El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate este jueves el proyecto de ley para sancionar la práctica de abandono de personas adultas mayores, tanto de forma física como psicológica.
Con la iniciativa que se tramitó en el expediente 19.438, quien teniendo la obligación de cuidar abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, será castigado con multa de 10 a 100 días, o de 1 a 6 meses de prisión; pero la sanción será de 6 meses a 3 años de cárcel si a consecuencia del abandono se pusiere en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor, siempre que no esté más severamente penado.
Por otro lado, el proyecto dispone que si el abandono resulta en grave daño en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor, la pena será de 3 a 6 años de prisión; y si a consecuencia del abandono ocurriese la muerte de la persona, el castigo será de cárcel de 6 a 10 años, siempre que no esté más severamente penado.
50 diputados aprobaron el proyecto en segundo debate y solo falta la firma del Presidente y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta para que rija como Ley de la República.
Posposición a Ley contra Acoso Callejero
Aunque se acordó a inicios de semana conocer y votar en primer debate el jueves la Ley contra Acoso Sexual Callejero, tramitada en el expediente 20.299, la negativa de 15 diputados de extender el horario de la sesión para terminar de tramitar ese expediente en específico dio al traste con la votación, la cual quedó pospuesta hasta el próximo lunes.
Votaron en contra de la ampliación: Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpizar del bloque independiente; Floria Segreda Sagot del PRN; Patricia Villegas del PIN; Oscar Cascante, Pedro Muñoz, Rodolfo Peña del PUSC; Aida Montiel, Yorleny León, Luis Antonio Aiza y Jorge Fonseca Fonseca del PLN.
Previo a que se levantara la sesión, el Plenario aprobó convertirse en Comisión para conocer tres mociones presentadas al texto: una de consenso, y dos de Mélvin Nuñez Piña de Restauración.
La primera fue aprobada y dispuso que el acoso sexual callejero también será penado si es cometido en grupo, y no solo de forma individual; se modificó el máximo de la pena por producción de material audiovisual con connotación sexual, sin consentimiento, a 3 años (2 años el previo); y también se estableció el acoso sexual por medios electrónicos de forma grupal como conducta penada.
La segunda moción pretendía incluir a niños y hombres como parte de la población a al cual el Estado deberá dar especial énfasis en prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual callejero; pero fue rechazada. Finalmente, la tercera pretendía eliminar todas las reformas al Código Penal que habían sido incluidas en el texto, algo que no era deliberado, sino que se estructuró sobre una versión previa del texto y por obvias razones también fue rechazada.
Prohibido importar trofeos de caza
45 diputados aprobaron en segundo debate, por unanimidad el expediente 19.672 para reformar el artículo 79 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
Ese artículo actualmente prohíbe la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) con países que apliquen medidas iguales o equivalentes a las establecidas por la Convención.
La reforma consiste en prohibir no solo la exportación, la importación o tráfico de la fauna y la flora, sino incorporar además a dicha prohibición el internamiento y hacer extensiva la prohibición a los trofeos de caza de la fauna y la flora. Finalmente, se modifica la parte final de dicho artículo para agregar la frase "o cuya caza o recolección se encuentre prohibida en el lugar de origen".
'Exoneración' a Román Macaya
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron un informe que exime al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, de cualquier responsabilidad por haber firmado un acuerdo con los sindicatos de la institución para deponer la huelga de agosto del 2019 que afectó a más de 127 mil asegurados.
El informe fue suscrito por una mayoría: Otto Roberto Vargas (Partido Republicano), Franggi Nicolas (PLN), Shirley Díaz (PUSC), Erick Rodríguez (Independiente), Melvin Núñez (Restauración Nacional), Jonathan Prendas (independiente) y Luis Ramón Carranza (PAC).
En él se concluye que que no se pudo comprobar una irregularidad en la aplicación de Ley 9635 en el acuerdo firmado por las autoridades de la CCSS y los sindicatos, debido a la incertidumbre y el constante cambio en los decretos que definían el ámbito de aplicación de esa ley.
Otto Roberto Vargas afirmó que firmó el informe para archivar el tema ya que no se encontró fundamento legal para abrir un procedimiento contra Macaya. Paralelo, Luis Ramón Carranza, dijo que el acuerdo buscaba estabilizar los servicios de la institución y salvar vidas.
Jonathan Prendas Rodríguez aseguró que “el desorden en la implementación de la Ley de las Finanzas Públicas fue culpa de la ministra de Planificación, Pilar Garrido”, criterio similar externado por Erick Rodríguez Steller.
Yorleny León y Carlos Ricardo Benavides firmaron un dictamen de minoría por considerar que sí hubo falta en la firma de ese acuerdo, pidiendo al Ministerio Público que investigue si se cometió algún delito; y a la Procuraduría de la Ética para determinar si hubo faltas al deber de probidad.
Breves
— La Comisión de Ingreso y Gasto aprobó una moción para abrir una investigación a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre los Ebais que estaban en manos de la Unibe y serían administrados de nuevo por la institución; y otra moción para investigar a los funcionarios que impusieron la prohibición de importar aguacate mexicano tipo hass, y por el cual el Estado fue condenado en el Tribunal Contencioso Administrativo.
— Se aprobó en segundo debate con 47 votos a favor el expediente 21.230 que modifica el artículo 43 de la Ley 7600 relativo a los espacios de parqueo para personas con discapacidad.
La nueva obligación es que los vehículos que tendrán permitido parquear en esos espacios deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), por un plazo de cinco años posterior al cual deberá ser renovada. De este modo, se le quita la responsabilidad de dar los permisos al MOPT como actualmente lo establece la ley.
— 44 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.003 con una autorización a la Municipalidad de Curridabat para que done un terreno de su propiedad a la Junta de Educación de la Escuela Excelencia Juan Santamaría de Curridabat, que es en realidad el terreno que dicho centro educativo ha ocupado hasta la fecha. El traspaso de titularidad permitirá coordinar y desarrollar proyectos de infraestructura y seguridad.
— El expediente 21.933 que pretende prorrogar los nombramientos de juntas directivas y otros órganos en organizaciones civiles que vencen este año fue devuelto a primer debate para hacerle modificaciones al texto. Los diputados "entraron en razón" de que era necesario incluir al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, dado que su asamblea es una de las más grandes del país.
