El pasado 14 de mayo y como parte de las medidas propuestas por el Ejecutivo para la recuperación económica tras la COVID-19, el Gobierno firmó la Directriz Nº085 Mideplan-MEIC que define, entre otras cosas, la puesta en práctica de una serie medidas para agilizar los trámites de la agroindustria.

Esas medidas hoy enfrentan al Poder Ejecutivo con las agrupaciones ecologistas de nuestro país.

Así lo señaló la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) en un comunicado emitido este miércoles en el que señalan que:

El Gobierno de Carlos Alvarado ha emitido un nuevo decreto ejecutivo y una directriz ministerial buscando complacer los intereses de los importadores de agrovenenos".

La queja refiere a dos proyectos específicos: el que señala que el periodo para otorgar que el Servicio Fitosanitario del Estado otorgue el Registro de Agroquímicos IAGT, pase de 6.570 (que es lo que el Estado señala que dura actualmente) a 44 días hábiles; y la puesta en práctica de una declaración jurada por parte de las empresas para agilizar muchos de los trámites que se señalan hasta la fecha

Según FECON, esto es una muestra de "oportunismo" por parte del Ejecutivo "que en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19 se atrevan nuevamente a exigir se abra la puerta a venenos a ojos cerrados".

La Federación señala que se están brincando las disposiciones legales, los reglamentos técnicos, las recomendaciones de la Contraloría General de la República, así como los procesos abiertos en la Sala Constitucional y las herramientas de evaluación de riesgo, que aplican para estos casos.

También se critica la firma del Decreto Ejecutivo 42262-S con el que Salud replanteó la revisión de los impactos de las sustancias peligrosas que ingresan al país.

A la denuncia de FECON se agregó el reclamo por un nuevo acueducto comunitario que fue encontrado contaminado con Bromacil en la comunidad de Agua Zarcas, y las dos millones de abejas fueron intóxicadas por el insecticida Fipronil en la región de Esparza.