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Subir penas por asesinar defensores de DD.HH. no; por asesinar turistas sí

El 3 de junio del 2019, 26 diputados de las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano, Integración Nacional e independientes rechazaron darle una prórroga de cuatro años al trámite del proyecto 19.610 denominado "Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos".

Esa iniciativa pretendía elevar las penas de cárcel por los delitos de homicidio y secuestro, cuando estos fueran cometidos en perjuicio de una persona defensora o activista en amparo y promoción de los Derechos Humanos. Dado que la prórroga necesitaba 38 votos para aprobarse y solo lo hicieron afirmativamente 14 congresistas, el proyecto se fue a la basura.

En aquella ocasión los diputados que votaron en contra de seguir adelante con la iniciativa alegaron, entre otras cosas, que los activistas no debían recibir un trato especial por los delitos de los que fueran víctima, algo paradójico si consideramos que si algún diputado fuera asesinado, su verdugo recibiría una pena de prisión superior gracias a la redacción actual del Código Penal.

Pero hay un dicho popular que dice "solo los ríos no se devuelven" y así parece haberlo demostrado la fracción de Restauración Nacional, ya que cinco diputados de esa fracción presentaron recientemente un proyecto para elevar las penas de cárcel por delitos cometidos en perjuicio de los turistas en Costa Rica.

La iniciativa se tramita bajo el expediente 21.763 y es suscrita por los diputados Eduardo Cruickshank Smith, Xiomara Rodríguez Hernández, Melvin Núñez Piña, Giovanni Gómez Obando y Mileidy Alvarado Arias. Todos a excepción de Núñez (quien estaba ausente) votaron en contra de prorrogar el proyecto para proteger a los activistas el año pasado.

Su iniciativa pretende reformar el artículo 112 del Código Penal para establecer que en caso de homicidio calificado, cometido en perjuicio de turistas, la pena de prisión será de 20 a 35 años de cárcel.

La definición de "turistas" para estos efectos es "una persona que ha dejado su lugar de residencia habitual para viajar a otro, con un mínimo de pernoctación y por un tiempo menor a un año, o bien cruceristas o miembros de tripulación de un crucero que arribe al país".

También se reforma el artículo 157 sobre violación calificada, para que la pena de cárcel sea de 12 a 18 años cuando sea cometida en perjuicio de turistas; mientras que el hurto agravado se sancionaría con cárcel de 1 a 3 años y el robo agravado con pena de 5 a 15 años.

El proyecto no ha sido asignado a comisión dado que no ha sido convocado al periodo de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.

Ratificaciones en Aresep: por los pelos

El Plenario de la Asamblea ratificó este lunes a dos personas designadas por el Poder Ejecutivo para integrar la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), mediante votaciones que dieron un estrecho margen.

Aunque la Comisión de Nombramientos recomendó al Plenario, por unanimidad, ratificar ambas designaciones del Ejecutivo, hubo cuestionamientos sobre la calidad del trabajo que hizo ese foro al revisar los atestados de ambas personas.

El presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, dispuso que las ratificaciones se votaran de manera separada, dado que había diputados que querían votar a favor de una persona y en contra de otra, por lo que se empleó el sistema de voto tradicional y público empleado en la votación de mociones y proyectos de ley.

El primero en ser sometido a la ratificación fue Jorge Blanco Roldán, quien obtuvo 26 votos a favor y 24 en contra, para una mayoría de solo dos diputados.

Lo apoyaron todos los diputados del PLN (excepto Daniel Ulate que está en #ModoRebelde), todos los del PAC, Zoila Volio del PIN, Dragos Dolanescu del PRSC e Ivonne Acuña del bloque fabricista. Votaron en su contra los diputados del PUSC, PRN, la mayoría del PIN y los diputados independientes.

Luego correspondió ratificar el nombramiento de Ana Lorena León Marenco, quien obtuvo 35 votos a favor y 15 en contra, para una mayoría de 20 diputados a su favor. A diferencia de a Blanco Roldán, la apoyó el PLN, PIN, PRSC, PRN y una diputada independiente; mientras que el PUSC, casi todos los independientes y Daniel Ulate votaron en su contra.

Y entonces... ¿por qué hicieron aquello secreto?

Luego que los diputados realizaran ambas votaciones, José María Villalta y Carolina Hidalgo destacaron que cuando hay voluntad política, el Congreso puede realizar estos procesos con votación pública, a pesar que el Título II del Reglamento Legislativo denominado "Nombramientos, Ratificaciones y Renuncias" establece en el artículo 227 que "toda elección" debe hacerse con papeletas que no se firmarán.

Tras esas intervenciones, los diputados Pedro Muñoz y Jonathan Prendas intervinieron para alertar que si eso era cierto, la votación era nula y el Directorio debía corregir el procedimiento.

Sin embargo, el presidente Carlos Ricardo Benavides afirmó que el artículo 227 habla sólo de "elecciones", no de ratificaciones, de modo que el proceso estaba correcto.

Hasta acá Benavides tiene razón, sin embargo, esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: si se tiene claro que sólo las elecciones deberían hacerse secretas (según la redacción actual, que en todo caso tenemos denunciada por inconstitucional) ¿por qué extendieron ese secretismo de forma ilegal a los procesos para destituir magistrados mediante su no-reelección?

Proyectos aprobados

Este lunes se aprobaron tres proyectos de ley en primer debate.

En la sesión de la mañana se aprobó el expediente 21.284 denominado Ley para regular la producción sostenible de Sal y Camarón de Cultivo en modalidad convencional y orgánica, el cual recibió 45 votos a favor y ninguna oposición.

Esta iniciativa, inicialmente presentada por 46 diputados, nació luego de un proceso que involucró al Incopesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y pequeños productores de sal y camarón del país.

La iniciativa plantea normalizar la producción de sal y de camarón a través del otorgamiento de permisos de usos, puesto que la Ley 7575 Ley Forestal no contempló esta actividad como permitida dentro del Patrimonio Natural del Estado, pese a que se ha realizado de forma artesanal y semi-intensiva desde hace décadas, lo cual dejó al margen de dicha ley esta actividad que constituye el sustento económico de cientos de familia de zonas vulnerables del país, mismas que están marcadas por las escasas fuentes de empleo y, en consecuencia, altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social.

Según los impulsores del proyecto, actualmente esta actividad emplea unas 1650 personas y origina un impacto indirecto a más de 4 mil personas, pese a las dificultades con que se ha desarrollado esta actividad producto de la diversidad de criterios entre entes involucrados, falta de coordinación institucional y desórdenes administrativos en el trámite de los permisos.

Puntualmente, la iniciativa pretende autorizar el otorgamiento de permisos de usos en áreas ya impactadas, regula taxativamente los requisitos de los permisos, causales de extinción, posibilidad de mejorar la infraestructura usada para la producción y establece la responsabilidad de fiscalización y acompañamiento que deben ejercer las instituciones para asegurar que la producción sea apegada a las normas ambientales vigentes en el país y, correlativamente, asegurar la sostenibilidad de la actividad.

Asimismo, se aprobó con 42 votos a favor y ninguno en contra el expediente 21.504 presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC, y que lleva por nombre Ley que autoriza el otorgamiento de un segundo bono familiar de vivienda para personas con discapacidad.

De acuerdo con el proyecto, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), mediante acuerdo razonado y a propuesta de la gerencia, podrá autorizar la entrega de un segundo bono a familias beneficiarias cuando posterior al otorgamiento del primer bono, algún miembro del núcleo familiar presente una condición de discapacidad, debidamente certificada, que amerite remodelar, ampliar o mejorar la vivienda, para mantener o mejorar su calidad de vida.

Para estos efectos, la familia deberá cumplir los requisitos que la califiquen como beneficiaria del subsidio y el monto del mismo se definirá de conformidad con la necesidad de cada caso, pero nunca excediendo el monto del primer bono.

Finalmente, en la sesión de la tarde se le dio primer debate al expediente 21.640 que lleva por nombre Ley para declarar el café de Costa Rica como Símbolo Patrio en el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, iniciativa presentada por el diputado Wágner Jiménez del PLN.

El proyecto consta de solo dos artículos. El primero hace la declaratoria del café como símbolo patrio; y el segundo instruye al Ministerio de Educación Pública incluir en los programas de estudio correspondientes el café de Costa Rica como símbolo patrio.

Elección de magistrado de la Sala IV: suspendida

Este lunes se acordó cancelar las sesiones extraordinarias de Plenario que fueron convocadas para el martes 21 y miércoles 29 de enero, en las cuales se debía realizar el proceso de elección del magistrado que llenará la vacante dejada tras la jubilación del magistrado Ernesto Jinesta en la Sala Constitucional.

49 diputados apoyaron la moción.