Dos diputados confundieron (por no decir manipularon) el contenido de un comunicado de prensa suscrito por 59 países a inicios de mayo para protestar en la Cancillería costarricense por firmar un "protocolo" que establece que para acceder a recursos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el combate de la pandemia de COVID-19, "se debe implementar el aborto" en el país.
Se trata de la diputada Shirley Díaz, subjefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Jonathan Prendas, subcoordinador del bloque aliado a Fabricio Alvarado.
Díaz subió este lunes un vídeo a su página de Facebook en el que aparece a las afueras de la Casa Amarilla junto a Prendas y representantes de "14 organizaciones pro-vida y pro-familia", quienes entregaron una "nota protesta" debido a que Costa Rica aparece como firmante de ese "protocolo".
En dicho vídeo la subjefa de fracción del PUSC acusa a la ONU de pasar por encima de la soberanía de los países al condicionar ayuda humanitaria contra la COVID-19 a que se implemente el aborto. Misma "crítica" emitió Prendas, quien se atribuyó la representación del Congreso para decir que la Asamblea (en pleno) apoyaba dicha protesta.
Acciones similares como las de estos dos diputados han sido documentadas por la prensa en otros países de la región cuyos gobiernos también firmaron el documento.
Un protocolo que no lo es
El "protocolo" que según los diputados Costa Rica firmó es en realidad un comunicado de prensa conjunto emitido el 6 de mayo por los gobiernos de 59 países, es decir, no se trata de una resolución de la ONU, ni un protocolo de esa organización.
Los diputados parecieran haberse dejado influenciar por una nota con argumentos falsos publicada por ACI Prensa en la que se acusa que tal documento, al emplear el término "derechos sexuales y reproductivos", encubre la anticoncepción y el aborto como respuesta a la pandemia de coronavirus.
La protesta de los diputados parece también estar influenciada por las acusaciones sin fundamento que hizo el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), un grupo con sede en los Estados Unidos respecto a ese "protocolo", el cual se llama Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19, según la propia Díaz señaló a un sitio web nacional
Según constató este medio leyendo el comunicado publicado en línea y por las propias cancillerías de las naciones firmantes, en él no se hace alusión en ningún momento al "aborto" como respuesta a la pandemia, ni tampoco señala que implementarlo es necesario para acceder a las ayudas humanitarias de la ONU.
Por el contrario, el comunicado conjunto señala un compromiso de los países firmantes de continuar proporcionando "a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva productos de salud reproductiva. Y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que garanticen el acceso total y sin trabas a todos los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas".
La financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar el aumento de la mortalidad materna y neonatal, el incremento de las necesidades no satisfechas de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual.
Respuesta a estudio sobre estragos de la pandemia en salud de las mujeres
El comunicado de prensa en cuestión se emitió tan solo días después que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia de la ONU especializada en salud sexual y reproductiva, alertara que la pandemia de COVID-19 provocará estragos en la salud de las mujeres, debido a que millones de ellas no pueden acceder a métodos de planificación familiar y sufrirán embarazos no planificados, violencia de género y otras prácticas nocivas.
El estudio estimó que 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrán acceder a anticonceptivos modernos, y se prevé que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes.
"Por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos. Si el confinamiento se prolonga al menos durante 6 meses, se prevén 31 millones de casos más de violencia por razón de género", dice el reporte.
La agencia de la ONU también espera que, por cada 3 meses que prosiga el confinamiento, habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género y durante los próximos diez años podrían producirse 2 millones de casos de mutilación genital femenina evitables a causa de la interrupción de los programas de prevención de dicha práctica en respuesta a la COVID-19.
Dato D+: El comunicado conjunto lo firman: Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guinea, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, México, Moldavia, Montenegro, Namibia, Países Bajos, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Rumania, Serbia, Sur África, Suecia, Suiza, Túnez, Tuvalu, Ucrania y Uruguay.
La resolución que sí lo es, pero no habla de aborto, ni de condiciones
El comunicado de prensa firmado por 59 países señala su apoyo a una resolución del 2 de abril de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulado "Solidaridad Global en la lucha contra la COVID-19", sin embargo, en él tampoco se menciona ni una sola vez el aborto, ni se señala que la ONU condicionará su ayuda humanitaria a que los países lo implementen.
En su lugar, la resolución habla de la necesidad de que se respeten plenamente los derechos humanos y destaca que en la respuesta a la pandemia no hay cabida para ninguna forma de discriminación, racismo ni xenofobia; y expresa condolencias y solidaridad con las familias y las sociedades que han sufrido pérdidas de vidas a causa de la enfermedad, con quienes luchan por sobrevivir y con aquellas personas cuya vida y medios de subsistencia se han visto afectados por la crisis;
Asimismo, la resolución expresa su gratitud y apoyo a todo el personal sanitario de primera línea, los profesionales médicos y la comunidad científica y de investigación, así como a otros trabajadores esenciales de todo el mundo que operan en circunstancias difíciles y peligrosas para lidiar con la pandemia; y pide que se intensifique la cooperación internacional para contener, mitigar y derrotar la pandemia, entre otras cosas intercambiando información, conocimientos científicos y mejores prácticas y aplicando las directrices pertinentes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
Finalmente, el documento señala que los países firmantes renuevan su compromiso de ayudar a las personas y las sociedades que se encuentren en situaciones especiales, sobre todo las más débiles y vulnerables, y reconoce que muchos Gobiernos han ofrecido su asistencia y apoyo a otros con un espíritu de solidaridad y apoyo mutuo; y expresa optimismo de que la crisis sin precedentes causada por la pandemia de la COVID-19 pueda mitigarse y resolverse satisfactoriamente con liderazgo y con la cooperación y la solidaridad mundiales sostenidas.
Acusaciones ya desmentidas por la propia ONU
"Cualquier sugerencia de que estamos utilizando la pandemia como una oportunidad para promover el aborto es falsa", así lo dijo en mayo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.
Ya la prensa internacional había dado cuenta de una acusación hecha por el administrador interino de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) de Estados Unidos, John Barsa, quien criticó a la ONU por incluir los servicios de salud sexual y reproductiva al mismo nivel de importancia que la seguridad alimentaria, la atención médica esencial o el combate a la desnutrición.
El gobierno conservador de Donald Trump ha acogido los argumentos de organizaciones de ese tipo que señalan que el concepto "salud sexual y reproductiva" encubre el aborto y la anticoncepción.
Breves
— 43 diputados aprobaron por unanimidad una moción para guardar un minuto de silencio por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco en los Estados Unidos, y en memoria de todas las personas afrodescendientes víctimas del racismo y el odio. La moción fue firmada y apoyada por Enrique Sánchez del PAC, Karine Niño del PLN, Xiomara Rodríguez del PRN y José María Villalta del FA. El diputado de Restauración, Mélvin Nuñez, apoyó la moción pero equiparó el racismo a "persecución contra creyentes".
— Se aprobó en primer debate por unanimidad con 43 diputados el expediente 19.672, el cual reforma el artículo 79 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
Ese artículo actualmente prohíbe la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) con países que apliquen medidas iguales o equivalentes a las establecidas por la Convención.
La reforma consiste en prohibir no solo la exportación, la importación o tráfico de la fauna y la flora, sino incorporar además a dicha prohibición el internamiento y hacer extensiva la prohibición a los trofeos de caza de la fauna y la flora. Finalmente, se modifica la parte final de dicho artículo para agregar la frase "o cuya caza o recolección se encuentre prohibida en el lugar de origen".
— Se aprobó en primer debate con 45 diputados a favor el expediente 21.933 con el cual los nombramientos de los miembros de las juntas directivas de las organizaciones civiles y sociales que vencen en el 2020 podrán ser automáticamente prorrogados hasta el 2021, en caso que los miembros de las organizaciones no hayan podido realizar la asamblea para el nombramiento de los miembros de sus juntas directivas por motivo de las medidas sanitarias de la pandemia de COVID-19.
— Finalmente, se aprobó con 40 votos a favor y 1 en contra una moción para que el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República sea integrado al Plenario legislativo, con el fin de colocar allí algunas curules y así incrementar el distanciamiento entre congresistas.
