numerosas advertencias sobre lo que le espera al país al corto y mediano plazo si no se toman medidas correctivas.
En primer lugar, advirtió que la deuda del Gobierno Central respecto al PIB ha crecido en 4.5 puntos porcentuales desde diciembre del 2019: en febrero superó la barrera del 60% y en mayo llegó al 62,4% de la producción nacional, debido al efecto combinado de la contracción de la nacional y un aumento del endeudamiento.
La contralora también señaló que portafolio de deuda del Gobierno ya se está saliendo de los márgenes deseables para el propio Ejecutivo. Así, el porcentaje de deuda que está colocada a una tasa de interés variable llegó a mayo de este año a ser del 21,4%; mientras que el umbral deseable va de 15% a 20% y contrasta con el 19,9% que se tenía en diciembre de 2019.
De seguido, el porcentaje de deuda que está colocada en dólares pasó del 41,3% en diciembre de 2019 al 40,7% en mayo del 2020. Aunque el número se redujo, ambos números siguen por encima del umbral deseado de 25% a 35%.
Finalmente, el porcentaje de deuda de corto plazo que vence en menos de un año subió, pasando de 7,7% en diciembre de 2019 a 10,2% a mayo de este año, mientras que el umbral deseado en este rubro es del 5% al 10%
"Un asunto a tomar en consideración es que si bien los recursos externos pueden favorecer la situación de las finanzas públicas en tanto permiten reducir la presión sobre las tasas de interés en el mercado interno y disminuir el costo del financiamiento, así como incrementar los recursos líquidos del Gobierno; la contratación de estos préstamos ha generado que el portafolio del Gobierno presente mayor exposición al riesgo de tasa de interés", advirtió Acosta.
Los 195.517 millones de colones de recorte neto significan el 1,8% del presupuesto ajustado del 2020 y el mayor recorte ocurrió en la partida de transferencias de capital, por un total de ¢151.840 millones, que supone un 29,3% del presupuesto ajustado.
La Contraloría explicó además que los movimientos presupuestarios hechos permiten identificar que el Gobierno ha estado redirigiendo el gasto en educación y vivienda a la atención de salud y programas de protección social. A su criterio, esos movimientos podrían ser por mayores montos y abarcando más partidas si no fuera porque el presupuesto nacional es extremadamente rígido en cuanto a los gastos que tienen como fundamento obligaciones constitucionales o legales.
Dado que el presupuesto planteado contempla una rebaja neta de gastos por ¢195 mil millones y una caída de ingresos por ¢1.07 billones, se estima que habrá un efecto conjunto en déficit financiero del país por el orden del 2.5%, que agregado al del presupuesto vigente alcanzaría un 11,2% del PIB.
"Configura un panorama fiscal con un desbalance no visto en el pasado", dijo.
Aunque el señalamiento de que el recorte neto es de 195 mil millones llevó a diputados de oposición a criticar el anuncio hecho por el Gobierno, Acosta dejó claro que en materia presupuestaria los recortes no son tan sencillos de hacer como simplemente ir a revisar las partidas.
Reducir el gasto no es solo un tema de carácter presupuestario; es estructural, de fondo, más allá que revisar montos de partidas. Hay que revisar exoneraciones, evasión y elusión; ir todos a comprar a SICOP, poner en caja única lo que debe estar en caja única para ahorrar; revisar el diseño del Estado. Cuando en el pasado decíamos "ahí viene el lobo"... el lobo ya llegó, y no podemos escondernos en un cuarto. Todos vamos a tener que aportar, veo comentarios, leo noticias: un sector no quiere, otro no quiere; pero al final todos vamos a tener que poner.
Acosta llamó la atención sobre los ingresos corrientes, ya que aseguró podrían caer a niveles similares a los observados en 2015 y 2016, lo cual sería un retroceso de 5 o 6 años de recaudación. Ante ello, recomendó que el país trabaje las proyecciones en términos de escenarios y rangos, para la oportuna toma de decisiones y que se realice un monitoreo sistemático de variables de ingresos y gastos por parte de todos los actores, para que se puedan identificar los ajustes requeridos de forma oportuna.
Breves
— Se aprobó en primer debate, por segunda vez, el expediente 21.489 con el cual se reforma el Código de Trabajo para que el incumplimiento de los plazos para dictar sentencia y los plazos para documentar y notificar la sentencia dictada en tiempo, una vez concluido el juicio oral y público, no sean causal automática de nulidad de todo lo actuado y resuelto en este tipo de procesos. 45 diputados votaron a favor y ninguno en contra.
— 45 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 20.533 cuyo propósito es que los inmuebles pertenecientes a la Ciudad de los Niños creada por Ley 7157 no estén afectos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, siempre y cuando estén dedicados a los fines propios de esta institución. Además, se incluye un transitorio que autoriza a la Municipalidad de Cartago a dondonar el impuesto adeudado y sus accesorios a la fecha en que entre a regir la ley.
— 44 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.398 que autoriza a la Municipalidad de Osa a donar un terreno de su propiedad a la Asociación Pro Clínica del Dolor, Cáncer y Atención Paliativa del cantón.
— 41 diputados a favor y 6 en contra aprobaron en primer debate, por segunda vez, el expediente 21.281, el cual clarificarque la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en lugares donde se desarrollen actividades deportivas, lo es únicamente mientras dure ese acto, y no permanente. De este modo, la municipalidad del cantón donde se vaya a desarrollar un espectáculo público, queda facultada, previo acuerdo del concejo municipal, para otorgar licencias temporales para la venta de bebidas con contenido alcohólico, en aquellos casos donde la actividad a desarrollar no sea de índole deportiva.
— El Plenario aprobó con 42 votos a favor y 6 en contra reenviar el Acuerdo de Escazú (tramitado bajo el expediente 21.245) a revisión de la Sala Constitucional, tras solventar el vicio de procedimiento cometido al no consultar el texto del tratado a la Corte Suprema de Justicia.
— 47 diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.549, que reforma varios artículos a la Ley del Parque Nacional Manuel Antonio, para que los recursos que se generan producto de la venta de las entradas se destinen en un 60% al Fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio para financiar gastos operación y desarrollo; y el 40% restante al Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas.
