En un comunicado de prensa emitido este lunes 6 de enero, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que, debido a que la Contraloría General de la República (CGR) finalizó el 2019 archivando sin trámite el presupuesto ordinario 2020 establecido para las universidades públicas, la institución educativa iniciará el 2020 con los mismos recursos con los que trabajó el año anterior.
Esta decisión significará que los funcionarios del recinto universitario resentirán en sus salarios, la negativa universitaria a cumplir con la disposición que establecía el plan fiscal aprobado a finales de 2018, de que todo presupuesto estuviese certificado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda.
Recordemos que debido a que las cinco universidades públicas se negaron a presentar ante la STAP los planes de gasto de este año, la Contraloría decidió improbar sus presupuestos para el 2020, obligándoles a trabajar con el monto con el que se manejaron el año anterior.
La obligación de presentar los planes ante la STAP buscaba que las instituciones universitarias probaran ante la autoridad haciendaria que se acogerían a lo estipulado en la regla fiscal (punto que fue tema ardiente todo el año anterior) para que posteriormente Hacienda notificara ante la Contraloría que todo estaba bien y así el ente contralor aprobara sus presupuestos para 2020.
Como las universidades, sin embargo, se negaron a cumplir con esta obligación argumentando su autonomía universitaria, la dirección de la Contraloría decidió no aprobar el monto señalado en el presupuesto nacional para dichas instituciones.
Según el oficio DFOE-SOC-1367 emitido por el ente contralor el 19 de diciembre del año anterior y dirigido a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, la condición de "archivo sin trámite” del presupuesto de este año, lo que significa es que la institución podrá "disponer de un presupuesto válido, eficaz y ejecutable, con el cual hacer frente a los gastos asociados al ejercicio de sus competencias", con la limitante, sin embargo, de que no se podrán realizar cambios respecto a las designaciones presupuestarias del año anterior.
Así lo expresa el documento cuando señala que:
Lo anterior implica realizar los ajustes que procedan al presupuesto definitivo del año anterior, con la exclusión de los ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tuvieron eficacia para ese año, así como la programación ajustada. Asimismo, en ningún caso podrán eliminarse ingresos o gastos para crear otros nuevos, es decir no pueden darse traslados entre programas. En ese sentido, la Administración es responsable de que el monto del presupuesto ajustado que se remita a la Contraloría General, por rubro de ingreso, por partida presupuestaria de gastos y por programas, sea igual o inferior al presupuesto definitivo del año precedente; presupuesto que no corresponde ser aprobado por este Órgano Contralor, y que debería cumplir con el bloque de legalidad aplicable".
Esto podría afectar a la universidad en el tanto los proyectos específicos que se quisieran financiar este 2020, deberán trabajar con las disposiciones del año anterior.
Este punto sin embargo, según manifestó Jensen en el comunicado de este lunes, "no afectará el desempeño de la docencia, la acción social, la investigación, las becas o los salarios". Sin embargo, y según señala el comunicado:
Al no aprobarse aún la ejecución del incremento FEES 2020, no se podrán hacer efectivos los pagos relacionados con el ajuste salarial por reconocimiento de incremento en el costo de vida, anualidad u otros similares. Estos rubros se pagarán de forma retroactiva al 1 de enero del presente año, en el momento en que la CGR apruebe el presupuesto extraordinario. El pago de planillas se realizará de forma normal, en las fechas establecidas previamente".
En este momento, y según la disposición de la Contraloría, la Universidad de Costa Rica se encuentra en plazo "para incluir el presupuesto y el plan ajustados, con el fin de que los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, incorporen el nuevo presupuesto que regirá para el 2020". Este plazo es de 20 días hábiles, siguientes a la fecha de esta comunicación de la Contraloría y por lo tanto estaría por vencer en las próximas semanas.
Según informó la UCR, las oficinas de Administración Financiera y la de Planificación Universitaria "se encuentran trabajando de manera coordinada con el propósito de evitar inconvenientes para el desarrollo de la actividad sustantiva y poder dar trámite y concretar un presupuesto inicial para la ejecución de este año", pero ese presupuesto debe, a su vez, ser conocido por el Consejo Universitario e incluido en el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos en el plazo establecido.
El comunicado de prensa agrega que "de igual manera, la UCR presentará a la brevedad posible el presupuesto extraordinario en el que se incluirán los recursos que ajusten lo establecido para el año 2020".
La universidad aseguró este lunes que los presupuestos de las universidades estatales presentados a la CGR "cumplen con la regla fiscal, lo cual podía ser verificado sin ningún problema por el ente contralor" pero eso no explica por qué se decidió no presentar el monto a la STAP.
El monto improbado para la UCR fue de más ¢360 mil millones de colones. Situación similar afrontan el resto de universidades públicas del país y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a su vez.
