La Contraloría General de la República presentó el informe sobre cumplimiento de los presupuestos públicos para el año 2020, en donde se destaca que de los presupuestos de 214 instituciones públicas, 29 no cumplen con los límites de crecimiento que estableció la regla fiscal para el presente año.
Dato D+: Para el 2020 el límite de crecimiento del gasto corriente se calculó con el 75% del promedio de crecimiento de los últimos cuatro años, lo cual fue igual a 4.67%.
De las instituciones incluidas en la revisión de la Contraloría se señala que 113 (53%) sí cumplen con la regla fiscal, a otras 54 (25%) no se les aplica la regla fiscal, mientras que 18 instituciones (8%) —incluidas las universidades públicas, Conavi y algunas municipalidades— no presentaron la certificación de cumplimiento de la regla fiscal de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP).
Esas 18 instituciones deben operar con los montos presupuestarios aprobados para el 2019, hasta que presenten un presupuesto extraordinario que cumpla con el requisito de entregar la certificación de la STAP de cumplimiento de la regla fiscal.
Por otro lado, a pesar de que en la totalidad del sector público el crecimiento en el presupuesto inicial del 2020 presenta un crecimiento de apenas 1.3%, en comparación con el presupuesto inicial del año pasado, en las instituciones del sector descentralizado el presupuesto 2020 tiene un crecimiento del 7% en comparación con el del 2019, aunque comparado con la ejecución del año pasado el crecimiento es únicamente del 1,5%.
La Contraloría destacó que para todas las instituciones los jerarcas deben asegurarse que se cumpla la regla fiscal en la ejecución del presupuesto, por lo que más allá del monto presupuestario aprobado, se debe asegurar que la ejecución presupuestaria del gasto corriente en el 2020 no tenga un crecimiento mayor a 4.67%.
El informe destaca que, para el Gobierno Central, el presupuesto 2020 presenta un decrecimiento del 4% al comparar el presupuesto inicial del 2019 con el del presente año, y al compararlo con el presupuesto definitivo del año pasado, la reducción es del 6%.
Dato D+: El presupuesto del sector público para el 2020 es de ₡29 billones, dividido en ₡10.5 para el Gobierno Central y ₡18.5 billones para el sector descentralizado.
Sin embargo, el informe de la Contraloría recuerda que la proyección macroeconómica del Banco Central señala que para el 2020 la deuda del Gobierno superará el 60% del PIB, lo que activaría para el presupuesto del 2022 un nivel más estricto de la regla fiscal, donde el crecimiento del gasto corriente y del gasto de capital no podría ser superior al 65% del promedio del PIB nominal de los cuatro años anteriores, lo que implicaría que en 2022:
- No se ajusten las pensiones (excepto lo que corresponde a costo de vida).
- El Gobierno Central no podrá suscribir préstamos o créditos (excepto si son destinados para pagar deuda o se destinen a gastos de capital).
- El salario base y los incentivos salariales no tendrán incrementos por costos de vida (salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario).
- El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos.
Por su parte, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, anunció en febrero una serie de medidas (que requieren la aprobación del Congreso) que permitirían al Gobierno no pasarse de ese límite del 60%.
Sin embargo, sobre esas propuestas del ministro Chaves, el informe señala que “el Ministerio de Hacienda no ha mostrado todavía cálculos que permitan confiar en que en el presente ejercicio económico el Gobierno Central pueda alcanzar la deseable meta de mantener el nivel de su deuda por debajo del 60% del PIB”.
A su vez, Chaves anunció el día de ayer que las entidades dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria que tengan títulos valores del Gobierno trasladarán a la Caja Única del Estado esas inversiones, lo cual se traduciría en una reducción de la relación deuda/PIB, y generará un ahorro en el pago de intereses por el orden de ₡21.439 millones de colones hasta el año 2023.
Para todos esos casos, la Contraloría ajusto el presupuesto 2020 para que el crecimiento del gasto corriente no fuera mayor al límite establecido por la Regla Fiscal.
La Municipalidad de Escazú aclaró que, a finales del año pasado, tras ser notificados de que su presupuesto incial no cumplía con la regla fiscal solicitaron a la Gestion Hacendaria que realizara los ajustes correspondientes, y el presupuesto fue aprobado el 20 de diciembre del año pasado con dichos ajustes.
