La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) archivó sin trámite las denuncias interpuestas en contra de los rectores de las universidades públicas el año anterior, en la que se les acusaba de irregularidades relacionadas con la difusión de la información referente a la marcha estudiantil del 22 de octubre pasado, en la que el estudiantado universitario se manifestó en contra de la asignación presupuestaria que se les estaba asignando para 2020.

Hay mucha tela aún fresca en la memoria respecto a esa jornada y la que vino después, incluyendo por supuesto, las tomas en diferentes edificios de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, sin embargo el tema en cuestión refiere a la denuncia interpuesta por el Presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides Jiménez tras el movimiento, en el que este acusó a los rectores de haber manipulado información para convocar al movimiento estudiantil.

En aquel momento, el legislador aseguró que los universitarios "marcharon entonces bajo supuestos falsos establecidos por los propios rectores, a quienes me propongo llevar a la Procuraduría de la Ética":

Han (los rectores) hecho una marcha para asegurar posiciones ideológicas y para mantener a sangre y fuego una autonomía universitaria que lejos de proteger los derechos de los estudiantes, ocultándose detrás de ese noble propósito quieren mantener privilegios y pluses de un grupo de profesores, no se los vamos a permitir. Y mucho menos utilizando a los muchachos haciéndoles creer que se les van a quitar las becas y poniéndolos a desfilar para torcerle el brazo a este y otros gobiernos como lo hicieron en el pasado".

A raíz de dichas declaraciones, la Procuraduría de la Ética recibió dos denuncias de ciudadanos que solicitaron una investigación en contra de los jerarcas, a fin de esclarecer los hechos señalados.

Sin embargo, y según informó la Universidad de Costa Rica por medio de un comunicado de prensa emitido este miércoles, la Procuraduría resolvió sobre el tema desechando la acusación al señalar que "la actuación irregular sugerida en las denuncias se presentó sin ningún sustento argumentativo ni probatorio".

La Procuraduría además indicó que las denuncias se limitaron a reiterar las palabras dichas por Benavides en su discurso al respecto en el Plenario, pero que en ninguno de los dos casos se expresó con claridad cuáles eran los hechos señalados.

Según la UCR, el órgano procurador notificó que:

Considerando la información a la que se tuvo acceso no se justifica la intervención de esa instancia en la realización de diligencias adicionales, pues no se encontró indicio alguno de que las personas denunciadas hayan incurrido en conductas que constituyan algún delito que sea competencia de la PEP".

Presupuesto continúa en discusión

A pesar de todo lo acontecido respecto al tema presupuestario de las universidades públicas el año anterior, este asunto parece no llegar a su fin todavía.

Esta semana de hecho, la UCR anunció que, debido a que la  Contraloría General de la República (CGR) archivó sin trámite su presupuesto aprobado para 2020, la institución educativa iniciará el año con los mismos recursos con los que trabajó en el 2019.

Esta decisión significará que los funcionarios del recinto universitario resentirán en sus salarios, la decisión universitaria de negarse a cumplir con la disposición establecida en el plan fiscal aprobado a finales de 2018, de que todo presupuesto esté certificado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda. El incumplimiento de dicha disposición fue el que desencadenó en la improbación presupuestaria.

En este momento, la Universidad de Costa Rica se encuentra en plazo "para incluir el presupuesto y el plan ajustados, con el fin de que los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, incorporen el nuevo presupuesto que regirá para el 2020". Ese plazo es de 20 días hábiles, siguientes a la fecha de esta comunicación de la Contraloría y por lo tanto estaría por vencer en las próximas semanas.

Según informó la UCR, las oficinas de Administración Financiera y la de Planificación Universitaria "se encuentran trabajando de manera coordinada con el propósito de evitar inconvenientes para el desarrollo de la actividad sustantiva y poder dar trámite y concretar un presupuesto inicial para la ejecución de este año", pero ese presupuesto debe, a su vez, ser conocido por el Consejo Universitario e incluido en el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos en el plazo establecido.

Habrá que estar atentos para ver en qué condiciones presupuestarias recibirán los universitarios el primer semestre de este año.