Este lunes el Plenario acordó realizar sesiones extraordinarias durante diciembre y enero para llenar las magistraturas propietarias vacantes en las Salas Primera, Tercera y Constitucional; consulte acá la lista de aspirantes recomendados por la Comisión de Nombramientos. Además, se aprobó en primer debate el proyecto que elimina el feriado del 12 de octubre y en su lugar se lo otorga al 1 de diciembre para conmemorar el Día de la Abolición del Ejército.
¡Ojo a los nombramientos!
El Plenario acordó por unanimidad programar sesiones extraordinarias durante diciembre y enero para realizar los nombramientos de magistrados que están pendientes en las Salas Primera (Civil), Tercera (Penal) y Constitucional.
La moción aprobada con 49 votos a favor dispone que los diputados sesionen por la mañana y hasta el mediodía los días miércoles 4, martes 10 y miércoles 18 de diciembre; así como miércoles 15, miércoles 21 y miércoles 29 de enero del 2020.
El nombramiento de mayor espera es el que se tramita en el expediente 20.837 y con el que se pretende llenar la vacante dejada por el magistrado constitucional Ernesto Jinesta Lobo, quien se acogió a su jubilación desde el 16 de mayo del 2018 (hace 565 días).
Los recomendados por la Comisión de Nombramientos para ocupar el cargo son Anamari Garro Vargas (magistrada suplente de la Sala Constitucional), María del Rocío Carro Hernández (abogada litigante y Notaria Pública con más de 35 años de experiencia) y Hubert Fernández Arguello (magistrado suplente de la Sala Constitucional). La recomendación de la Comisión fue unánime.
La siguiente vacante a llenar es la dejada tras la jubilación de Carlos Chinchilla Sandí como magistrado de la Sala Tercera, en medio del escándalo del cementazo, el 16 de julio de 2018 (hace 504 días). Este expediente es el 20.900.
Para este cargo hay tres recomendaciones distintas de la Comisión de Nombramientos. El dictamen de los diputados liberacionistas Ana Lucía Delgado Orozco y Luis Fernando Chacón Monge recomienda nombrar a Álvaro Antonio Burgos Mata (más de 28 años de laborar en el Poder Judicial); Sandra Eugenia Zúñiga Morales (magistrada suplente de la Sala Tercera) o a Gerardo Rubén Alfaro Vargas (más de 29 años de laborar en el Poder Judicial)
El dictamen de los diputados Floria Segreda Sagot, Dragos Dolanescu Valenciano, Carlos Avendaño Calvo y Rodolfo Peña Flores recomienda nombrar a Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal (juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José), Roy Badilla Rojas (funcionario del Poder Judicial desde el 6 de agosto de 1991) o a Sandra Eugenia Zúñiga Morales (magistrada suplente de la Sala Tercera).
Finalmente, el dictamen de la diputada Nielsen Pérez del PAC recomienda nombrar a Álvaro Antonio Burgos Mata, Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal o a Sandra Eugenia Zúñiga Morales.
El siguiente concurso se tramita en el expediente 20.902 y pretende llenar la vacante dejada tras la destitución de Celso Gamboa Sánchez como magistrado de la Sala Tercera, también como parte del escándalo del cementazo. Este expediente está en corriente legislativa desde el 17 de julio de 2018 (hace 503 días).
Para este caso también hay tres recomendaciones distintas de la Comisión de Nombramientos. El informe de los diputados Floria Segreda Sagot, Dragos Dolanescu Valenciano, Carlos Avendaño Calvo y Rodolfo Peña Flores recomienda a Alvaro Antonio Burgos Mata, Omar Antonio White Ward (abogado con posgrado en Administración de la Justicia Penal) o a Cynthia Dumani Stradtmann (jueza del Tribunal de Nicoya).
El informe de los diputados Ana Lucia Delgado Orozco y Luis Fernando Chacón Monge recomienda a Álvaro Antonio Burgos Mata, Sandra Eugenia Zúñiga Morales o a Gerardo Rubén Alfaro Vargas; mientras que el informe de la diputada Nielsen Pérez recomienda a Patricia Vargas González (Defensora Pública, Jueza de Juicio, Letrada de la Sala de Casación Penal y Jueza de Apelación de Sentencia); José Arnoldo González Castro (Supervisor Nacional de Defensa Pública) o a Jenny Quirós Camacho (exmagistrada suplente de la Sala Tercera).
La tercera y última vacante de la Sala Tercera se pretende llenar con el expediente 20.919, abierto luego de la jubilación de Doris Arias Madrigal, también en el marco del cementazo. Su salida ocurrió el 30 de julio de 2018 (hace 490 días).
Al igual que en los anteriores concursos, la Comisión de Nombramientos no llegó a una recomendación unánime.
El dictamen de mayoría de los diputados Floria Segreda Sagot, Dragos Dolanescu Valenciano, Carlos Avendaño Calvo y Rodolfo Peña Flores recomienda designar a Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rafael Segura Bonilla (magistrado suplente de la Sala Tercera) o a Zhuyem Molina Murillo (letrada de la Sala Tercera).
El informe de los diputados Ana Lucia Delgado Orozco y Luis Fernando Chacón Monge recomienda a Álvaro Antonio Burgos Mata, Sandra Eugenia Zúñiga Morales o a Gerardo Rubén Alfaro Vargas; y el informe de la diputada Nielsen Pérez recomienda a Sandra Eugenia Zúñiga Morales, José Jaime Robleto Gutiérrez (magistrado suplente de la Sala Tercera) o a Omar Antonio White Ward.
El último puesto vacante es el de la Sala Primera, dejado por la jubilación de Carmenmaría Escoto Fernández desde el 19 de febrero de este año (hace 286 días). El concurso se tramitó bajo el expediente 21.117.
En este caso sí hubo acuerdo de la Comisión. El dictamen de los diputados Luis Fernando Chacón Monge, Dragos Dolanescu Valenciano, Jorge Fonseca Fonseca, Carlos Luis Avendaño Calvo y Erwen Masis Castro recomienda a Damaris Vargas Vásquez (Magistrada Suplente de la Sala Primera por 3 periodos consecutivos del 2003 al 2017), José Rafael Fernández Quesada (experimentado árbitro único, co-árbitro y Presidente de Tribunales Arbitrales en más de 60 procesos arbitrales) y a Alexandra Alvarado Paniagua (28 años laborados en el Poder Judicial de Costa Rica de los cuales 24 años han sido como jueza decisora en diferentes materias).
La moción que el Plenario aprobó también dispone que si en las sesiones extraordinarias de las mañanas no se realizan los nombramientos previstos, la agenda de la sesión de la tarde será alterada y extendida la primera parte hasta las 5 p.m. para que continúe la discusión de dichos nombramientos.
Un feriado que se va, otro que viene...
47 diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.137 que elimina el feriado del 12 de octubre y en su lugar se lo otorga al 1 de diciembre para así conmemorar el Día de la Abolición del Ejército.
Este proyecto presentado por el pleno de la bancada de Liberación Nacional proponía en un inicio incluir el 1 de diciembre como feriado de pago no obligatorio en el Código de Trabajo, y delimitar el 12 de octubre como feriado únicamente en el cantón central de Limón, sin embargo, un texto sustitutivo acogido el 6 de junio anterior eliminó del todo el carácter feriado del 12 de octubre.
Más sobre este tema: Aprobada en primer debate declaratoria de feriado del 1 de diciembre
Breves
— 49 diputados aprobaron una prórroga de 3 meses a la Comisión Especial Investigadora de las Campañas Electorales del PAC del 2002, 2006 y 2010. Aunque el nuevo plazo le faculta a entregar el informe final al Plenario al mes de marzo, se proyecta que el mismo lo esté antes, quizá cerca de la fecha de las elecciones municipales.
— 41 diputados le prorrogaron el plazo cuatrienal al expediente 19.816 denominado "Ley para la protección de las personas recién nacidas ante el abandono", una iniciativa del exdiputado Fabricio Alvarado que propone aumentar la pena de prisión de cuatro a diez años, si a consecuencia del abandono resulta un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima o si se tratare de una persona recién nacida de no más de veintiocho días. Si ocurre la muerte, la pena será de seis a diez años de prisión y si se tratare de una persona recién nacida de no más de veintiocho días, la pena será de 20 a 35 años.
En un inicio la prórroga fue rechazada con 37 votos a favor y 4 en contra (Laura Guido, Nielsen Pérez, José María Villalta y Zoila Volio), sin embargo, tras la aprobación de una moción de revisión se superaron los 38 votos necesarios y a los votos negativos se sumó únicamente el diputado oficialista Mario Castillo Méndez.
El diputado Villalta afirmó que se trata de un proyecto con un enfoque punitivista que es desproporcionado contra las mujeres y que no ofrece una verdadera solución al problema del abandono.
