Acompañando a la crisis sanitaria que vive hoy el mundo entero, se ha desencadenado una crisis económica como daño colateral producido por las medidas, indiscutiblemente necesarias, de distanciamiento social.

Frente a este panorama el Gobierno de la República anunció el viernes pasado una serie de medidas con las que pretenden paliar los efectos de esta recesión. Como veremos, la gran ausente de este plan de contingencia económica es la perspectiva de género.

Empecemos con unos datos: la semana anterior fue publicada la Encuesta Continua de Empleo realizada por el Instituto Costarricense de Estadística y Censos (en adelante, INEC), correspondiente al primer trimestre de 2020. Esta brinda datos alarmantes a nivel país, a decir:

La tasa de desempleo en Costa Rica fue del 12,5% con un crecimiento interanual de 1,2%. El 8,6% de los hombres estaba desempleado, dato sin variación interanual, mientras que entre las mujeres el desempleo creció un 3,7% de alcanzando el alarmante 18%. En Costa Rica existían 314.000 personas desempleadas, es decir, un aumento interanual de 38 mil personas y que de estas, 129.000 son hombres y 185.000 mujeres. El desempleo femenino tiene un crecimiento interanual de 46.000 mujeres.

Asimismo, de la cifra total de personas desempleadas, 237.000 habitan en zonas urbanas (12,5%, sin variación interanual), mientras que 77.000 en zonas rurales (12,2% con una variación interanual del 1,7%, que significa 11.000 personas más por año). El subempleo alcanzó el 12,4% con un crecimiento interanual del 3,8%. El 10,6% de los hombres se encuentran en subempleo, mientras que el porcentaje alcanza el 15,3% cuando se trata de mujeres.

Lo más grave de los datos arrojados por esta encuesta que la misma no refleja los efectos negativos en la economía producidos por la pandemia relacionada con el COVID-19.

Nuevamente, los datos pre pandemia indicaban que para 2018 sólo el 47,8% de las mujeres contaban con ingresos propios y, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las mujeres tardaban mucho más tiempo que los hombres en conseguir un trabajo remunerado (el 41,6% de los hombres tarda un mes en conseguir un nuevo trabajo y el 28,1% entre uno y tres meses, es decir, 2 de cada 3 encuentran trabajo en menos de 3 meses; solo un 28,3% de las mujeres tarda un mes en conseguir un nuevo trabajo y el 22,6% entre uno y tres meses).

Esto aunado a que las mujeres usan su tiempo de manera diferenciada a los hombres y tienen la carga social de hacerse cargo del cuido de las personas menores de edad, mayores, con discapacidad y las tareas domésticas; así como que el 39,2% de los hogares costarricenses son monoparentales a cargo de una mujer. Este uso diferenciado del tiempo en las familias, y en general en la economía, está visto como una externalidad y no como la parte trascendental del desarrollo económico que  realmente es.

Todo lo anterior, ya refleja la desigualdad entre hombres y mujeres, pero lo peor es que estas brechas se acrecentaron con la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19. Situación que, con números, hace ver que el tratamiento debe ser diferenciado, no fue tomada en cuenta en el plan de reactivación económica anunciado por el Gobierno de la República la semana anterior. Este partió únicamente desde la visión del “hombre económico”, posición ciega ante las desigualdades estructurales que sufren las mujeres y desconoce completamente la economía del cuido y el trabajo doméstico no remunerado, absolutamente necesarios para que “la economía” funcione.

La economía del cuidado pretende analizar y visibilizar el impacto a nivel micro y macroeconómico de las tareas domésticas no remuneradas. Las personas dependientes, como la niñez o buena cantidad de personas adultas mayores requieren cuido. ¿Acaso no hemos escuchado a la gran mayoría de nuestras compañeras de trabajo que son madres expresar que están rebasadas por tener que trabajar remuneradamente, cuidar a sus hijos e hijas y básicamente todas las tareas del hogar durante la cuarentena?

La invisibilización de la economía del cuidado ha dejado en la informalidad económica (en el mejor de los casos) a la mayoría de las mujeres con ingresos propios en Costa Rica y en muchos otros ha desconocido totalmente su contribución en la economía, impidiendo con ello la posibilidad de que estas personas tengan acceso a aseguramiento y a optar por el beneficio jubilatorio al final de la vida productiva.

Esto además debe llevarnos a cuestionarnos ¿En qué condiciones económicas están hoy, aquellas mujeres que se dedican a los servicios domésticos y de cuidado de manera remunerada, que laboran en la informalidad, en este contexto particular? La pregunta se vuelve todavía más apremiante si consideramos que la mayoría de las familias en condiciones de pobreza de Costa Rica son familia monomarentales.

El Gobierno con sus propuestas carentes de perspectiva de género solo sigue invisibilizando la desigualdad estructural, así como la división sexual del trabajo y el imprescindible trabajo doméstico no remunerado.

Es tal que más allá del ideal de la transversalización de la perspectiva de género en las propuestas de reactivación económica, las mujeres no constituyen ni un eje dentro de dicho plan. Es más, incluso dentro de esta propuesta, se vuelve a plantear la flexibilización de las jornadas de trabajo. Mal entendidas, como en nuestro país, lo único que provoca trabajar 12 horas diarias, en una realidad costarricense, donde los traslados demoran 3 o 4 horas diarias, es la ausencia de vida, misma que incluye la familiar y lo que conlleva es sacar a las mujeres de la fuerza laboral al no tener quién asuma, de forma remunerada o no, las labores de cuido o que económicamente se vuelva tan costoso que resulte más viable dejar de trabajar fuera del hogar.

Y es que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad que nos aqueja, es absolutamente necesario buscar soluciones y ponerlas a funcionar. En una sociedad donde la corresponsabilidad social de los cuidados sigue siendo casi una utopía y donde el peso económico de los niños y niñas termina recayendo sobre las mujeres (recordemos la cifra de hogares monomarentales y que por año hay casi 400.000 incumplimientos de pago de pensión alimentaria), requiere acciones estatales concretas destinadas a resolver alguna forma.

La solución no es pretender suspender los apremios corporales en pensiones alimentarias sin dar solución a cómo cubrir los montos correspondientes y desconociendo los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, como el artículo 27.4 de la Convención de Derechos del Niño. Precisamente al respecto, ambas propusimos que todas las personas abonadas a servicios de telecomunicación paguemos cerca de 100-300 colones, de forma tal que niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad siguieran teniendo recursos para sus necesidades y no simplemente dejar a los niños sin comer como pretenden varias diputaciones.

Necesitamos la universalización de la red de cuido estatal de manera copagada, acceso universal a la anticoncepción sin importar la condición de aseguramiento, tratamiento tributario diferenciado para los productos de higiene menstrual y para acceso al crédito y a la formalidad, así como medidas concretas para que las mujeres accedan a una jubilación digna al final de su vida.

Recordemos que atender las necesidades de las mujeres y la inserción laboral femenina no es simplemente una aspiración de quienes estamos convencidas de la igualdad, incluso quienes no tienen aspiración alguna en esa línea, deberían tomar en cuenta que invertir en las mujeres implica dinamizar la economía, tal y como lo ha hecho ver el Estado de la Nación con anterioridad.

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